Regularizar vidas, reforzar servicios públicos

Hay dos elementos esenciales que alteran el debate abierto y manipulado sobre el impacto de la regularización de personas migrantes: la dificultad de acceso a la vivienda y la saturación de la sanidad pública desde la pandemia. En realidad, nada está más lejos de la realidad y, por eso, desde UGT Serveis Públics del País Valencià expresamos con claridad nuestra posición: no cabe la equidistancia, no nos ponemos de perfil. La regularización no es una amenaza para todas las personas que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda digna, ni para la sanidad, ni para el resto de servicios públicos; al contrario, es una gran oportunidad para reforzarlos.

El problema de la vivienda requiere de soluciones múltiples que atañen a todas las administraciones, en especial, a las autonómicas que tienen atribuidas las competencias y a los ayuntamientos como titulares del suelo. Es una crisis estructural a la que nada le va a afectar la regularización de personas migrantes. Porque las personas que van a regularizar su situación ya forman parte de nuestra sociedad: viven aquí, trabajan aquí, crían aquí a sus hijos e hijas y, cuando lo necesitan, acuden a la sanidad pública, a la escuela o a los servicios sociales.

Lo que cambia con la regularización es que podrán hacerlo con derechos plenos, fuera de la economía sumergida, cotizando y contribuyendo de forma plena al sostenimiento del sistema. Eso significa más cotizaciones, más ingresos fiscales y, por tanto, más capacidad para financiar el conjunto de los servicios públicos, además de dar respuesta legal a sectores económicos que requieren de mano de obra. No se nos escapa que hay a quien le interesa combatir ideológicamente el proceso de regularización porque prefieren disponer de mano de obra barata y sin derechos.

Frente a los discursos que tratan de asociar migración con colapso sanitario, saturación de otros servicios, o incluso delincuencia, queremos ser tajantes. La evidencia disponible lleva años desmontando el bulo de que “las personas inmigrantes saturan la sanidad”: en términos generales se trata de una población más joven, con menos patologías crónicas y que, en promedio, realiza un uso menor de los recursos sanitarios. Lo que colapsa centros de salud y hospitales no es que una persona regularizada vaya al médico, sino la infrafinanciación, las plantillas insuficientes, la falta de planificación y la precariedad laboral de quienes sostienen el sistema. Lo mismo sucede en la educación o en los servicios sociales: el problema no es dar derechos a quienes ya viven aquí, desamparados antes su situación irregular. El problema son los recortes y la falta de recursos e inversión.

Nos preocupa mucho más un modelo que tolera empleo ultraprecario y mantiene a una parte de la población sin derechos

Como sindicato que representa a las trabajadoras y los trabajadores de los servicios públicos, estamos a favor de la regularización. Cada trabajador y trabajadora que sale de la sombra y empieza a cotizar ayuda a sostener el sistema de Bienestar. Nos preocupa mucho más un modelo que tolera empleo ultraprecario y mantiene a una parte de la población sin derechos que el hecho de garantizar tarjeta sanitaria, escolarización y documentación a personas que ya son vecinas. Pero es que, además, es una cuestión de justicia social y de derechos humanos.

Por todo ello, rechazamos el relato del miedo y de la criminalización. Si de verdad queremos defender los servicios públicos, la respuesta no pasa por levantar muros ni por recortar derechos, sino por ampliarlos: más financiación, más plantillas, más estabilidad y mejores condiciones laborales para quienes cuidan, educan y atienden a la ciudadanía, vengan de donde vengan. El reto es que formen parte del sistema: con derechos y obligaciones.