Fanáticos antiimpuestos

Hay una escena de estos días que retrata muy bien una forma de entender la política y la vida pública. Durante años, algunos gurús de las redes sociales han convertido en marca personal el desprecio a los impuestos, la huida hacia paraísos de baja tributación y la burla constante a todo lo que suene a Estado. Pero basta con que el mundo se tuerza, con que estalle una guerra, se cierren espacios aéreos y miles de personas queden atrapadas o vean alterados sus planes, para que aparezca de inmediato la exigencia de protección, de seguridad y de auxilio público. El Estado, para el fanático antiimpuestos, siempre sobra… hasta que hace falta.

Esa contradicción no es anecdótica. Es una ideología que corre como la pólvora en tiempos de individualismo extremo. Nuestra Generalitat Valenciana la practica. Consiste en presentar los impuestos como una especie de robo moral y los servicios públicos como una realidad casi natural, como si la sanidad, la educación, la dependencia, la protección exterior o las ayudas en tiempos de crisis brotaran solas de la tierra.

Sobra decir, antes que nada, que los impuestos no son un castigo: son la herramienta con la que una sociedad civilizada financia lo común, corrige desigualdades y protege a la mayoría frente a los abusos del mercado y las sacudidas del mundo. La política fiscal no es una molestia administrativa: es una forma de justicia y una herramienta de la administración para paliar males mayores. Un esfuerzo colectivo. Y hoy el mundo nos vuelve a recordar con crudeza que pagar impuestos importa.

La guerra en Irán ha reavivado el temor a una nueva ola inflacionaria. Y es que cuando la energía se encarece, lo notan antes que nadie las familias en el supermercado, en la gasolinera y en la factura doméstica. En ese contexto, cabría esperar de cualquier gobierno un mínimo de inteligencia fiscal saltara a proteger a las rentas medias y trabajadoras, reforzara los servicios públicos y actuara con prudencia presupuestaria más en tiempos en los que venimos encadenando crisis climáticas, económicas, inmobiliarias, pandémicas...pero no es el caso valenciano. Mientras llenar el depósito del coche se ha encarecido ya más de 20 céntimos el litro o mientras el euríbor registra su mayor subida diaria en dos décadas, la Generalitat del PP mira hacia otro lado.

En Compromís pensamos que urgen medidas estructurales y parches que incidan sobre la raíz del problema. Intervenir el mercado y propulsar un paquete de medidas contra la inflación que nos viene es nuestra apuesta. No obstante, esperamos que, como no puede ser de otra manera, el Partido Popular abogue por lo que ya reclaman miembros de la patronal y empresarios -alguno de los cuales puede llegar a brutos anuales de casi 200 millones de renta-. Esto es, bajar impuestos.

No cabe otra interpretación de intenciones a tenor de las reflexiones del conseller del PP de Hacienda, José Antonio Rovira, quien estos días ha desgranado en un medio digital sus preocupaciones en materia fiscal. Es una entrevista plagada de respuestas incoherentes: admite que la Generalitat está infrafinanciada dentro del Estado español y quiere más dinero de Madrid. Y al mismo tiempo, dentro de su autonomía fiscal, renuncia como hemos dicho antes a ejercer su autoridad fiscal sobre los sectores con mayor capacidad de renta.

Su mayor preocupación es la eliminación sin tapujos del impuesto de Sucesiones y Patrimonio (y hemos de recordar que, para pagar el impuesto sobre el Patrimonio, en la actualidad, el mínimo exento está en un millón de euros). De sus palabras no se desprende ninguna preocupación por levantar un escudo social para las familias trabajadoras o de clase media. Tampoco que en su mente exista algún elemento de progresividad en la aportación que cada ciudadano o ciudadana hace a las arcas de la hacienda valenciana que él gestiona.

Rebajar impuestos tal y como lo plantea el PP es un trampantojo; a parte de ir en dirección contraria en muchos aspectos a los indicados por organizaciones internacionales a las que pertenece el Estado (FMI, OCDE, etc). Y a los números vamos: como explicó en este periódico el experto en tributación Rafael Beneyto, los beneficios fiscales del PP ofrecen un aumento de 860 millones de euros en los últimos dos años, un 271 % de estos está ligado a la pérdida de ingresos que ha dejado de recaudar a las clases pudientes. En paralelo, de acuerdo con datos obtenidos por Compromís en las Corts, a las deducciones fiscales ofrecidas a rentas menores de aproximadamente 30.000 euros han podido acceder 2.000 persones, cuyas desgravaciones no sumarán más de 5 millones de euros.

Esto quiere decir que las deducciones de las que alardea el Consell del PP para la clase trabajadora -gastos sanitarios, deportivos o de formación musical- quedan muy bien en titulares de prensa y proclamas neoliberales de la derecha y la ultraderecha, pero no llegan a las personas que más preocupadas están por el coste de la vida; porque sencillamente para estas personas resulta un lujo acceder a esos servicios tengan o no deducción fiscal del Consell.

Urge alejarse de políticas estéticas que no ayudan a llegar a final de mes a las familias trabajadoras y articular ya un escudo social que las proteja. Que quien más tiene más aporte y no al contrario. Y sobre todo, urgen representantes públicos que no sean dogmáticos contra los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, sino que sean gestores prudentes que apliquen el sentido común y tiendan la mano a la clase trabajadora.