Energía con criterio

A punto de cumplirse un año del apagón del 28 de abril de 2025 en España, y en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica en enclaves tan decisivos como el estrecho de Ormuz, la autonomía energética se convierte en una necesidad estratégica. También para la Comunitat Valenciana. No solo por razones medioambientales, sino para garantizar el suministro, la competitividad y la capacidad de respuesta ante crisis externas.

En este contexto, el Consell pretende duplicar la potencia eólica instalada, de 2.000 a 4.000 megavatios, mediante una modificación normativa que deje atrás una de las piezas centrales del Plan Eólico de 2001, el actual mapa que fija de antemano las zonas aptas y no aptas para nuevas instalaciones. Parece lógico revisar un instrumento concebido hace veinticinco años, con una tecnología distinta y una fotografía energética claramente superada.

El plan vigente presenta síntomas evidentes de agotamiento, ya que los aerogeneradores actuales son más eficientes y permiten producir más energía con menos unidades y, en muchos casos, con menor impacto que hace dos décadas. También la repotenciación ofrece la vía razonable de sustituir parques envejecidos por otros con menos máquinas y mayor capacidad.

Pero conviene precisar que no se trata de abrir la puerta a una expansión sin límites ni de desmantelar las garantías ambientales. La clave de la reforma que estudia el Consell radica en que quienes pretendan instalar una planta eólica puedan pedir permiso para hacerlo en cualquier zona y que sea después una evaluación territorial y ambiental completa la que determine si el proyecto cumple los requisitos. Desaparece así la prohibición previa por mapeo, pero no el filtro público. Solo podrían prosperar las iniciativas que se ajusten a las exigencias urbanísticas y medioambientales: suelo rústico no urbanizable no afectado por prohibiciones específicas del planeamiento general, exclusión de parques naturales, zonas ZEPA y otros espacios protegidos, además del resto de condicionantes que garanticen la compatibilidad con el territorio.

Ese matiz es esencial. Porque una cosa es admitir que el viejo plan ha quedado obsoleto y otra, distinta, aceptar un modelo de implantación desregulado. El Consell se mueve aquí sobre una línea delicada. La revisión normativa puede estar justificada, pero solo será creíble si refuerza la evaluación ambiental, la transparencia administrativa y la seguridad jurídica. Más aún cuando el propio Plan Eólico de 2001 arrastra una memoria política contaminada por las sospechas de irregularidades y comisiones. Una reforma que deberá blindarse frente a cualquier apariencia de arbitrariedad.

La complejidad regulatoria europea tampoco ayuda. Mientras la Generalitat plantea dejar atrás el viejo mapa, la directiva comunitaria que debe transponerse impulsa la identificación de zonas de aceleración renovable, es decir, ámbitos especialmente adecuados para desarrollar este tipo de proyectos. Por tanto, habrá que avanzar hacia una planificación con criterios homogéneos, actualizados y compatibles con el marco europeo.

En ese equilibrio será decisivo el tratamiento del territorio afectado. Mantener fondos de compensación para los municipios del entorno es una medida pertinente, sobre todo en comarcas despobladas que soportan impactos paisajísticos o ambientales sin obtener siempre un retorno proporcional. La transición energética no puede reproducir desequilibrios ni imponer sacrificios unilaterales en nombre del interés general. Necesita legitimidad social, que pasa también por compartir beneficios.

La Comunitat Valenciana necesita producir más energía propia. La dependencia de los combustibles fósiles y de los suministros externos penaliza su economía, la hace vulnerable a las tensiones internacionales y limita su margen de autonomía en un momento de máxima incertidumbre. La apuesta por las renovables, y en particular por la eólica, debe desplegarse con reglas transparentes y con respeto al territorio. Ahí está la verdadera prueba para el Consell.