Opinión
1976-2026: Medio siglo del despertar autonómico valenciano

Palau de la Generalitat. / Fernando Bustamante
En esta primavera se cumplen cincuenta años de dos hitos que, nacidos en espacios políticos diametralmente opuestos, convergieron en un mismo objetivo: abrir paso al autogobierno de los valencianos. Se trata de dos textos fundacionales: el “Ruego ante las Cortes Españolas” del procurador en Cortes José María Adán García y la “Declaració de València” de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià; ambos anticiparon la conflictiva “Transición valenciana “y la “Batalla de Valencia”, terminando en el “consenso” de Benicàssim de 1981 que puso fin al conflicto con el Estatuto de Autonomía de 1982.
El llamado “Ruego de Adán” del 23 de junio de 1976 y publicado en el Boletín de las Cortes Españolas (N.º 1.525/12-8-1976) fue redactado por el procurador y consejero nacional José María Adán García y suscrito por la totalidad de los procuradores y consejeros nacionales del Movimiento Nacional de las tres provincias valencianas. Entre los apoyos figuraban personajes de la administración franquista y representantes de entidades culturales y cívicas como Lo Rat Penat y el Ateneo Mercantil, las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón y la Cámara Regional de Comercio, que reclamaban “autonomía económica, administrativa y cultural para la Región Valenciana”. Apostaban por una autonomía regional en el marco de la Ley Orgánica del Estado de 1969, entendida como descentralización dentro del Estado Nacional sin cuestionar la herencia política del Régimen nacido del Golpe de Estado de 1936.
Frente a ese regionalismo tutelado, se situaba la “Declaració de València” suscrita el 16 de mayo de 1976 por la “Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià”, organismo unitario de oposición al Régimen franquista nacido de la convergencia entre la Junta Democrática del PV y el Consell Democràtic del PV. En la Taula se integraban, entre otros, CC.OO., USO, Convergència Socialista del PV, -embrión del PSPV-, Demòcrates Independents, l’ Organització Comunista d’ Espanya “Bandera Roja”, el Partit Comunista del PV, la federación valenciana del PSOE y el Partit Carlí.
Esa constelación de organizaciones antifranquistas apostaba por una autonomía política con la restauración de la Generalitat, la elección de representantes a una Assemblea Constituent del País Valencià, la igualdad de uso del valenciano y el castellano, y el restablecimiento de las libertades mediante con la movilización pública por la “libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía” que llenaron las calles, desde la ilegal del 12 de julio de 1976 hasta la masiva del 9 de octubre de 1977.
En plena negociación de la Constitución Española, la huella de la “Declaració” articuló un “consenso mínimo” en el establecimiento del régimen preautonómico negociado en la Assemblea de Parlamentàris del País Valencià. Cuando el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó el Real Decreto-ley 10/1978, de 17 de marzo creando el Consell del País Valencià, el propio preámbulo reconocía que el territorio “ha manifestado reiteradamente su aspiración a contar con instituciones propias, recogida por a totalidad de las fuerzas parlamentarias…”. Ese reconocimiento condensaba tanto la iniciativa del “Ruego de Adán” como las movilizaciones ciudadanas que la Taula había protagonizado contra la Dictadura.
El Consell presidido inicialmente por el diputado socialista Josep Lluís Albiñana, se configuró inicialmente cómo un espacio de negociación entre ambas culturas políticas. Por un lado, los reformistas procedentes del franquismo cercanos al “Ruego de Adán”, posteriormente vinculados a Alianza Popular y a sectores conservadores de la UCD-RV, que defendían una “Región Valenciana” en un marco estatutario más limitado. Por otro, los socialistas del PSPV-PSOE y los comunistas del PCPV-PCE, que se reconocían en la “Declaració de València”, apostaban para consolidar la denominación del territorio como País Valencià, un estatuto de máxima autonomía y una identidad anclada en el “nuevo valencianismo” vinculado al pensamiento de Joan Fuster. Pero cuando uno no quiere dos no hacen, y a la UCD se le torció el morro…y también a más de uno en la calle Ferraz, la sede madrileña del PSOE.
Pero aprobada la Constitución Española de 1978, esa tensión irresoluble entre ambas culturas políticas abocó en la “Batalla de Valencia” en la que se enfrentaron las dos posiciones: de la Derecha -postfranquista junto a los llegados desde del liberalismo conservador al regionalismo valenciano-, y de la Izquierda -junto al “nuevo valencianismo de raíz fusteriana-. Los desacuerdos entre ambas en la redacción del Estatuto sobre el nombre oficial, la bandera, el idioma y el alcance de la autonomía discutidas en la Assemblea de Parlamentàris -condicionando la estabilidad del Consell y la inhibición del gobierno de la UCD en la convocatoria del Referéndum de ratificación-, fueron la clave del conflicto causado por la falta de entendimiento entre ambas posiciones.
Ese choque entre legitimidades se cerró a través de una “fórmula de transacción” que cristalizó en el pacto alcanzado en Benicàssim en 1981 y en el posterior texto del Estatuto de Autonomía de 1982. Ambas partes aceptaron renuncias dolorosas: aquellos que se reconocían en la “Declaració de València” asumieron la pérdida oficial del nombre de País Valencià para el territorio de las tres provincias y la adopción de la denominación Comunidad Valenciana, así como la “senyera” de la ciudad de Valencia y el reconocimiento de una “singularidad” territorial alejada de la corriente intelectual impulsada por Joan Fuster.
A cambio, los sectores procedentes del franquismo reformista y del regionalismo conservador renunciaron a un modelo autonómico descentralizado, puramente administrativo, y aceptaron un estatuto de amplia capacidad política con instituciones propias -Corts, Consell, Presidencia...- de la Generalitat y un nivel competencial homologable al de las comunidades históricas, consolidando el autogobierno valenciano como pieza estable del Estado de las Autonomías.
Había nacido un nuevo sujeto político, la “Comunidad Valenciana”, sin olvidar el entendimiento entre los tres secretarios generales de la UCD-RV, del PSPV-PSOE y del PCPV-PCE, respectivamente, Manuel Broseta, Joan Lerma y Antonio Palomares; los tres hicieron posible los acuerdos de 1981 y 1982. Él “nasciturus” resulto ser el punto de encuentro entre las dos culturas políticas —la del “Ruego Adán” y la de la “Declaració de València”— pero que, cincuenta años después, siguen latiendo bajo la arquitectura que organiza la vida política de los valencianos. Son los recuerdos de cuando los vientos del tiempo nos alcanzan.
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