El rapto de la realidad

Nos quieren robar la realidad. Sin paliativos. Pretenden arrebatarnos la realidad de las cosas, de la experiencia, de las relaciones. En definitiva, de la vida misma.

Existe hoy una virulenta batalla por definir la realidad. No se trata de un cambio tecnológico: es una batalla sin cuartel para usar la tecnología dinamitando la materia prima de la experiencia humana y de la relación social. Los relatos en los que encontramos la verdad y la mentira. Esa realidad está amenazada.

Hay una actuación sistemática y creciente para desprestigiar los intentos de establecer una regulación colectiva o democrática en el entorno digital referida a la edad de acceso, a los mensajes de odio, a la desinformación o a la vampirización de los derechos de autor.

Amparándose en un nuevo cinismo arrollador, los mandarines tecnocráticos cuestionan las leyes e instituciones nacidas para reglamentar los efectos perjudiciales de ciertos usos del algoritmo. Se expresan además con el formato más socorrido de las redes: la proclama, los gritos.

Lo que se dirime es qué hacer frente a la voluntad de un puñado de tecnócratas envalentonados para manipular el relato, la verdad, la realidad.

El dilema de la libertad

La realidad no es una propiedad de las cosas cuyos datos figuran en la física, la biología o la química. Ni un repertorio de ideas y creencias. Desde hace trescientos años la realidad social es un espacio plural que construimos al ser narrados. Somos lo que nos contamos, lo que contamos de los demás y lo que nos cuentan los demás que somos. Las personas y las sociedades somos sentido común y comunicación.

Los nuevos mandarines retuercen el lenguaje. Ante cualquier intento por proteger la calidad de la conversación pública, exclaman con aspavientos: CENSURA! Saben que cuando el lenguaje de uso común pierde precisión,—como lo estamos viendo ahora—, la experiencia colectiva se debilita y el ejercicio del poder se vuelve opaco. Ese es un objetivo que acarician los streamers.

Figuras como Elon Musk o Pável Durov no actúan como gestores de una infraestructura. Su influencia se extiende a la moral y a la definición de lo humano. Hacen alquimia con el sentido común: acallan la diversidad e imponen su versión. Presentan sus intereses corporativos como estándares universales y nos empujan a la subordinación, la condición bastarda del usuario o consumidor que no tiene más remedio que aceptar normas en cuya creación no ha participado.

Desprecian cualquier regulación democrática tachándola de autoritarismo. Dicen defender la libertad pero es la de seguir siendo irresponsables ante las consecuencias negativas —sociales, políticos o culturales— de la gestión aviesa de sus sistemas, sus motores, sus plataformas.

Son tecnócratas que quieren ser déspotas, mandarines y sumos sacerdotes de su religión particular. Están convencidos de que su tesoro —las cantidades ingentes de datos con la información completa de nuestras vidas— les convierte automáticamente en dueños de la realidad.

Las plataformas no solo disputan el control tecnológico, aspiran a decidir cómo entendemos el mundo, qué conducta es virtuosa, en qué historia vive la verdad

La responsabilidad de la política

Esta visión ha encontrado aliados naturales en una generación de cínicos que adoptan estilos de gestión iliberales o idemocráticos. Ese despotismo se está empleando a fondo para deslegitimar la regulación europea del espacio digital. Otros ataques hacia figuras de la política y de la sociedad civil europeas—incluyendo casos recientes en España— pretenden desprestigiar la soberanía nacional.

Si el código del algoritmo prevalece sobre el código civil o el código penal —como sucederá si los directivos de las redes siguen blindados ante cualquier responsabilidad moral o penal—, estregamos el sentido de la convivencia a la gestión viciosa de unas herramientas tecnológicas.

Es fundamental entender y defender que regular no es amordazar. La ordenación ética y legal de la Inteligencia Artificial y los algoritmos es, en realidad, un acto de salud democrática. Un medio para defender que el espacio público no acabe teniendo un solo dueño.Si permitimos que el código de programación prevalezca sobre el código civil o penal, habremos entregado nuestra convivencia a una lógica del beneficio privado por encima de todo. Una lógica que desprecia valores humanos tan esenciales como la diversidad, la solidaridad y por supuesto la compasión.

La buena política democrática tiene que recuperar el pulso frente a la manipulación del discurso y dejar atrás aquel espantoso momento que se vivió en las cuatro esquinas del mundo cuando todos los políticos —menos los chinos y los rusos—repetían como un mantra: “Trump y el algoritmo son muy poderosos por separado; juntos serán invencibles”. Las personas de a pie, los ciudadanos, tenemos el derecho a seguir siendo los autores de un relato, o sentido, común, plural, diverso y dialogante.

No estamos ante una cuestión tecnológica sino ante una cuestión profundamente humana: nos piden que renunciemos a la voluntad de acordar entre todos los marcos fundamentales de la verdad. El formato y el contenido de las historias que nos cuentan la realidad.

Desde que los griegos inventaron la democracia, —sistema imperfecto pero no superado— la opinión y la historia de cada cual valen tanto como las del más poderoso. Por mucho big data que éste atesore en sus cofres. Las personas somos quienes mejor conocemos cómo es la realidad por la que se mueven, y adquieren sentido, nuestras vidas. Hagamos todo lo posible para que no nos la secuestren.