La Huerta de València, más allá de las simplificaciones

Nos acercamos al aniversario de la modificación de la Ley de la Huerta de València tras la DANA de 2024 y un debate intenso en la prensa y en Les Corts Valencianes. Un debate marcado por la urgencia y la polarización, poco propicio para evaluar con serenidad cambios de esta magnitud a partir de la evidencia disponible.

Analizar la situación de la Huerta exige adoptar una mirada de largo plazo. A mediados de los años setenta, la población activa agraria representaba todavía cerca de una cuarta parte del empleo en la Comunitat Valenciana. El minifundismo era relativamente estable porque, como señalaba el profesor Eladio Arnalte, la externalización de tareas —especialmente en cultivos como la naranja— permitía mantener explotaciones pequeñas sin una presión inmediata.

La población del área metropolitana pasó de aproximadamente un millón de habitantes en 1975 a más de un millón y medio en 2020, en un territorio físicamente limitado, donde la competencia por los usos del suelo se ha intensificado de forma continuada. Al mismo tiempo, la pérdida de usos agrarios se consolidó como una tendencia de largo recorrido.

En este contexto, ya muy tensionado, se aprobaron el Plan de Acción Territorial y la Ley de la Huerta, y posteriormente la designación del regadío histórico como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Estas iniciativas buscaban valorizar el territorio, pero las regulaciones no fueron bien recibidas por una parte relevante de los agricultores y dieron lugar a un debate político en el que el Consell de l’Horta fue señalado, de forma discutible, como un obstáculo para la llegada de ayudas al sector.

Para entender esta reacción conviene atender a una cuestión básica: la lógica económica de las explotaciones. A título orientativo, una hectárea de naranjos puede generar un margen bruto que raramente se sitúa entre los 1.000 y los 3.000 euros anuales. A esta rentabilidad limitada se suman las crecientes incertidumbres climáticas. El contraste con otras alternativas es evidente: si esa misma hectárea fuera suelo urbanizable y se vendiera por una cifra prudente —en torno a un millón de euros—, invertir ese capital a una rentabilidad modesta del 3 % generaría unos 30.000 euros anuales.

Aunque muchos propietarios no quieren ni pueden vender sus tierras, las expectativas de relevo generacional son muy limitadas. Este diferencial ayuda a explicar por qué, desde la perspectiva de muchos agricultores, la regulación territorial se percibe negativamente, y por qué incluso argumentos relacionados con la protección del suelo, del paisaje o frente a inundaciones tienen dificultades para arraigar.

Desde este punto de vista, evaluar la Ley comparando únicamente cuánta superficie existía antes y cuánta hay después de su aprobación resulta metodológicamente incorrecto. Si la tendencia de fondo es la pérdida de suelo agrario, la superficie puede seguir disminuyendo incluso cuando una política tiene efectos positivos. La cuestión relevante es si se pierde más o menos de lo que se habría perdido sin la Ley.

Los datos analizados por la Universitat Politècnica de València, a partir del Portal Estadístic de la Generalitat, muestran que entre 2012 y 2018 la suma de superficies de cultivos de regadío se mantuvo relativamente estable, mientras que entre 2018 y 2023 cayó en conjunto en torno a un 3 %. Este cambio de tendencia apunta a un proceso de deterioro de medio recorrido que no puede atribuirse de forma directa a la Ley. El descenso fue más acusado en los municipios ausentes de protección, mientras que en el resto fue más moderado, con un comportamiento relativamente mejor en los niveles intermedios, lo que invita a reflexionar sobre la conveniencia de un ajuste fino de la normativa.

En este marco, además de la necesidad de precisar, el debate no debería agotarse en las compensaciones económicas a los productores, siempre necesarias. Si la Huerta se protege por los servicios ambientales que presta al conjunto de la sociedad, las políticas agrarias deberían orientarse también a fomentar activamente la producción de esos bienes públicos, sin contraponer la preservación del suelo y del paisaje a las políticas de prevención frente a episodios climáticos extremos.

En definitiva, cuando está en juego uno de los paisajes agrarios más valiosos del Mediterráneo, convendría exigir que cualquier modificación normativa se base en análisis rigurosos y evite simplificaciones.