Gobernar en España

Formar gobierno es algo muy distinto a gobernar. Y a la vista de los hechos concretos, hay razones para pensar que los dos grandes partidos que han asumido en España esa responsabilidad durante toda la etapa democrática, salvo en Euskadi y Catalunya, no demuestran en los últimos tiempos demasiado interés en resolver realmente los grandes problemas que preocupan, agobian y condicionan la vida cotidiana de millones de ciudadanos y ciudadanas. Problemas que comprometen seriamente su proyecto de vida y generan incertidumbre, inseguridad y miedo al futuro. No debería extrañarles que millones de jóvenes, y no tan jóvenes, piensen que da igual quién gobierne. Que la democracia es una estafa. Que votar no merece la pena. Que da igual la democracia que un sistema autoritario. Y este es un fracaso histórico cuyas consecuencias no se han valorado adecuadamente.

Gobernar en España implica asumir que en muchos ámbitos de las políticas públicas no hay, de hecho, competencias exclusivas. Obliga a abordar cuestiones verdaderamente esenciales de forma coordinada, abandonar las respectivas 'taifas' y explorar todas las formas de cooperación y colaboración posibles entre los distintos niveles de gobierno. Debería estar fuera de toda discusión que con nuestro modelo de Estado autonómico solo se puede gobernar de esa forma. Siempre habrá gobiernos legítimos en los tres niveles (central, autonómico y local) que pertenecerán a formaciones políticas distintas y que compartirán competencias que afectan a la vida de las personas. Como también debería estar claro que incentivar la polarización extrema es una táctica irresponsable que además de destrozar los espacios de diálogo y adelgazar el centro político, bloquea la coherencia de las políticas.

Asistimos a una gran paradoja: los dos grandes partidos de gobierno son ahora fuente de malestar social. Están tan ocupados en sus cosas, sobre todo en Madrid, tan obcecados en competir por el voto de las siguientes elecciones, tan obsesionados por ocupar espacios a su derecha o a su izquierda, que se han olvidado de cómo se ha de gobernar para ocuparse de los grandes problemas que afectan hoy a millones de españoles de varias generaciones. Hasta el punto de ser capaces de llevar la situación a extremos inverosímiles. Por ejemplo, que hayan tenido que pasar 478 días para hacer aquello que debieron haber hecho al día siguiente de la Dana ocurrida en Valencia: constituir una comisión mixta para ocuparse de la gran catástrofe y con un enfoque metropolitano, cuestión que de forma inexplicable siguen ignorando. O la desidia política que implica que centros educativos afectados por la Dana sigan igual que el primer día, como en Utiel, Alginet o Paiporta.

El creciente malestar en nuestra sociedad no se remedia con medidas cosméticas, parciales y unilaterales. Tampoco con apelaciones a la amenaza de la extrema derecha; y menos aún, cortejándola o apaciguándola. Se resuelve con políticas públicas muy concretas. Sabemos que no todo el malestar tiene raíces socioeconómicas, pero también sabemos que además del deterioro de servicios públicos esenciales, la pobreza en vivienda asequible, la pobreza en transporte público en las grandes áreas metropolitanas, la pobreza laboral y las dificultades que afrontan centenares de miles de agricultores afectados por acuerdos comerciales sin recibir compensaciones ni garantías, son grandes fuentes de malestar en España. También lo sigue siendo la corrupción política, la degradación moral que implica utilizar de forma obscena las instituciones públicas en beneficio de particulares, sea en un ministerio o en casos como el de las Viviendas de Protección Oficial del ayuntamiento de Alicante. Son mucho más que casos aislados.

Pueden producirse giros políticos radicales, pero el malestar, como el dinosaurio de Monterroso, seguirá ahí. Hace una década apoyando a Podemos, hoy a Vox

Aunque las grandes cifras económicas van como nunca, la renta disponible de muchas familias va como siempre, o peor. Porque las cosas no van bien para amplios sectores sociales. Pueden producirse giros políticos radicales, pero el malestar, como el dinosaurio de Monterroso, seguirá ahí. Hace una década apoyando a Podemos, hoy apoyando a Vox. En ambos casos con un porcentaje muy similar en torno al 20 %. En estos tiempos líquidos, donde casi todo es efímero, donde han desaparecido las vinculaciones con grandes relatos y corrientes ideológicas, donde millones de personas están condenadas a vivir en una especie de presente continuo, porque no existe la posibilidad de construir un proyecto de vida, y menos aún de imaginar un futuro mejor, la frustración se traduce en resentimiento y desafección y las utopías se convierten en retrotopías.

La gran prioridad de los gobiernos debiera ser volver a lo básico y ocuparse de los grandes motores de exclusión y malestar. Y no lo están haciendo. Por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a saber que la imposibilidad de acceso a una vivienda accesible, la gran emergencia que compromete el futuro inmediato de casi 11 millones de ciudadanos, es consecuencia de la completa inacción de los distintos gobiernos durante las últimas dos décadas. Que aprobar una ley de vivienda en el parlamento español no soluciona el problema, sino abordándolo de forma acordada entre las tres administraciones. Que exige distintas medidas complementarias (legislativas, presupuestarias, fiscales, de provisión de suelo, territoriales, de ayudas a colectivos, de regulación de acceso al alquiler, de cooperación público-privada…). Porque todo ello es necesario para movilizar con urgencia en torno a 700.000 viviendas a precios asequibles que se necesitan. En el Estado autonómico, todo lo demás son tácticas 'lampedusianas'.

También tienen derecho a saber que el gran problema de movilidad por razón de trabajo o estudio (millones de viajes diarios) en nuestras grandes regiones urbanas y áreas metropolitanas, otra gran fuente de malestar, es consecuencia de no haber incorporado la visión metropolitana en sus planes y no haber destinado los recursos necesarios, durante décadas, a mejorar el transporte público. Es urgente un cambio de agujas en materia de inversión en ferrocarril en España. Piensen que en las redes de cercanías se ha invertido realmente menos de 3.600 millones de euros entre 1990 y 2018, mientras llevamos destinados más de 65.000 millones en la alta velocidad, aunque solo suponga un 5% del total de usuarios del ferrocarril. Esa falta de atención a la movilidad obligada de “las clases subalternas” de las que hablaba Raimon, no se soluciona con una ley de movilidad aprobada en el parlamento español. Solo tendrá solución si se invierte la tendencia, destinando muchos más recursos durante mucho tiempo al transporte público metropolitano y se aborda de forma coordinada entre las tres administraciones.

Si formar gobierno no es para gobernar, lo que necesariamente exige pactos y acuerdos, ¿para qué quieren llegar al Gobierno nuestros líderes actuales? No abordar los grandes problemas a causa de la extrema polarización, solo hará que aumente el descontento y la desconfianza en partidos e instituciones. Si los grandes partidos con responsabilidades de gobierno no se ocupan de lo básico, entendiendo y respetando la complejidad de un Estado muy descentralizado como el nuestro, no se extrañen cuando comprueben en las urnas que el malestar de amplios sectores de jóvenes, trabajadores y clases medias empobrecidas se expresa, más que apoyando otras opciones de las izquierdas, absteniéndose o apoyando opciones de extrema derecha, que son ahora en gran medida el refugio simbólico del malestar y el resentimiento. Tal vez ese apoyo sea efímero, no lo sabemos, pero en este tiempo es la puerta que tienen abierta para expresar su frustración y su rechazo a unos partidos y a un sistema que entienden que no se ocupa de ellos.