Montse Lluís, el "ángel exterminador" de Vox

Sostiene Gerardo Muñoz en su artículo “La red internacional de financiación yunquista y de Vox” (Levante-EMV, 5/3/2023) que “Vox ya no es solo un partido nacional, sino el beneficiario y a la vez el socio político de una compleja constelación de fundaciones, oligarcas y organizaciones religiosas que operan a escala global y que han hecho de España uno de sus principales nodos de influencia”. Sí eso es así, la pregunta pertinente es el destino de la financiación que Muñoz evidencia; seguramente nos lo revelará pronto. Nada que decir entonces, pero hay uno que intriga y es la presunta financiación de un aparato de intimidación del que pocas veces se habla desde que Macarena Olona lo relató en sus Memorias.

Seguramente inspirada en la extinta Brigada Político-Social (BPS) franquista, la dirección nacional de Vox diseñó una estructura de control férreo para vigilar a sus posibles disidentes; en especial sus cargos municipales, provinciales y autonómicos. En esa trama destaca un personaje: Montserrat Lluís Serret. Ella fue y sigue siendo una pieza clave, un comisario político enviado por la cúpula del partido para disciplinar a sus cargos en los gobiernos de coalición con el PP formados en julio de 2023. Su historial no es más que el reflejo de la “paranoica” desconfianza de Vox en sus cargos públicos.

En el relato que ha construido sobre sí mismo el partido de Santiago Abascal, éste se vende como una fuerza "valiente" que vino a romper con los vicios del viejo régimen de 1978; nada de ello resulta ser cierto. Quien se asome a su interior descubrirá una realidad bastante menos épica y mucho más parecida a un comisariado político de manual: desconfianza obsesiva, especialmente “con los de provincias”, imposición de afines a la dirección nacional, el ostracismo a los que piensan por sí mismos, y una estructura piramidal donde la lealtad a la cúpula vale más que cualquier gestión eficaz. Léase sumisión al “cuarteto” formada por Abascal, Cabanas, el “clan Ariza” y el todoterreno “Kiko” Méndez Monasterio, tal cómo narra Miguel González en “Ortega Smith acusa a Abascal de destituirle…” (Él País, 10/3/2026)

En este escalafón de figuras disciplinarias, pocas han desempeñado un papel con tanta vocación cómo es el caso de Montserrat Lluís. Procedente de la COPE, fue nombrada alto cargo en la Junta de Castilla y León en mayo de 2022; con una misión muy clara: ser la "mano derecha" del entonces vicepresidente y hoy “huido” de Vox, Juan García Gallardo. Cuando abandonó ese comisariado fue ascendida a “mano derecha” de “Kiko” Méndez por los servicios prestados, y posteriormente miembro del Comité de Acción Política, el “sanedrín” de Abascal, dónde desempeña una secretaria adjunta de organización. Así la recuerda Marcos Ondarra en “The Objective” (13/1/2026)

Su cometido era, y sigue siendo, el de comisario político de “Kiko” Méndez, el hombre de confianza de Abascal encargado de diseñar la línea dura y asegurarse que los cargos puestos en julio de 2023, autonómicos o municipales, no se desviaran un ápice del guion marcado desde la calle Bambú, la sede madrileña de Vox. En otras palabras: vigilar que la gestión de lo pactado con el PP no diluyera el programa radical “voxista”. Pero, además, fue designada la única interlocutora autorizada del partido de Abascal, “puenteando” todo lo que hiciera falta, sin respetar modos y modales con sus “malas artes” y la de los agentes bajo su mando. Lean el artículo de Carlos Navarro en ElDiario (12/3/2026) sobre las andanzas del “agente” Candel.

La estrategia del aparato de Vox siempre ha sido la misma: centralizar, controlar y depurar; ya lo anticipó de Montse Luis, A.B. Ramos en “Él Confidencial” (17/09/2023) Cualquier cargo autonómico o municipal que mostrara un ápice de independencia o, Dios no lo quiera, sentido común en la gestión, era inmediatamente señalado como sospechoso de "contaminación" por el contacto con el PP y aislado en la poza del ostracismo. Un “garbanzo negro” en la definición de A.B. Ramos. Esta dinámica ha provocado una sangría de abandonos y una selección darwiniana a la inversa: ha sobrevivido la mediocridad sumisa.

En los gobiernos autonómicos, el punto álgido de esta política de tierra quemada llegó en julio de 2024, con el abandono unilateral de los gobiernos de coalición con el PP. La orden ejecutada por Montse Lluís fue un auténtico disparate: doce meses después, doce consejeros autonómicos fueron despedidos sin ningún tipo de respeto, más bien arrojados al ostracismo. Y lo que es peor: dos de ellos, Ignacio Higüero en Extremadura y Gonzalo Santonja en Castilla y León, desobedecieron abiertamente la orden y decidieron seguir en sus cargos, mandando a paseo la disciplina de partido. También hay quien no se plegó y se despidió con una dura “carta pública” dirigida a Santiago Abascal evidenciando y criticando esas “malas artes”: fue el caso de Elisa Núñez en Valencia.

Ahí reside la ironía de la estrategia de control diseñada por “Kiko” Méndez Monasterio y ejecutada por su comisaría Montse Lluís. Tanto control, tanta vigilancia, tanta imposición solo ha servido para generar un caldo de cultivo de desafección que ha llevado a decenas de cargos públicos a abandonar Vox, o a plantarle cara a la dirección cómo los últimos casos de Antelo en Murcia, Nevado en Extremadura, Ribas en Mallorca, o Smith, Monasterio y Toscano en Madrid... El desenlace de esta historia no podía ser menos kafkiano por demoledor para dar a conocer las prácticas de Vox: sectarismo, manipulaión, ostracismo y “demonización” de sus cargos públicos.

La acción política de Montserrat Lluís, la comisaria enviada para imponer el “ordeno y mando”, suma numerosas polémicas y desordenes que jalonan su mandato; sus artes son el reflejo de unas prácticas que convirtió -y convertiría, de regresar- la participación de Vox en gobiernos de coalición con el Partido Popular en un amenazante campo de minas. Se obsesionó con la sumisión de los cargos públicos puestos bajo su mando y terminó perdiéndolos a todos. La política siempre tiene un punto de ironía.