Jugar con las personas

La política suele transitar por una cresta delicada que, con demasiada frecuencia, se abandona para descender a callejones oscuros. En ellos, el debate se vuelve tan bronco y partidista que se acaba olvidando lo esencial: la política debe velar por la sociedad, no por las siglas.

El anuncio de la regularización masiva de inmigrantes —presentado hace meses por el Gobierno y cuyo proceso administrativo acaba de arrancar— amenaza con terminar convertido precisamente en eso: en una trifulca de barriada en lugar de una oportunidad para reconocer derechos y obligaciones a más de medio millón de personas. Hablamos de ciudadanos que ya residen entre nosotros, pero que, al carecer de papeles, no pueden contribuir formalmente a la Seguridad Social ni al sistema tributario.

 Ese es, o debería ser, el norte de cualquier regularización: dotar a estas personas de un marco legal que garantice derechos básicos (sanidad, educación y protección social) —de los que en muchos casos ya hacen uso— a cambio de asumir sus deberes ciudadanos. La residencia legal es la llave al mercado laboral reglado, a los contratos dignos y a la actividad económica transparente.

Sin embargo, la respuesta de gobiernos autonómicos como la Generalitat Valenciana, anunciando un recurso contra el decreto por considerarlo "electoralista" y alegar que pone en peligro la red asistencial, no deja de ser otra bravuconada de corto alcance. Tan electoralista puede resultar el decreto como el anuncio de su impugnación; especialmente cuando el argumento de la saturación resuena con las tesis de Vox, socio indispensable para que el PP mantenga el timón en la Comunitat Valenciana.

 Hablar de la migración sin pensar en las personas es convertir este fenómeno en un juego. Si no aprendemos a ver a quienes dejan atrás sus países y familia para intentar empezar de nuevo en nuestro país como un problema o un caladero de votos, cualquier medida será jugar con personas pero nunca hacer política.

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