Democracia en la empresa: una asignatura pendiente

La inflación informativa de las últimas semanas, provocada por importantes acontecimientos de carácter tanto global como nacional y local que han monopolizado la conversación pública (guerras, elecciones, fiestas…), ha restado visibilidad mediática e impacto social a la presentación oficial del Informe sobre la democracia en el trabajo, elaborado por una Comisión de Expertos, presidida por la socióloga belga Isabelle Ferreras e integrada por cualificados especialistas de universidades españolas e internacionales (Harvard, Oxford, Cambridge, London School of Economics…).

Promovido por el Ministerio de Trabajo, el Informe se plantea como objetivo dar cumplimiento al mandato constitucional incluido en el artículo 129.2 de nuestra Carta Magna, según el cual “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa…y establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

La propuesta se ha sometido a la consideración previa de los agentes sociales y políticos, habiendo obtenido de entrada el desplante desabrido de la patronal CEOE que define al proyecto como “…un ataque populista contra la libertad de empresa propio de los sistemas autoritarios”.

El tópico resulta difícilmente sostenible a la luz del análisis comparado que incluye el Informe de referencia, según el cual existe una clara correlación positiva entre los niveles de democracia industrial, competitividad económica y cohesión social.

El Índice Europeo de Participación (EPI) cuantifica en una escala (de 0 a 1) el grado de intervención de los trabajadores en las empresas situándose la media de la UE-27 en el 0.58, y correspondiendo los valores más altos a los países económica y socialmente más desarrollados: Dinamarca (0.87), Suecia (0.84), Francia (0,77), Alemania (0,64)…, quedando España (0,40) sólo ligeramente por encima de los países de la Europa Oriental y del sur.

Aunque se registran desiguales niveles de participación de los trabajadores y sus representantes sindicales en los ámbitos laboral y corporativo, el principal factor diferencial reside en la regulación y eficacia de su intervención a nivel de gobernanza estratégica.

Actualmente, de los 27 países de la Unión Europea 13 tienen regulada la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración de las empresas públicas y privadas y en otros 5 sólo para las empresas públicas, mientras que en los 9 restantes, incluida España, no existe legislación al respecto.

También aquí opera la correlación positiva entre los países con sistemas de co-gestión empresarial consolidada (Europa central y del norte) y los que se sitúan a la vanguardia del desarrollo económico, productividad, innovación y cohesión social.

Atendiendo, pues, tanto al mandato constitucional como a la realidad de los hechos que emana de la experiencia europea, el Informe que analizamos propone un nuevo pacto social para completar la transición democrática en el ámbito económico y de las relaciones laborales ampliando, por una parte, la cobertura y competencias del sistema actual de representación (delegados y comités de empresa) y garantizando, mediante una nueva legislación específica, su participación en los ámbitos de gestión y dirección estratégica de las empresas.

Se trata, en definitiva, de extender al ámbito del Oikos (esfera económica) los derechos de ciudadanía que rigen en la Polis (esfera política), para que los valores, procedimientos y garantías constitucionales traspasen la puerta de los centros de trabajo, resolviendo así la contradicción que supone que gran parte de la vida activa de la población de un país democrático transcurra en espacios autocráticos, en los que las personas trabajadoras ven limitadas sus posibilidades de intervención y decisión.