El menosprecio al Síndic de Greuges

Que el Síndic de Greuges incomode entra en la naturaleza misma del cargo. La institución no fue concebida para halagar al poder, ni para decorar la arquitectura autonómica con una respetable irrelevancia. Fue instituido en el Estatut para fiscalizar, advertir, corregir y, en último término, dar voz a los ciudadanos cuando la Administración falla. Por eso resulta especialmente grave que su informe anual, lejos de ser atendido con la seriedad que merece una institución estatutaria, sea ninguneado o degradado en su tratamiento parlamentario.

No se trata de una disputa personal con su titular, el solvente Ángel Luna, ni de una controversia partidista más en el ecosistema polarizado de la política valenciana. El problema es de calidad democrática. Cuando una mayoría parlamentaria rebaja el rango político y simbólico del informe del defensor del pueblo valenciano, no está desairando a una persona, sino debilitando un contrapeso institucional pensado precisamente para limitar abusos, denunciar ineficiencias y proteger derechos. Y cuando ese gesto se acompaña de insinuaciones sobre recortes de margen o intentos de restarle visibilidad, la impresión es todavía más preocupante, ya que no se discute el contenido de sus advertencias; se pretende rebajar la autoridad de quien las formula.

La anomalía es doble. Por una parte, porque el Síndic de Greuges forma parte del armazón básico del autogobierno valenciano y merecería, como mínimo, el respeto debido a una figura recogida en el Estatut. Por otra, porque su informe no expresa una opinión privada, sino miles de quejas de ciudadanos que acuden a esa institución cuando se sienten desatendidos por la burocracia, los retrasos, la descoordinación o la indiferencia administrativa. Silenciar al Síndic equivale, en buena medida, a amortiguar la voz de esos ciudadanos.

La democracia no se erosiona solo con grandes quiebras. También se deteriora mediante pequeños desplazamientos del equilibrio institucional y desdén hacia los órganos que ejercen de vigilancia. Convertir en molestia lo que debería entenderse como una garantía es un error de fondo. Las instituciones incómodas son las que más falta hacen cuando el poder se vuelve autosuficiente.

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