Opinión | Bolos
Recuerdos de acuerdos
El modelo constitucional de 1978, que organiza el Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, sigue funcionando a pesar de la polarización

Un ejemplar de la Constitución expuesto en el hemiciclo del Congreso. / Mariscal / EFE
Como estamos en clave longeva con la Constitución —que ya ha superado con 47 años y 51 días a la de 1876—, recuerdo la respuesta de uno de sus promotores cuando le pregunté qué artículo era su favorito. «El que dice que se puede reformar», me contestó hace ya unos cuantos lustros. Está claro, pues, que el ánimo de aquellos legisladores incluía una invitación a volver a entenderse, también, para su modificación o puesta al día.
Más allá de los fastos en el Congreso y del comentado saludo gélido entre Pedro Sánchez y Felipe González, tras el penúltimo rifirrafe, resulta evidente que el ecosistema público de hoy se parece poco a aquellos primeros pasos de la democracia de finales de los setenta del siglo pasado. Las mismas estructuras políticas que alumbraron aquel tiempo de esperanza han ido enterrando el necesario consenso bajo un populismo que desprecia cualquier criterio que no sea el propio.
Por eso conviene insistir en que el modelo constitucional del 78 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses. Un sistema que, pese a la estruendosa polarización, funciona en la vida diaria. En nuestro caso, el Consell administra buena parte de las políticas que sostienen el bienestar, con especial atención a la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda.
Las instituciones pueden gestionarse mejor o peor —de todo hemos visto—, pero defender su papel en el equilibrio democrático es ineludible en estos tiempos de tono apocalíptico. Y, aun así, conviene huir de idealizaciones, como lo prueban las colas de jóvenes desde el sábado ante la inmobiliaria de Alzira que comercializa 123 viviendas de promoción pública, o el escándalo de adjudicación de VPO en Alicante, que ha terminado en el juzgado. El derecho constitucional a la vivienda exige una revisión urgente, igual que otras realidades vinculadas a la era digital, sin olvidar el refuerzo de derechos consolidados en las últimas décadas, como la igualdad o una muerte digna.
Hablar, debatir, pactar y blindar los asuntos esenciales que atraviesan la mayoría de nuestras vidas sería una manera excelente de alejarse del ruido y, al mismo tiempo, rendir un sincero homenaje a aquella etapa.
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