Vivienda y ética pública

La modernización de la administración pública española es una constante que viene de lejos. Desde las primeras reformas en la década de los ochenta -orientadas a su adecuación al Estado de las Autonomías, a la superación del modelo burocrático o a la incorporación de la gestión privada en el ámbito público- hasta las más recientes, encaminadas a su adaptación a los avances tecnológicos, nuestra administración pública parece no terminar de modernizarse. Podría decirse que es la asignatura inconclusa. La pregunta es si la superación de esta asignatura es solo una cuestión de reformas estructurales o también requiere de un cambio de cultura. A veces da la impresión de que los esfuerzos se redoblan en lo primero mientras se esquiva lo segundo.

Hace unos días, el periódico Información adelantaba una noticia que parecía sacada de otros tiempos: el ayuntamiento de Alicante ha impulsado la construcción de viviendas de protección pública en un solar municipal y algunas de estas han sido asignadas a cargos políticos, funcionarios o familiares de estos, vinculados al Partido Popular, formación que ostenta la vara de mando. Ya han dimitido la concejala de Urbanismo y la directora general del ayuntamiento. Por lo visto, el escándalo podría ser mayor. Se han bañado en las aguas de la impunidad y han hecho de su capa un sayo en el ejercicio del cargo y de la función pública.

La dificultad para acceder a una vivienda es uno de los principales problemas actuales en nuestro país. Varias generaciones ven cómo la posibilidad de emanciparse está más cerca de ser un sueño que de ser una realidad. Ni para compra ni para alquiler dan los números con el mercado tensionado y los precios desorbitados, con la paradoja añadida de las buenas cifras de empleo. Aun así, probablemente muchos jóvenes accedan a su primera vivienda en propiedad cuando la adquieran en herencia. Un drama que hace que lo acontecido en el Ayuntamiento de Alicante sea profundamente inadmisible: falta de ética en la gestión pública y ausencia de reparo en el uso privilegiado del cargo. No puede haber modernización de la administración pública sin un cambio de cultura por parte de quienes la dirigen. La administración está al servicio de la ciudadanía y al frente de ella cabe esperar personas con vocación de servicio público. Lo de las prerrogativas a las élites políticas no es propio de la democracia.