Vivienda pública: luz y taquígrafos

Los casos de Alicante y València obligan a blindar, con registros exigibles, criterios claros y procesos fiscalizables, un modelo que no puede permitirse ni favoritismos ni oscurantismo

Ofertas de viviendas en una inmobiliaria en una imagen de archivo / Efe

La vivienda se ha convertido en el gran factor de desigualdad de nuestro tiempo. En la Comunitat Valenciana, la escalada de los precios del alquiler y de la compra ya está estrechando el margen vital de amplios sectores de la clase media. En ese contexto, la vivienda pública —la que se impulsa con suelo y recursos de todos— debería actuar como dique frente a la precariedad residencial.

El escándalo de las protegidas de Les Naus, en Alicante, demuestra que el engranaje se resiente cuando la falta de transparencia se instala como rutina. La información conocida en las últimas semanas apunta a una asignación que habría favorecido a personas vinculadas al poder municipal y a su entorno, en una promoción gestionada mediante una cooperativa privada y con presencia de perfiles conectados con el propio consistorio.

En paralelo, València se asoma a otra polémica, el anuncio de llevar a la Fiscalía una permuta aprobada por el gobierno local, por la que el Ayuntamiento entregó cuatro solares —en Malilla y Nou Moles— y una aportación económica a cambio de un edificio en construcción con 39 viviendas protegidas en Patraix. El foco está en una cláusula que podría haberse vulnerado a través de contratos de prerreserva y pagos de señal, aunque el ejecutivo municipal sostiene la corrección del procedimiento.

No hace falta prejuzgar —para eso están los tribunales y los órganos de control— para concluir que, en materia de vivienda pública, la transparencia muestra grietas inquietantes. Persiste una arquitectura institucional con lagunas normativas y supervisiones desiguales según el tipo de promoción, un terreno fértil para la discrecionalidad.

El ejemplo más evidente es el de los registros de demandantes. La Generalitat reconoce que la inscripción resulta obligatoria para la vivienda protegida de promoción pública o ligada al patrimonio público, pero no se exige de manera general para toda la impulsada por operadores privados. Ese matiz —técnico y jurídico— puede convertirse en autopista para el favoritismo si el acceso queda en manos de intermediación opaca o relaciones de conveniencia.

Si la vivienda protegida tiene precio tasado, límites de renta y finalidad social, no puede repartirse como si fuera un producto ‘premium’, debe ser obligatoria su publicidad pública, regulada para asegurar su transparencia y el interés general. El derecho a una asignación limpia forma parte del derecho a una vivienda digna.

Promoción de viviendas de nueva construcción en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Urge, por tanto, blindar el modelo con un paquete de transparencia y trazabilidad verificable. Empezando por un registro único y exigible para toda VPP/VPO con cualquier componente público —suelo, subvención, aval, permuta, cesión o convenio—, acompañado de criterios homogéneos y revisables. Y siguiendo con una publicación proactiva de listados de admitidos y excluidos (anonimizados cuando proceda), baremos, puntuaciones, actas y resoluciones, todo accesible en la web y en formatos reutilizables.

La trazabilidad económica debe quedar garantizada con la prohibición real de pagos opacos, vigilancia de sobreprecios encubiertos (mobiliario, anexos, garajes) y cruce automatizado de datos cuando el marco legal lo permita para detectar desviaciones y fraudes. A ello debe sumarse un control eficaz de requisitos que verifique ingresos y titularidades, con prevención del “prestanombres” y revisiones periódicas durante el periodo de protección.

Y, por supuesto, un régimen reforzado de incompatibilidades y conflictos de interés para cargos públicos y personal técnico con capacidad de decisión o influencia en este tipo de operaciones. Con sanciones disuasorias y recuperación de activos, además de instrumentos para revertir adjudicaciones irregulares con agilidad y con plenas garantías.

No se trata de demonizar cooperativas, promotores ni fórmulas urbanísticas como la permuta. Sino asumir que, cuando el bien es escaso y el incentivo es enorme —una vivienda por debajo del mercado—, el sistema debe estar diseñado para resistir la presión. Y, sobre todo, se debe entender que cada sombra sobre una asignación social se convierte en combustible para la antipolítica.

En plena crisis habitacional, la vivienda protegida no puede funcionar como un club de acceso restringido. Debe ser el escaparate más nítido de la acción pública. Si Alicante y València han encendido las alarmas, la obligación de Generalitat y ayuntamientos es clara: luz, taquígrafos y reglas justas.