¿A quién estorba la costa valenciana?

Las recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidiendo a comunidades autónomas y ayuntamientos que “no estorben” en la gestión de la costa, junto al llamamiento de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al respeto de la normativa europea, vuelven a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: cómo se ejerce el poder desde el MITECO en la política de costas y qué lugar ocupa la participación territorial en esa gestión.

El debate sobre la gestión del litoral español evidencia una tensión persistente entre el discurso político y la realidad física de la costa. Cuando desde el Estado se apela a que otras administraciones “no estorben”, no solo se simplifica un problema complejo, sino que se ignora una evidencia básica: la costa no es un espacio administrativo, sino un sistema dinámico cuya gestión exige cooperación institucional, conocimiento científico y participación pública efectiva.

La experiencia acumulada por técnicos, administraciones autonómicas y locales y colectivos ciudadanos del litoral, como los integrados en SOMOSMEDITERRANIA, es clara: la costa es un bien común y su gestión no admite órdenes unilaterales. Deslegitimar el papel de comunidades autónomas, ayuntamientos o de la propia sociedad civil no es liderazgo político; es renunciar a una responsabilidad que, por definición, es compartida.

El caso de la Comunitat Valenciana resulta especialmente ilustrativo. Alrededor del 70 % de las playas valencianas presenta hoy procesos de erosión, un fenómeno que no puede explicarse recurriendo a decisiones urbanísticas adoptadas hace décadas conforme a la legalidad vigente. En muchos tramos, antes de la construcción de infraestructuras estatales, el mar se encontraba a una distancia hoy difícil de imaginar. La causa no es coyuntural, sino estructural y bien conocida: la alteración del transporte natural de sedimentos.

Durante décadas, puertos, diques y espigones —infraestructuras estatales construidas dentro del mar— han interrumpido el flujo natural de arena, generando déficits crónicos aguas abajo. A ello se suma el cierre casi total del aporte sedimentario de los ríos como consecuencia de embalses y regulaciones. No se trata de una interpretación interesada, sino de física litoral básica. Sin embargo, el relato oficial sigue desplazando el foco hacia los frentes urbanos, confundiendo causas con efectos y exonerando implícitamente a quienes sí han modificado la dinámica costera.

En ese contexto, resulta técnicamente inexacto equiparar paseos marítimos y asentamientos urbanos con “muros”, como afirmó Hugo Morán. Esa comparación parte de una visión ajena a la realidad cotidiana de la costa, muy distinta de la que compartimos quienes vivimos en ella y entendemos el estilo de vida mediterráneo. En el Mediterráneo, estos espacios forman parte de un modelo histórico de relación entre las personas y el mar: facilitan el acceso universal, permiten el paseo cotidiano —especialmente de las personas mayores—, favorecen la vida social y, en muchos casos, cumplen también una función de protección civil frente a temporales cada vez más intensos. Reducirlos al mismo plano que una infraestructura portuaria ignora tanto la ciencia como la realidad social de la costa.

La apelación ministerial al respeto de la normativa europea es pertinente, pero resulta insuficiente si se interpreta de forma parcial. Respetar Europa no consiste, en esperar a que la Comisión Europea inicie procedimientos de infracción, como ocurre ahora, en materia de concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre, sino en afrontar una nueva Ley de Costas alineada con las directrices de la Unión Europea que aplique de manera coherente principios como la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la participación pública efectiva y la toma de decisiones basada en la mejor evidencia científica disponible.

En la Comunitat Valenciana, la aplicación de la Ley de Costas está generando conflictos difíciles de conciliar con esos principios: deslindes arbitrarios que afectan a viviendas legales, sustitución de la propiedad por concesiones precarias y servidumbres que vacían de contenido derechos consolidados, sin compensación económica efectiva. La inseguridad jurídica no es un efecto colateral menor, sino un problema estructural.

La salida no pasa por buscar culpables imaginarios ni por blindar un marco normativo que acumula advertencias del Consejo de Estado y observaciones críticas reiteradas desde Europa, como puso de manifiesto el conocido Informe Auken. Los marcos internacionales y comunitarios —desde el Marco de Sendai hasta la Directiva Marco del Agua y las estrategias europeas de adaptación al cambio climático— son claros: la costa debe gestionarse de forma integrada, sostenible y comenzando por la gestión de los sedimentos.

La costa valenciana no estorba; estorba gestionar el litoral sin ciencia, sin diálogo y sin respeto a los derechos.

Ignorar esa realidad ya no es un error técnico: es una irresponsabilidad política.