La VPO, el dinero negro y el deterioro del contrato social

El pasado mes de octubre, la Fundación Étnor presentó un informe sobre la economía sumergida desde una perspectiva ética. Un informe que aporta un enfoque muy sólido al tratar la economía sumergida no solo como un problema fiscal, sino como una cuestión de justicia y cohesión social.

Recientemente, el periódico Información denunciaba adjudicaciones sospechosas en una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en la localidad de San Juan, incluso el “manejo” de dinero negro en esas compraventas. Los medios de comunicación hacen bien en denunciar las malas prácticas. En este caso, un 10 para Información, y a las y los periodistas que lo han hecho posible.

Hay otra situación que también nos debe hacer reflexionar, y es la maraña administrativa de nuestra legislación. Hay que recordar que, en este país, y tal y como denuncia CEOE repetidamente, el farrago administrativo que soportamos las empresas y los ciudadanos es de 1,3 millones de páginas en boletines estatales, autonómicos y provinciales. ¿Para qué queremos tanta legislación si luego nos la saltamos tan alegremente, unos y otros?

La VPO nació con un propósito inequívoco: garantizar el acceso a un derecho básico a quienes, por sus circunstancias económicas, no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado libre. Por tanto, no es un instrumento especulativo, no es una oportunidad para obtener plusvalías rápidas y sí debería ser un instrumento de equidad. Por eso, cuando aparecen informaciones sobre operaciones vinculadas a viviendas protegidas que se realizan al margen de la normativa, con pagos opacos o con prácticas que vulneran el espíritu de la legislación, el problema deja de ser exclusivamente administrativo o jurídico.

Pasa a convertirse en una cuestión de ética pública.

En esta ocasión la ética pública ha sido vulnerada doblemente, una por el uso de información privilegiada y otra por pretender hacer negocio con dinero negro.

La economía sumergida no es solo un problema de ingresos fiscales; es, sobre todo, una ruptura de las reglas de convivencia. Quien opera fuera del sistema obtiene ventajas ilegítimas frente a quien cumple. Y quien cumple acaba soportando una doble carga: la de sus propias obligaciones y la de las que otros eluden.

El dinero negro no es ahorro. Es desigualdad.

Cada euro que se esconde es un euro que no financia servicios públicos esenciales. Sanidad, educación, dependencia, infraestructuras o pensiones dependen, en gran medida, de que el sistema funcione sobre una base de cumplimiento generalizado.

La vivienda protegida tiene, además, una dimensión moral superior a la de otros activos. No hablamos de un producto cualquiera del mercado inmobiliario; hablamos de un instrumento diseñado para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión social. Desvirtuarlo mediante prácticas opacas equivale, en la práctica, a trasladar recursos públicos al beneficio privado sin transparencia ni control.

El tejido empresarial serio es el primer perjudicado cuando se normalizan estas conductas. Las prácticas irregulares de unos pocos dañan la reputación de todos y distorsionan la competencia.

Conviene recordar que ninguna sociedad moderna funciona únicamente con inspecciones y sanciones. Las leyes son necesarias, pero insuficientes. El verdadero cimiento de un sistema económico sólido es la cultura de cumplimiento. Esa cultura se basa en una convicción compartida: cumplir las normas no es una carga, es la condición para que el sistema funcione.

Sin moral fiscal no hay Estado social. Sin confianza no hay mercado eficiente.

Convertir un instrumento de justicia social en una oportunidad de beneficio opaco es, en el fondo, una forma de apropiación indebida del esfuerzo colectivo. Porque la vivienda protegida existe gracias a recursos, regulación y decisiones públicas orientadas al interés general. La prosperidad de un país no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos; se mide también por el grado de respeto efectivo a las reglas comunes.

Por la capacidad de sus instituciones para garantizar igualdad de condiciones.

Y por el compromiso cívico de ciudadanos y organizaciones.

Recuperar y reforzar esa confianza exige algo más que controles; exige liderazgo, ejemplaridad y un compromiso inequívoco con la transparencia. Porque, en última instancia, el verdadero capital de una economía avanzada no es solo financiero.

Es moral.