Derechos y derechas

En sólo un par de días, de martes a jueves de la semana pasada, se publicaron en nuestro país normas legales y acuerdos políticos que explicitan claramente a escala local la creciente tensión global entre expansión y restricción de los derechos humanos y sociales.

En fecha tan simbólica como la del 14 de abril, el Consejo de Ministros aprobaba el Decreto 316/2026 sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, atendiendo las demandas de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por sindicatos, ONGs y entidades religiosas

En el preámbulo de dicha norma se afirma que “la incorporación plena (de los inmigrantes) al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente, permitiendo asimismo garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral”.

Se trata, pues, de regular a nivel legal la situación real de más de medio millón de personas (cien mil, aproximadamente, en la Comunidad Valenciana) que viven y trabajan entre nosotros, reconociendo sus derechos y fijando sus deberes en igualdad de condiciones, facilitando con ello su integración social.

Apenas dos días después se hacía público el acuerdo autonómico en Extremadura por el que el PP asumía y legitimaba el marco ideológico de VOX, proponiendo recortar el derecho de las personas inmigrantes a la sanidad, la vivienda y las prestaciones sociales, apelando a un supuesto principio de “prioridad nacional”, de viejas y renovadas reminiscencias fascistoides.

Entre tanto, los líderes nacionales y autonómicos del PP se embarcaban en una escalada trumpista de críticas y descalificaciones a la regularización, asociando emigración a delincuencia, con el objetivo de tapar las vergüenzas de su claudicación ante la agenda lepenista de VOX, lo que no sólo contradice sus melifluas apelaciones pasadas al humanismo cristiano sino que compromete su hipotético futuro gubernamental, por cuanto lo pactado en Extremadura obligaría a Feijóo a cambiar la Ley General de Sanidad y la de Extranjería, condenando de nuevo a la marginalidad y explotación a miles de personas.

Aunque el alcance real de dichas medidas pueda ser, por el momento, limitado debido a las pocas competencias autonómicas en materia de inmigración, el mensaje resulta preocupante por indicativo de la deriva reaccionaria del PP que, atrapado en su paranoia antisanchista, no duda en contradecirse a sí mismo (en 2024 apoyaron la toma en consideración de la ILP), mientras recupera la tradicional obsesión de la peor derecha de este país por recortar derechos, tanto individuales (divorcio, aborto, matrimonio igualitario muerte digna…) como colectivos (educación y sanidad públicas, aumento del salario mínimo y de las pensiones…).

Ante este indigno despliegue de xenofobia y clasismo, somos muchos los que reivindicamos la memoria obrera y migratoria de nuestro país y defendemos los derechos de ciudadanía para cuantas personas trabajan y viven entre nosotros, atendiendo no sólo, ni siquiera fundamentalmente, a consideraciones económicas, sino al compromiso ético con la igualdad y la justicia social.