43 a 1 en la Universitat: una paradoja democrática

No fue una consigna lo que me sacudió. Fue una proporción: 43 a 1.

Esa fue la relación que mencionó uno de los candidatos a rector, Carles Padilla, en el debate al rectorado de la Universitat de València. Cuarenta y tres votos estudiantiles son necesarios para neutralizar uno del profesorado con vinculación permanente. También aludió a otra notable asimetría: el voto ponderado del personal técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS en adelante) computa una quinta parte del de un titular o un catedrático de universidad. El dato es técnico; el efecto es político.

¿Puede una institución que transmite valores cívicos democráticos practicar una forma de desigualdad estructural como esta? Es una paradoja comparable a aquella que se señala en círculos técnicos respecto a la Unión Europea: si la UE tuviera que someterse a los estándares de calidad democrática que ella misma exige para el ingreso de terceros países al club europeo, tendría dificultades para cumplirlos.

Conviene, no obstante, poner por delante una precisión matemática y otra jurídica: la matemática es que la cifra del 43 a 1 no se desprende solo del reparto estatutario (51% frente a 25 %), sino del valor efectivo del voto al combinar esa ponderación con el peso demográfico —y, según el caso, la participación— de cada colectivo; la jurídica, la legislación vigente (LOSU) establece el peso mínimo del 51% para el profesorado con vinculación permanente, y son los estatutos de cada universidad los que concretan la distribución restante. De hecho, los Estatutos de la Universitat de València fijan: 5 1% para el PDI doctor con vinculación permanente, 12,67 % para el resto del PDI, 25 % para el estudiantado, 10 % para el PTGAS y 1,33 % para el personal investigador en formación (PIF). La conclusión es clara: no existe margen estatutario suficiente para igualar sustancialmente el voto sin modificar la ley estatal, pero sí hay margen de democratización, si se me permite la expresión.

Partiendo del 51% fijado por la ley, el 49% restante puede distribuirse de muy diversas maneras según la universidad que se observe. Algunas reparten ese margen otorgando algo más de peso al PTGAS o reduciendo ligeramente la distancia con el estudiantado. Pero el punto de partida no cambia: mientras el bloque mayoritario permanezca blindado en torno al 51%, el modelo seguirá siendo una democracia con pesos desiguales. Ahí hay que apuntar al gobierno central. Puede modularse el reparto; no alterarse el fundamento.

La cuestión, por tanto, ya no es si el sistema es legal. Lo es. La cuestión es si es legítimo. Cuando el valor del voto depende del lugar que ocupas en la organización institucional, estamos ante algo más que una ponderación técnica. Estamos ante una estratificación política formalizada. Y esa desigualdad no nace del debate ni del mérito individual, sino de la pertenencia estructural a un colectivo. Aquí la palabra incómoda es inevitable: estamento. Y Padilla abrió ese debate que, espero, interpele a la comunidad universitaria y al resto de candidatos. Más allá de la contienda electoral concreta, la cuestión excede a cualquier candidatura y afecta al diseño institucional de la universidad pública.

Quizás sea el momento de abrir un debate sereno sobre la horizontalización democrática de la universidad. Es posible que esto levante ampollas en los colectivos históricamente privilegiados, pero estoy convencido de que si en un lugar se puede abrir un debate reconstituyente de redistribución del poder, ese es la universidad. Y no deja de tener cierta carga simbólica que sea el primer candidato no catedrático en más de cinco siglos de historia quien formule esta interpelación. Puede que sea solo una chispa. Pero las chispas, a veces, revelan la materia inflamable.

Al final, si aceptamos que el valor político de una persona varía según su posición institucional, la igualdad deja de ser un principio y se convierte en una variable. Y cuando la igualdad se convierte en variable, la democracia deja de ser un suelo firme y pasa a ser un terreno resbaladizo.