Maldita burocracia

Desde hace algún tiempo escuchamos quejarse de la burocracia a determinadas personas de relieve. Suelen hacerlo en foros en los que el factor tiempo solo permite transmitir a los medios un malestar general. Se trata de sujetos del sector privado (no resultaría normal que un funcionario se quejara de la burocracia), a quienes repugnan ciertas actuaciones de la Administración que parece que les perjudican. Por regla general no suelen indicar a qué aluden con la palabra burocracia, por lo que tenemos que ser los demás quienes lo adivinemos. De las distintas acepciones del término, creo que los descontentos deben referirse a la que el Diccionario de la RAE numera como 3 (“influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos”) o mejor como 4 (“administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”).

Como la susodicha expresión viene a tener una implicación peyorativa, sería de agradecer que concretaran más lo que dicen y en qué casos conviene reducir la burocracia. No se trate de que pretendan que en los contratos públicos no se exija tener solvencia técnica, así como estar al corriente en las obligaciones tributarias y sociales; o que las subvenciones se concedan sin la obligación de acreditar que se ha efectuado lo previsto en las bases; o que se puedan abrir establecimientos, explotaciones y líneas de negocio con ignorancia de lo reglamentado; o que se puedan tramitar expedientes, en los que estén en juego sus intereses, sin necesidad de realizar engorrosas exposiciones al público ni permitir la intervención de otros afectados. Etcétera.

Omitiendo trámites como los apuntados es obvio que las actuaciones administrativas serían más livianas. Ciertas iniciativas del sector privado verían la luz con mayor rapidez. Pero el movimiento público no puede basarse solo en la prontitud. En primer lugar porque existe un deber de transparencia y un principio de igualdad de oportunidades. Todos tenemos derecho a contratar y recibir ayudas de las administraciones, a emprender proyectos siempre en pie de igualdad y respetando las reglas que garantizan la publicidad y la concurrencia. En segundo lugar, porque tenemos también derecho a conocer, e incluso a opinar, si se está manejando algo que nos afecta. Y nuestros propios derechos condicionan la actuación administrativa y algunas facultades de los demás.

Sospecho que no solo se desearía una simplificación de las formalidades. Los detractores de la burocracia pretenden de paso adelgazarla. Menos sector público, menos trámites y más libertad de actuación. Y más colaboración público privada. Permítase a los particulares participar en la satisfacción de las necesidades básicas, que la maldita burocracia no sabe gestionar. Como si el sector privado, cuando participa de lo público, no antepusiera la obtención de beneficios a la consecución del interés general; o como si la crisis financiera de 2008 no la hubieran propiciado entidades privadas; o como si no se hubieran registrado en España más de 6.000 quiebras empresariales durante 2024.

Digan con claridad lo que buscan y no desprestigien sin argumentos ni datos a las administraciones públicas.

Eduardo Ariño es funcionario jubilado. Fue letrado de la Sindicatura de Comptes y jefe del Servicio Jurídico de la Conselleria de Sanitat