Cuando el odio sale rentable

Cuando el odio sale rentable, deja de ser un desahogo y se vuelve estrategia. No es solo que exista odio, es que empieza a ordenar el espacio público. Se premia el golpe rápido y la deshumanización, el debate deja de buscar salidas y se dedica a señalar culpables, y la democracia no cae de golpe, se va encogiendo.

El informe 'Mapa de odios. Situaciones de odio y discriminación en España' lo confirma. El odio se percibe sobre todo en redes sociales, tanto entre menores como entre adultos, y se extiende por mensajería y por el ecosistema mediático. Cuando el entorno dominante premia el golpe, la burla y la deshumanización, la democracia se encoge. No porque desaparezcan las elecciones, sino porque se degrada la capacidad de convivir y deliberar.

Conviene decirlo con claridad para no caer en una equidistancia cómoda y falsa. No todos participan igual ni con la misma responsabilidad. El odio no crece por generación espontánea. Se impulsa, se amplifica y se rentabiliza. En contextos electorales, el discurso puede convertirse en un arma para obtener rédito, señalando y deshumanizando a minorías, migrantes, refugiados y otros colectivos. La lógica es conocida. Simplifica la realidad, ellos son el problema. Une al propio bloque, nos atacan, defendámonos. Y desplaza el debate desde lo verificable hacia lo visceral.

Si buscamos quién se beneficia, el propio 'Mapa de odios' ofrece una pista. Una parte importante de la población identifica como ganadores a líderes o movimientos que movilizan mediante la confrontación. Ese diagnóstico no es moralista, es estructural. Cuando la atención es el recurso escaso, la provocación se convierte en inversión rentable. Y cuando la política se acostumbra a esa rentabilidad, la tentación se contagia. Quienes no la usan sienten que pierden. Así se normaliza lo que antes era inaceptable y lo inaceptable se vuelve estilo.

En el mundo hay ejemplos nítidos de esta estrategia. En Estados Unidos, Donald Trump ha situado la inmigración en el centro de una retórica que presenta a los migrantes como amenaza y como contaminación del país. No es un detalle retórico. Es un marco mental que legitima políticas extremas, refuerza la idea de un enemigo colectivo y polariza el espacio público.

Y en España no podemos mirar hacia otro lado. No significa que cada actor haga lo mismo. Vox y otras expresiones de ultraderecha han convertido la estigmatización del 'otro' en palanca habitual de movilización, sobre todo en torno a inmigración, diversidad cultural y derechos LGTBI. La agenda migratoria se usa con frecuencia para construir un enemigo, repartir culpas y prometer soluciones expeditivas. Cuando esos marcos se filtran al debate general, el daño se amplifica. Se desplaza la conversación desde qué políticas funcionan hacia quién sobra.

El problema no es solo lo que hace la ultraderecha, sino lo que hacen, o dejan de hacer, quienes podrían aislarla. En España, el Partido Popular no se ha situado con la claridad necesaria para atajar esta dinámica. En demasiadas ocasiones la ha normalizado al pactar y gobernar con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos, aceptando marcos, prioridades y tonos que trasladan al centro del tablero una agenda construida desde la confrontación identitaria. Ese proceso de blanqueamiento no es una discusión teórica. Se ha visto en coaliciones territoriales y en disputas públicas donde la gestión de menores migrantes no acompañados se ha convertido en un campo de batalla, con un lenguaje que alimenta sospechas y miedos en lugar de ofrecer respuestas responsables.

La pregunta práctica, entonces, no es solo qué pensamos del odio, sino qué hacemos para que deje de ser rentable. Las instituciones tienen margen real si actúan con coherencia. En el espacio digital hace falta monitorización, denuncia eficaz y exigencia de responsabilidad a plataformas, con transparencia y evaluación de resultados. Si el odio se difunde en canales concretos, la respuesta no puede ser únicamente pedagógica. Debe ser también operativa.

Necesitamos pactos mínimos de higiene democrática que protejan el desacuerdo sin permitir la deshumanización

En la política institucional necesitamos pactos mínimos de higiene democrática que protejan el desacuerdo sin permitir la deshumanización. No se trata de censurar la crítica dura ni de dulcificar el conflicto propio de una sociedad plural. Se trata de líneas rojas compartidas. No señalar colectivos vulnerables como amenaza global, no convertir la mentira o el bulo en munición deliberada, no premiar al que degrada la conversación. Cuando se cruza esa frontera y no hay coste político, mediático o institucional, el incentivo se consolida y se extiende.

Y en los centros educativos toca proteger el único espacio donde aún podemos enseñar a discutir sin romper la convivencia. Formación en convivencia y ciudadanía digital, protocolos claros ante incidentes discriminatorios, mediación y reparación, y alfabetización mediática sostenida para detectar estereotipos, acoso y deshumanización, trabajando también con familias. No se trata de cargar sobre el profesorado un problema social, sino de blindar el lugar donde todavía se aprende a vivir con el otro.

Si no hacemos nada, el final es conocido. Una sociedad que se organiza alrededor del desprecio es menos capaz de acordar políticas complejas y más vulnerable a espirales de conflicto. Cambiar la dinámica exige una decisión colectiva. Dejar de premiar el odio con atención, con votos o con impunidad. Y exigir, desde las instituciones, una política que vuelva a competir donde importa, en soluciones para la vida real, no en la fabricación constante de enemigos.