Locuacidad y silencio

Hay momentos en el estado cultural de las sociedades en los que se impone un alto reflexivo y un ajuste. Son aquellos en los que las formas retóricas se muestran gastadas porque han perdido la capacidad de persuasión. El síntoma de estas situaciones es la machacona insistencia de frases muertas. Lo más grave de estos momentos se presenta cuando acontecimientos sociales cruciales presentan evidencias contrarias a las formas retóricas, sin que se tenga reflejos para emprender reconsideraciones capaces de reconectar con las evidencias mayoritarias. Estos acontecimientos impactantes se elevan a paradigmáticos, generando poderosos efectos sobre la orientación de la opinión pública. Si los actores políticos no ejercen la reflexión capaz de reconducir las retóricas políticas, entonces el alejamiento de la ciudadanía es inevitable.

Uno de estos acontecimientos ha sido el descarrilamiento del tren de Adamuz. Otro el caso Errejón. Una infraestructura como el AVE generó una retórica triunfalista que ahora vemos sin base alguna. Así se persistió en uno de los vicios del poder español, a saber, embarcarse en una autosatisfacción gloriosa que tiene los pies de barro. Cuando contrastamos el altísimo nivel de perfección que debe acompañar una infraestructura como esta, con la falta de mantenimiento evidente, se genera una desconfianza general del público. Sólo una poderosa reflexión pública puede recomponer la situación.

Pero si la respuesta no da cifras sobre la proporcionalidad de gasto entre ampliación y mantenimiento de líneas, o sobre el hecho de que quizá ese mantenimiento sea tan caro que merezca la pena disponer de otras soluciones no pasen por la dualidad entre alta velocidad o desierto ferroviario; si no se dan explicaciones de por qué se elige este modelo frente a otro más barato, periférico, denso y de cercanías, entonces el clamor será difícil de apagar. Porque si sumamos a los abandonados por una política de ferrocarriles centralista la cantidad de personal aterrorizado por usar una infraestructura que sin mantenimiento es una bomba, tenemos a la totalidad del país. Y así de la glorificación y la autosatisfacción caemos en el estado de postración y desconfianza general.

El caso Errejón tiene este mismo efecto productor de evidencias que es respondido, no con la locuacidad espesa, sino con el silencio de los actores políticos implicados. La noticia de que Sumar pagó el abogado de la Sra. Mouliaá contrasta con las evidencias cada vez más amplias de que bien pudiera ser que estuviera apoyando con dineros públicos a una persona que hace un uso torticero de la ley, contribuyendo con ello a infringir una injusticia a quien durante tiempo fue el portavoz de la propia formación.

La justicia, con los jueces, abogados y fiscales, tiene la capacidad y responsabilidad de asentar el juicio de la ciudadanía. Pero hay casos en los que el juicio de la ciudadanía no necesita del riguroso método jurídico para orientarse. No necesitamos leer el auto del fiscal para darnos cuenta de lo esencial del asunto Errejón. Cuando la Sra. Mouliaá dijo “¡Para!”, todo acabó. Lo demás son inconsistencias. Las insinuaciones de que estuviera bajo los efectos de una sustancia, ingerida involuntariamente, no cuadran con la firmeza con que exigió que su encuentro con Errejón acabara, ni con la consecuente decisión de irse a su casa, que es lo que sucede cuando un encuentro sexual se frustra.

La señora Mouliaá pretende hacer de la ley del “sí es sí” un medio de regulación, con consecuencias penales, de una aventura sexual frustrada en una noche de fiesta. Pero nadie de quien propuso la ley ha levantado la voz para decir que esa no puede ser su aplicación. La condición de la mujer, que en este país sigue sometida a formas opresivas intensas, no puede combatirse como si cubriera también los casos en que un encuentro inicialmente consentido y voluntario acaba en desencuentro y fracaso. Lo ha explicado Máximo Pradera en un artículo. Este hecho exige una declaración política valiente que diga que estos casos no están cubiertos por la ley. No discriminar aquí es letal para el combate feminista.

Los encuentros sexuales en circunstancias de libre participación pueden ser felices o desastrosos, pero no reflejan la violencia estructural y cotidiana a la que son sometidas demasiadas mujeres de este país

La ley debe aplicarse para denunciar los casos en que miles y miles de mujeres no pueden ni tienen la posibilidad de decir un no como el que libremente impuso la Sra. Mouliaá. Objeto de la ley son las compañeras habituales que mantienen relaciones sexuales no deseadas, las trabajadoras violentadas en sus puestos de trabajo, las jóvenes humilladas en redes sociales y en colegios, las asaltadas en la calle volviendo a casa; en suma, todas aquellas situaciones en las que el poder y la fuerza del varón permite humillar, violentar y despreciar a la mujer en lugares en los que la vida social obliga a convivir a personas que deberían dejar al margen toda dimensión sexual, porque no son lugares de liberación del deseo.

Los encuentros sexuales en circunstancias de libre participación pueden ser felices o desastrosos, pero no reflejan la violencia estructural y cotidiana a la que son sometidas demasiadas mujeres de este país. Puede haber violencia en ellos, claro, cuando el “¡no!” de una mujer es ignorado. Sólo entonces, pero no mientras está abierto el ajuste y la exploración de dos formas de entender el deseo que finalmente se muestran incompatibles. Cuando una mujer usa la ley para exponer ante la justicia un desdichado asunto privado, que el pudor debería mantenerlo discreto, aquellos que propusieron esa ley deberían defender su espíritu y decir que no estuvo pensada para esto. Si callan, entonces no solo se alejan de las evidencias generales de la ciudadanía, sino que les será difícil evadir la calificación de cobardía.