El pilar europeo de Derechos Sociales: mucho hecho, mucho por hacer

Desde su proclamación en Gotemburgo en 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales (jurídicamente no vinculante) ha dejado de ser solo un “catálogo” de 20 principios para convertirse en una brújula política que inspira iniciativas concretas, criterios de seguimiento y —cada vez más— legislación sectorial. La idea-fuerza es reconocible: si la UE quiere sostener su proyecto económico y geopolítico, solo podrá hacerlo mejorando las condiciones de vida y sobre todo las de los más vulnerables.

Una primera concreción del Pilar fue la creación de la Autoridad Laboral Europea en 2019. Tiene como misión mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas europeas sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social, así como facilitar la cooperación entre autoridades nacionales e impulsar inspecciones conjuntas en casos transfronterizos. Se inscribe claramente en la lógica de los principios relativos a condiciones de trabajo justas, información sobre derechos laborales y protección social del Pilar, y con su ambición de que la libre circulación vaya acompañada de garantías sociales reales y aplicables.

La inflexión más clara llegó con el Plan de Acción de 2021, que tradujo el Pilar en una agenda operativa con instrumentos, calendario y metas para 2030 (empleo, formación y reducción de pobreza/exclusión). ¿Sigue vigente? Sí: sigue siendo el marco de referencia para la implementación del Pilar y para el seguimiento de los objetivos sociales de la Agenda 2030. Un segundo cambio decisivo ha sido la incorporación de indicadores sociales al Semestre Europeo que es el ciclo anual de coordinación de políticas económicas, presupuestarias de la Unión Europea, mediante el cual la Comisión evalúa las reformas y finanzas públicas de los Estados miembros y formula recomendaciones específicas por país. El Pilar se ha integrado en el corazón de la gobernanza económica mediante el Social Scoreboard (cuadro de indicadores sociales) que permite comparar tendencias, detectar divergencias y orientar prioridades por país. No es un detalle técnico: significa que el Pilar opera como referencia transversal cuando la Comisión evalúa reformas, resiliencia social y coherencia de políticas nacionales.

En el terreno legislativo, la directiva de salarios mínimos adecuados es probablemente la pieza más emblemática del “Pilar en acción”. Adoptada en 2022, y que tuve el honor de votar como europarlamentario valenciano, obliga a todos los Estados miembros a garantizar que los trabajadores estén cubiertos por un salario mínimo —sea por ley o por convenio colectivo— y a asegurar que ese salario permita vivir con dignidad, reforzando además la negociación colectiva donde esté debilitada. En términos políticos, su lógica encaja con la promesa del Pilar: que el mercado interior no puede descansar sobre competencia salarial a la baja, sino sobre condiciones de trabajo justas. La Directiva ha sobrevivido a un furibundo recurso ante el Tribunal de Justicia por parte de Dinamarca.

Más recientemente, la Unión Europea ha comenzado a abordar la problemática de la vivienda, incluido también en el Pilar y de especial incidencia en España. La Comisión presentó, el 16 de diciembre de 2025 el primer plan europeo integral para una vivienda asequible, acompañado de una estrategia específica para impulsar la construcción y de un proceso de consultas públicas. Por primera vez, la vivienda se aborda de manera coordinada a escala de la Unión como una cuestión estructural de cohesión social, vinculada al acceso efectivo a un hogar digno y al coste de la vida, y no únicamente como competencia aislada de los Estados miembros.

En este marco, la apuesta más llamativamente ambiciosa es el horizonte de erradicación de la pobreza en 2050 anunciado por la presidenta Ursula von der Leyen en septiembre de 2025. La Comisión se comprometió a “presentar un plan para ayudar a erradicar la pobreza” con ese horizonte, conectándolo además con el refuerzo de la Garantía Infantil. El giro es relevante: se pasa de metas de reducción (2030) a un relato de abolición (2050), que obliga a pensar en políticas de ingresos, servicios esenciales, empleo de calidad y protección social en clave de largo plazo.

En suma: desde 2017, el Pilar funciona como fuente de legitimidad e inspiración de toda la agenda social europea. Dicho esto, desde su entrada en vigor las desigualdades sociales han seguido aumentando, dada la falta de coordinación de las políticas fiscales redistributivas. Además, tal y como propuso el Parlamento Europeo en 2023, el Pilar debe incorporarse al Tratado, en el marco de una reforma federal, en pie de igualdad con las cuatro libertades del mercado interior. Asimismo, la UE debe adherirse a la Carta Social Europea. La armonización de los derechos sociales efectivos y la mejora general de las condiciones de vida debe ser la seña de identidad de una UE verdaderamente federal.