¿El futuro era esto?

Hace unas semanas, una amiga me contaba con una mezcla de cansancio y hastío la situación que atravesaba tras recibir la notificación de su nuevo contrato temporal de sustitución. No era la temporalidad, ya habitual, lo que más le inquietaba, sino la absoluta falta de concreción en los correos recibidos: fechas imprecisas, condiciones abiertas a revisión, ausencia de garantías mínimas que le permitieran planificar no ya un proyecto vital, sino el propio curso académico que debía impartir. La universidad, institución llamada a producir y ordenar conocimiento, se mostraba incapaz de ofrecer certidumbre a quienes la sostienen.

La anécdota no es excepcional; lejos de ello, constituye el síntoma visible de un deterioro más profundo que afecta hoy a las universidades públicas españolas y que se manifiesta con especial crudeza en la asfixia financiera que algunas de ellas padecen desde hace años. Al hilo de esto, conviene recordar, especialmente a aquellos que se les olvida, que la Universidad, en mayúsculas, no surge como un mero dispositivo de formación técnica ni como un apéndice funcional del mercado de trabajo. Desde sus orígenes medievales, cuando se configuró como comunidad de saber relativamente autónoma frente al poder político y religioso, hasta su reformulación moderna bajo el impulso ilustrado, la Universidad ha encarnado un principio esencial: la desconcentración del conocimiento y su progresiva puesta en circulación social. Con la modernidad, este principio se radicaliza. El saber deja de concebirse como patrimonio de estamentos cerrados para convertirse en un instrumento de emancipación individual y colectiva, accesible, al menos aspiracionalmente, a buena parte de los ciudadanos. Con el transcurso del tiempo, la Universidad se consolida como una institución clave en la arquitectura democrática: un espacio destinado no solo a producir conocimiento especializado, sino a ordenarlo y divulgarlo en beneficio del conjunto de la sociedad. Es por ello que, cuando se debilita su sostenimiento material, no se compromete únicamente su funcionamiento interno; se socava, de manera directa, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra civilización moderna: la posibilidad de un acceso equitativoy universal al saber.

Pese a su importancia, la persistencia de una financiación insuficiente ha ido erosionando las bases materiales del sistema universitario hasta normalizar la precariedad en según qué terrenos. La investigación, especialmente aquella que no promete beneficios inmediatos, se ve sometida a una lógica de supervivencia que empobrece sus tiempos y dificulta su continuidad. Sin recursos estables ni planificación a largo plazo, el conocimiento se fragmenta y se subordina a criterios ajenos a su propia racionalidad. La Universidad deja entonces de ser un espacio de producción crítica de saber para convertirse en un gestor de urgencias, la mayoría de ellas burocráticas. A ello se suma el ahogo de muchos de sus trabajadores: docentes temporales, investigadores a corto plazo y personal técnico altamente cualificados, formados durante décadas en el propio sistema público, que ven cómo sus trayectorias profesionales se construyen sobre una incertidumbre estructural incompatible con la excelencia que se les exige. La paradoja es evidente y profundamente injusta: se demanda vocación, disponibilidad y rigor intelectual a quienes trabajan en condiciones que dificultan, en la mayoría de los casos, precisamente el ejercicio pleno de esas virtudes. Mientras esto sucede, la calidad de la docencia se resiente cuando los grupos se masifican, cuando el tiempo para preparar, investigar y acompañar al alumnado se diluye entre papeles y precariedad material. Y con ello se altera la estructura social en su conjunto: una sociedad que debilita su universidad pública renuncia, de facto, a la igualdad de oportunidades y consolida mecanismos de reproducción de la desigualdad que creíamos superados desde la consolidación del Estado social.

Conviene insistir en que todo esto no supone una impugnación de la existencia de universidades privadas. Ambas pueden, y hasta deben, coexistir en un sistema educativo plural y diverso, como siempre lo han hecho. Pero esa coexistencia solo es legítima, a mi modo de ver, si el sistema público cuenta con condiciones blindadas que garanticen su sostenimiento y su calidad. La educación pública no puede quedar a merced de vaivenes presupuestarios ni de decisiones políticas cortoplacistas, porque no es un servicio más: es un derecho fundamental y una inversión a largo plazo en pensamiento crítico y cohesión social. En definitiva, nuestra Universidad, la de todos y todas, no puede ser un laboratorio político en el que se ensayan modelos de debilitamiento institucional que, de normalizarse, redefiniríanel principiobásico de la civilización moderna. Porque es precisamente esa redefinición del derecho efectivo a una educación universitaria de calidad, la que debería interpelarnos con mayor urgencia.