¿Gobernar sin mayoría parlamentaria y sin presupuestos?

Pedro Sánchez al comprobar el pasado otoño que ya no tenía asegurada la mayoría parlamentaria que le invistió presidente del Gobierno, proclamó que gobernaría sin el Congreso de los Diputados. Poco después, al verificar que no disponía de la mayoría parlamentaria para que las Cortes Generales aprobaran su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), decidió incumplir la obligación constitucional de presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de PGE para el ejercicio presupuestario de 2026.

El presidente del Gobierno parece haber olvidado que nuestra Constitución ha creado una monarquía parlamentaria. Las Cortes Generales son el centro de nuestra democracia: invisten al presidente del Gobierno, pueden cesarlo tras una moción de censura, aprueban las leyes, convalidan los decretos-leyes y, lo que es más importante, representan al soberano, al Pueblo español. Al soberano solo lo representan las Cortes Generales, no lo representa ni el rey ni el presidente del Gobierno. Por esto, que el presidente del Gobierno afirmara que gobernaría sin las Cortes Generales y que lo haya consumado atenta a los cimientos de nuestra democracia parlamentaria.

Desde 1978 ningún presidente del Gobierno había osado proceder como Pedro Sánchez. Y es igualmente sorprendente que la presidenta del Congreso y en particular los Diputados del PSOE, no hayan alzado la voz censurando y reprobado las declaraciones del presidente del Gobierno que relegan a las Cortes Generales a una posición secundaría que vulnera la Constitución. Sin embargo, los diputados independentistas catalanes y vascos no se han unido ni se unirán al Partido Popular para presentar una moción de censura al presidente del Gobierno, porque la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez les permite venderle sus votos a cambio de obtener privilegios para sus respectivas Comunidades Autónomas.

Cuando Pedro Sánchez necesite convalidar un decreto-ley o aprobar un proyecto de ley, para sobrevivir como presidente aparentando que está al frente de un proyecto político progresista, o para controlar a sus socios de gobierno, necesitará los votos de los partidos independentistas y éstos a cambio de sus votos seguirán obteniendo privilegios, generando el desprestigio del PSOE e incrementando la polarización política y de los ciudadanos españoles. Ya hemos podido comprobar los efectos de la política errática de Pedro Sánchez en las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura, y probablemente lo seguiremos comprobando en las próximas elecciones autonómicas. Pero, a Pedro Sánchez lo único que le preocupa y le ocupa es seguir en la Moncloa; no parece importarle lo más mínimo la herencia ruinosa que va a dejar al PSOE tras su paso por el Gobierno de España.

Además, en un nuevo gesto de desacato a la Constitución, por tercer año consecutivo el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no ha cumplido con su obligación constitucional de presentar un proyecto de ley de PGE. Y como en ejercicios presupuestarios anteriores ha considerado que pese a incumplir la mencionada obligación constitucional los presupuestos de hace tres ejercicios presupuestarios quedan prorrogados. Pero esta consecuencia, aunque se haya repetido en tres ejercicios presupuestarios no se deduce de la Constitución.

Lo que se establece en el artículo 134 del texto constitucional es que cumplida por el Gobierno la obligación de presentar en tiempo y forma un proyecto de ley de PGE, si las Cortes Generales, representantes del Pueblo soberano, no aprueban el proyecto en cuestión antes del 31 de diciembre de cada año, los PGE del año anterior quedan prorrogados, hasta que las Cortes Generales aprueben unos nuevos PGE. La Constitución ni siquiera prevé que el Gobierno pueda incumplir la mencionada obligación. De ningún precepto o principio constitucional se puede deducir que el Gobierno pueda decidir la prórroga del los PGE como secuela del incumplimiento de su obligación constitucional de presentar un proyecto de ley de PGE.

Esta práctica inconstitucional por repetida que sea no se convierte en constitucional. Pero, con un Congreso de los Diputados cuya mayoría no defiende las potestades que la Constitución le ha entregado se está produciendo una deriva hacia un sistema presidencialista en que el presidente del Gobierno se ha erigido en representante del Pueblo soberano. En nuestra monarquía parlamentaria al presidente del Gobierno no lo elige el Pueblo soberano sino el Congreso de los Diputados. En los sistemas republicanos presidencialistas el presidente de la república es elegido directamente por el Pueblo soberano. Pese a ello, en los sistemas presidencialistas democráticos la potestad de aprobar los presupuestos estatales corresponde al parlamento y no al presidente de la república y, por lo general, no existen mecanismos como el de la prórroga presupuestaria prevista en la Constitución. Un ejemplo paradigmático de las potestades del parlamento en las democracias occidentales lo acabamos de comprobar en EEUU, donde el Senado paralizó la Administración federal, al no aprobar los presupuestos federales, sin que esté prevista una solución transitoria como la de la prorroga española. Ni siquiera Trump se atrevió a cuestionar la potestad del Senado norteamericano.

El Senado español parece haber presentado un conflicto de atribuciones con motivo del incumplimiento por el Gobierno de no presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de PGE que permitiera en cumplimiento de lo previsto en la Constitución que el Congreso de los Diputados y el Senado ejercieran su potestad de examinar, enmendar y en su caso aprobar o no aprobar una ley de PGE. El Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de demostrar que es el custodio del cumplimiento de la Constitución, declarando que el Gobierno ha incumplido una obligación constitucional, así como declarando que no se ha producido la prorroga de los PGE aprobados hace tres ejercicios presupuestarios, porque no se ha cumplido lo establecido en el artículo 134 de la Constitución para que la prorroga en cuestión se haya producido. El tiempo nos dirá si el Tribunal Constitucional, es decir si la mayoría de los magistrados designados por el PSOE, es capaz de cumplir con la misión que le ha encomendado la Constitución o sigue subordinado a los designios de Pedro Sánchez.