Taxi y VTC: convivencia, legalidad y futuro para la movilidad valenciana

En una reciente tribuna en este periódico, el presidente de la Confederación de taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, volvía a plantear el debate sobre taxis y VTC en términos de confrontación. Y, de paso, no desperdiciaba la ocasión para verter acusaciones de ilegalidad, falta de seguridad y ausencia de profesionalidad contra el sector de la VTC.

Empecemos por lo esencial: las VTC operan de forma perfectamente legal en la Comunitat Valenciana. Así lo ha confirmado de forma expresa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su sentencia 661/2025, que reconoce la habilitación de las VTC para prestar servicios urbanos en el marco de la normativa vigente. Una sentencia que, en parte, le debemos al señor Del Molino, que fue quien decidió dar inicio al recorrido jurídico que ha desembocado en una resolución histórica.

La jurisprudencia europea es igual de contundente: la protección económica del taxi no constituye una razón imperiosa de interés general que justifique restringir la actividad de las VTC. El Derecho Europeo exige proporcionalidad, no blindajes corporativos.

Pero incluso dejando a un lado el plano jurídico, el argumento de que la viabilidad del taxi está en riesgo resulta difícil de sostener. La demanda de transporte en la Comunitat Valenciana es estructuralmente superior a la oferta existente. Lo reconocen todos los interlocutores y lo recogen desde hace años los propios medios valencianos: hay colas en aeropuertos, estaciones y puntos de alta demanda. El problema no es de exceso de oferta, más bien al contrario.

En materia de seguridad, las acusaciones también carecen de rigor. Las VTC están obligadas a contar con las mismas coberturas de responsabilidad civil que las exigidas al taxi. Ni más ni menos. Exactamente las mismas. Lo mismo ocurre con las inspecciones técnicas de los vehículos: misma periodicidad, mismos requisitos, misma normativa. No existe una doble vara de medir, porque la ley es la misma.

En cuanto a la profesionalidad de los conductores, hay un elemento que conviene subrayar: en las VTC la calidad del servicio se somete a evaluación en cada viaje. Servicio a servicio. En tiempo real. Cualquier usuario puede reportar una incidencia y valorar el servicio recibido. Ese escrutinio constante genera un incentivo directo a la excelencia y es una prueba más de la transparencia de las VTC. La profesionalidad no se presume: se verifica cada día.

Por lo que se refiere al recurrente debate sobre las tarifas, es importante destacar que nada ofrece más transparencia al usuario que conocer el precio antes de aceptar el servicio. Esa previsibilidad elimina incertidumbres y evita controversias posteriores. La tecnología para ofrecer precios cerrados está disponible para todos los operadores. Si el taxi desea competir en transparencia tiene herramientas para hacerlo, estoy seguro de que los usuarios lo agradecerán.