La emergencia de Pérez Llorca

Al problema de la vivienda y al caos de la movilidad hay que añadir el de las emergencias y la protección civil. Son inquietudes reales de una ecuación cuya incógnita sigue fuera de la agenda política; ni en los gobiernos ni, mucho menos, en sus respectivas oposiciones.

A la crisis habitacional que asfixia a mucha gente —sobre todo joven— se suma la picaresca en el acceso a la vivienda de protección pública (VPP), un ámbito en el que los ayuntamientos tienen la última palabra. Al escándalo de Alicante destapado por mis compañeros de Información le ha seguido el eco en el Cap i Casal (por cierto, alcaldesa con mayúscula, según la AVL), donde una permuta de cuatro parcelas municipales en Malilla y Nou Moles a cambio de un edificio para 39 viviendas de VPP en Patraix camina hacia la Fiscalía. Todo indica que el Ayuntamiento ha obviado algunos pliegos de la operación; tanto, que se ha visto obligado a frenar el trámite cuando esos pisos ya estaban en fase de adjudicación.

Más allá del expediente, que afecta a una cifra mínima frente a la demanda, pero decisiva para quienes dependen de ella, inquieta que el procedimiento haya derivado en un circuito oscuro. Eso revela el escaso control político sobre esas áreas de urbanismo proclives a las leyendas de pasillo. En València, por ejemplo, la mayoría de promotores sabe que los concejales del ramo cambian cada cuatro años, mientras los responsables de las adjudicaciones permanecen. Ante la montaña de carpetas que se apilan en la mesa, conviene “saber colarse”, como se cuenta sin rubor. Y, mientras tanto, en plena era digital, en Alzira hemos visto colas durante tres noches gélidas para optar a alguna de las 123 viviendas de promoción pública.

Las sombras de los campanarios

Que el precio de la vivienda sea más bajo en el área metropolitana que en la capital alimenta el colapso del tráfico privado y del transporte público en València. Una vez más, el mercado se adelanta a las actuaciones institucionales y deja en evidencia la incapacidad de todas las administraciones —Gobierno con Cercanías, Generalitat con Metrovalencia y Metrobús, y Ayuntamiento con la EMT— para afrontar con criterio otra preocupación diaria. Tras padecer retrasos recurrentes y saturaciones “a la japonesa”, muchos han decidido volver al coche para ir al trabajo, a clase y a las citas médicas.

Los ayuntamientos se ven desbordados por el problema residencial y prestan poca atención a un reto de movilidad que, por definición, es supramunicipal. Es evidente que necesitan más recursos para ejercer bien sus competencias, pero también una mirada más amplia. Los dos grandes partidos valencianos no van a impulsar esa perspectiva de forma voluntaria; además, sus alcaldes tienden a feudalizarse ante lo que viene. Solo Compromís o Ens Uneix podrían intentarlo desde la Diputación. Pero los colectivos de Baldoví apenas levantan la vista más allá de la sombra del campanario local, y cuando adoptan un aire cosmopolita se giran hacia Rufián, ocupado con la ley electoral y las sumas provinciales, asuntos lejanos. Y en la Vall d’Albaida, la única comarca sin Fallas, el área metropolitana queda a años luz.

Urgencia metropolitana

La dana dejó al descubierto la falta de gestión metropolitana; la reconstrucción, también. De los cuatro grupos de trabajo surgidos de la comisión mixta Gobierno-Consell nadie se acordó pese a que allí estaban los alcaldes, de la coordinación del entorno metropolitano. Está bien trabajar en emergencias, infraestructuras hidráulicas, salud mental y protección de parques naturales, pero se ha dejado pasar otra oportunidad porque nadie de los actores presentes en el castillo de Riba-roja piensa en el medio y largo plazo.

En materia de emergencias, la desconfianza tras la tragedia del 29-O y la nueva crisis en el área evidencian que el Consell del PP, sostenido por Vox, demuestra —incluso tras la salida de Mazón— que ese departamento clave para la protección civil sigue sin timón. El conseller Valderrama afronta, en poco más de un año en el cargo, un nuevo desgaste tras la dimisión del máximo responsable de los bomberos forestales, después de declarar ante la jueza de la dana. Es, además, marido de la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, y trató de ocultar a la jueza de Catarroja los vídeos grabados en el Cecopi el día de autos.

Mazón compró el relato de Vox sobre el “chiringuito” de Emergencias, y así le fue. Juanfran Pérez Llorca está igual de condicionado, porque mantiene buena parte de la estructura heredada. Entre ese incendio, los fuegos declarados en vivienda en Alicante —con rescoldos en València— y la ausencia de quien le explique la trascendencia de encauzar el barranco metropolitano, debe nombrar en el Palau a un ‘jefe de bomberos’ solvente o asumir que el año que le queda se hará interminable. Con todo no va a poder.

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