Prohibir los VTC: un error mayúsculo

Cuesta creer que, según indican los medios de comunicación, el Consell de la Generalitat esté barajando seriamente la posibilidad de establecer una regulación que haría prácticamente imposible que los vehículos turismo con conductor (VTC) siguiesen desarrollando su actividad en la Comunitat Valenciana. Se habla incluso de prohibirles la prestación de servicios urbanos (es decir, servicios que transcurren íntegramente por un solo término municipal), que actualmente representan más del 90% de los que están prestando.

Cuesta creerlo, en primer lugar, porque esta medida sería un despropósito desde un punto de vista económico. La prohibición de los servicios urbanos (o la imposición de restricciones de efecto equivalente) conllevaría la destrucción de un sector que en la Comunitat da empleo a 4.987 personas, moviliza 1.841 vehículos y genera más de 208 millones de euros al año en salarios, cotizaciones sociales, impuestos, suministros y servicios locales.

La medida perjudicaría gravemente a los usuarios de los servicios de transporte local bajo demanda (taxi y VTC), al reducir considerablemente su oferta, la competencia entre los prestadores y la calidad de los servicios prestados. Todo ello en un momento en el que dicha oferta ya es notoriamente insuficiente para satisfacer la demanda y, previsiblemente, lo será todavía más en el futuro, si, como cabe esperar, sigue incrementándose el número de habitantes y visitantes de nuestras ciudades, y continúa restringiéndose el uso del vehículo privado.

Semejante medida sería también manifiestamente contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea. Espoleados por el eficaz lobby del taxi, numerosos gobiernos centrales, autonómicos y locales han hostigado durante la última década al sector de los VTC, imponiéndole todo tipo de limitaciones con el indisimulado propósito de obstaculizar su actividad y proteger los intereses de los taxistas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y otros muchos órganos jurisdiccionales han ido declarando que casi todas esas medidas son contrarias a Derecho, por restringir de manera injustificada, arbitraria y desproporcionada las libertades de empresa y de establecimiento.

Pues bien, si estas limitaciones son ilícitas por restringir de manera excesiva tales libertades, ninguna duda hay de que la prohibición de prestar servicios urbanos resultaría, con mayor razón, igualmente ilícita, al tratarse de una medida que restringe dicha actividad mucho más intensamente.

Además, no se adivina cuál puede ser la justificación de reservar la prestación de servicios urbanos exclusivamente a los taxis y prohibírsela absolutamente a los VTC. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado sentado que la viabilidad económica de los servicios de taxi no constituye una razón de interés general que justifique limitar la libertad de los titulares de los VTC para operar en este mercado. Los únicos objetivos que podrían invocarse a estos efectos son la buena gestión del tráfico y del espacio público y la protección del medio ambiente. Así las cosas, dado que los VTC no contaminan ni congestionan el tráfico o el espacio público en mayor medida que los taxis y que ambos prestan servicios equivalentes (como bien ha señalado la Comisión Europea), resultaría discriminatorio que, para alcanzar dichos objetivos, se sacrificase a los primeros y no a los segundos. El Consell correría un grave riesgo de afrontar indemnizaciones millonarias –que acabaríamos sufragando todos los valencianos– si decidiese establecer semejante prohibición.

Finalmente, el mensaje que el Consell estaría lanzando a su potencial electorado (y, en particular, a los usuarios de servicios de transporte local a demanda, a los empresarios y trabajadores del sector y a quienes consideran, con razón, que la protección de la libertad de empresa es un pilar fundamental de la prosperidad económica) sería pernicioso para sus propios intereses políticos. En un escenario en el que varios partidos compiten ferozmente por este electorado, el Consell se estaría pegando un tiro en el pie.

Ningún gobierno de izquierdas se ha atrevido a llegar tan lejos a la hora de ceder a las presiones del lobby del taxi y limitar las libertades económicas en el sector de los VTC, en detrimento de los intereses del conjunto de la ciudadanía. El “decreto ley Ábalos” simplemente estableció que las licencias estatales de VTC ya no permitirían prestar servicios urbanos y delegó en las comunidades autónomas la decisión de autorizarlos o prohibirlos en sus correspondientes territorios, tras un periodo transitorio de cuatro años. Posteriormente, el legislador valenciano del Botànic autorizó que continuaran siendo prestados, como ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en una reciente sentencia. Se me hace difícil entender por qué un Gobierno de un partido político que, según dicen sus estatutos, aspira a ser la casa de los liberales querría derogar esa norma aprobada por una coalición de izquierdas y establecer en su lugar una regulación mucho más lesiva de la libertad y la prosperidad económica.