Política sostenible del agua y educación, binomio inseparable

Hoy se celebra el día mundial del agua con el lema, donde fluye el agua, crece la igualdad, que, según Naciones Unidas, pretende visibilizar que en los países en desarrollo muchas personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, acentuándose las desigualdades; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias, por la falta de unas infraestructuras que, tras potabilizar el agua, la transportan hasta esos hogares. Y como su uso la degrada, debe depurarse para restituir, al menos, su calidad inicial antes de devolverla al medio receptor. Son infraestructuras que conducen el agua por un camino alternativo al natural, una desviación a realizar con el menor impacto posible.

Así pues, el lema nos recuerda que en los países en desarrollo el problema no es tanto la falta de agua, aunque a veces también, si no la de infraestructuras que faciliten su uso. Sus elevados costes son a veces obstáculos insalvables y cuando, generalmente con ayuda internacional, se superan, comienza una segunda etapa más compleja, mantenerlas en buen estado. Porque como las nuevas infraestructuras satisfacen una necesidad son siempre bienvenidas y apoyadas, pero mantenerlas y, llegado el momento, renovarlas, es otra historia, incluso en países desarrollados. Tres barreras, la primera compartida por todas las infraestructuras, las otras dos sólo aplican a las hídricas urbanas, lo explican:

1. Satisfecha la necesidad, al ciudadano sólo le preocupa la prestación del servicio, ignorando que las infraestructuras se deben mantener y renovar. Pero como el dinero requerido carece de visibilidad, no suele presupuestarse. Un decisor con las ideas claras jamás debería hacerlo.
2. Mantener y renovar las tuberías en las ciudades genera molestias a restaurantes y comercios por lo que, en ocasiones, se les indemniza aumentando los costes. Y aunque nuevas técnicas han reducido el impacto (se pueden reparar y sustituir tuberías sin abrir zanjas), las molestias son inevitables.
3. La tercera, y más importante, las actuales tarifas no incluyen la conservación y reposición de las infraestructuras, contradiciendo la Directiva Marco del Agua (DMA) del 2000 que dice, y dice bien, que son los usuarios quienes deben pagar el coste total de estos servicios. Los subsidios que compensan, bien que parcialmente, el déficit, fomentan la ineficiencia y benefician más a quien más gasta.

Y si en los países desarrollados estas barreras dificultan la conservación de estas infraestructuras, en los que no lo están el impacto es mayor, lo que explica la complejidad de materializar el mensaje de hoy. Tampoco conviene olvidar que las infraestructuras son el esqueleto de servicios vitales (agua, telecomunicaciones, energía o transporte) y que, mientras funcionan, pasan desapercibidas, pero cuando fallan pueden generar grandes caos (DANA, gran apagón, accidente de Adamuz…).

En el caso del agua, ya se ha dicho, son los usuarios quienes, según la DMA, deben asumir todo el coste del servicio, amortizaciones y costes ambientales incluidos Cuando se publicó, año 2000, suponía duplicar los precios y, por ello, para implementarla se estableció una moratoria de diez años. Veinticinco años después, los políticos siguen ignorándola y así seguirá siendo hasta que una crisis evidencie la imperiosa necesidad de aplicarla. Las actuales tarifas incluyen los gastos corrientes (personal y energía) pero ignoran la conservación de unas infraestructuras que, en periodos secos, muestran sus costuras: las fugas obligan a cortar el agua, práctica tercermundista. Pero la llegada de las lluvias aplaza, una y otra vez, el problema y, claro está, también la solución: recuperar todos los costes.

En el ciclo urbano del agua el mayor déficit corresponde al drenaje - depuración, pues sus infraestructuras son más costosas. Por ello, en los países que recuperan costes, su parte tarifaria supone dos tercios del total (en España es al revés). Llegados a este punto conviene aclarar que incluir en la factura todos los costes mejora la eficiencia y descentraliza la gestión. De hecho, el análisis de estos sistemas en diferentes países muestra una clara correlación entre el cumplimiento del principio de recuperación de costes y la eficiencia – resiliencia. También en España se constata: el drenaje-depuración, más subsidiado, está peor que el abastecimiento.

En la actualidad, mientras el mantenimiento se ignora, nuestras infraestructuras se reponen con el dinero de Europa, del Estado o de las autonomías. De este modo se parchea, sin resolver, el problema, mientras se ignora que aplicando la DMA, la factura total de un servicio sostenible en el tiempo (hoy no lo es) es menor. El Estado y las autonomías se ahorrarían un dinero (subsidio encubierto) que podría destinarse a mejorar los servicios que lo necesitan (educación o sanidad) o, incluso, para compensar el aumento tarifario del agua, reducir los impuestos. Los daños colaterales, que los hay, se corregirían con tarifas sociales (siempre que la eficiencia se mantenga) y con un régimen económico especial para municipios rurales sin economía de escala. En resumen, subsidios y sostenibilidad son términos antónimos.

Llegados a este punto conviene preguntarse ¿y cómo acabar con veinticinco años de bloqueo? Sólo hay una solución, educar a los decisores y a la ciudadanía. La necesidad de formar al primer colectivo la incluye una propuesta, liderada por los ingenieros civiles, de modificación de la Ley de Aguas. Reza así, los responsables deben acreditar profesionalidad técnica, para asegurar que las decisiones en materia de agua recaigan en responsables con la cualificación adecuada. También los ciudadanos deben saber que abordar los retos del futuro, cambio climático incluido, no sale gratis. Por ello deben apostar, ignorando populismos, por quienes quieren hacer, aunque sea impopular, lo que deben.

La complejidad de la política hídrica es consecuencia de las muchas ópticas desde las que se analiza. Por ello sólo la formación puede armonizar perspectivas que faciliten la toma de decisiones desde la gobernanza. Sin ella no alcanzaremos la madurez que la sostenibilidad otorga al mantenimiento y la renovación. Los recientes incidentes, cuando no tragedias, lo demandan. Seríamos un país mucho mejor.