¡Alerta: Ciutat Vella en peligro real!

Encontrar excusas para no actuar —incluso cuando se reconoce abiertamente la existencia de un problema grave— exige un nivel notable de procrastinación política o, peor aún, la defensa de intereses que nada tienen que ver con el bien común. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la alcaldesa de València respecto al turismo descontrolado y, en particular, a los pisos turísticos. La memoria informativa y justificativa de la modificación del reglamento de usos terciarios hoteleros es un ejemplo perfecto de cómo se puede admitir un diagnóstico devastador compartido por diferentes entidades mencionadas en la memoria justificativa… para luego negarse a aplicar las soluciones necesarias.

La nueva regulación de pisos turísticos promovida por el Ayuntamiento recurre, además, a un uso claramente torticero de la Directiva de Servicios (la conocida Directiva Bolkestein) para rechazar propuestas de la oposición calificadas por la alcaldesa como “maximalistas”. ¿Cuáles son esas supuestas barbaridades? Prohibir la compatibilidad entre uso residencial y turístico, suspender licencias hoteleras, impedir la transmisión de licencias y crear un cuerpo específico de inspección. Es decir: medidas básicas, proporcionadas y coherentes con el propio diagnóstico municipal, que habla sin tapujos de “barra libre”, “fenómeno desbocado” y “canibalización de la vivienda y el comercio”.

Porque cuesta entender qué incompatibilidad legal existe en crear un cuerpo de inspectores para una actividad que el propio Ayuntamiento reconoce como fuera de control. Más aún cuando el mismo documento anuncia un “plan de choque” basado precisamente en reforzar la inspección. ¿Cuántos inspectores tiene hoy el Ayuntamiento para supervisar TODAS las actividades económicas de la ciudad? Basta consultar la Relación de Puestos de Trabajo de 2026: son claramente insuficientes. Pero lo más elocuente es que la Directiva Bolkestein no se aplica a cuestiones de ordenación del territorio o urbanismo. Lo dice la propia Directiva y lo recoge la propia memoria municipal. Entonces, ¿por qué invocarla como excusa para no actuar? ¿Estamos o no estamos en una emergencia habitacional? ¿No reconoce el propio Ayuntamiento que la proliferación de apartamentos turísticos es una causa directa de esa emergencia? Si el diagnóstico es tan claro, ¿por qué la parálisis? ¿Por qué las excepciones a su propia propuesta de regulación para frenar la saturación turística?

El documento incorpora una excepción que es, sencillamente, una bomba de relojería para Ciutat Vella. En las páginas 69 y 70 se establece que, para “favorecer la rehabilitación del patrimonio inmueble de alto interés cultural”, se permitirá implantar alojamientos turísticos en edificios protegidos sin importar el nivel de saturación turística de la zona y sin necesidad de plan especial ni modificación urbanística. Solo deben cumplirse cinco condiciones que, lejos de proteger el patrimonio, funcionan como una alfombra roja para fondos de inversión.

La primera de las cinco condiciones que “impone” a los interesados en promover usos turísticos es que el edificio sea Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL), con protección integral o de protección nivel 1. No me preocupan los BIC pues dudo que vayan a comprar el edificio del ayuntamiento para hacer un hotel aunque hemos sido testigos de otras distopías. Me preocupan el resto del catálogo. Es decir, cientos de inmuebles en Ciutat Vella catalogados como BRL, PI o con protección 1, muchos de ellos vacíos, parcialmente ocupados o semirruinosos. Basta con que un fondo buitre compre uno de estos edificios, lo rehabilite y respete unos valores patrimoniales mínimos —a menudo reducidos a fachada y poco más— para poder convertirlo en hotel o en apartamentos turísticos, saltándose cualquier límite de saturación.

El resultado es fácil de imaginar: calles como Bolsería, Moro Zeit, San Miguel, Quart, Corona, Rey Don Jaime o Mosen Sorell -y así en decenas de calles de Ciutat Vella- convertidas en un continuo de alojamientos turísticos. Una transformación irreversible que destruiría la sostenibilidad social, ambiental y económica de Ciutat Vella, justo lo contrario de lo que afirma perseguir el estudio complementario.

Sostener que la única forma de “poner en uso” el patrimonio cultural es mediante alojamientos turísticos es un insulto a la inteligencia colectiva. ¿De verdad no existen alternativas residenciales? ¿No puede el Ayuntamiento promover incentivos fiscales, sanciones por abandono, o incluso expropiaciones para destinar estos edificios a vivienda? ¿Por qué la única salida que contempla la alcaldesa es la que beneficia a los grandes inversores y agrava la expulsión vecinal?

La conclusión es evidente, no faltan herramientas legales. Faltan voluntad política y valentía.

Y mientras tanto, Ciutat Vella se encamina hacia un punto de no retorno.