La regularización que incomoda a la derecha

La reciente decisión del Gobierno de España de avanzar en la regularización de personas migrantes ha reabierto un debate recurrente en nuestra sociedad. Para algunos, esta medida supone un supuesto efecto llamada. Para otros, entre los que me incluyo, representa algo mucho más sencillo y, a la vez, más necesario: el reconocimiento de una realidad que ya existe.

Conviene empezar por aclarar una idea fundamental que a menudo se distorsiona en el debate público: regularizar no es invitar a venir. No es una política de puertas abiertas ni una señal para que nuevas personas inicien el viaje hacia nuestro país. Es, en cambio, una respuesta a quienes ya están aquí, formando parte de nuestras ciudades, barrios y economías desde hace años.

Sin embargo, en los últimos días se han difundido mensajes alarmistas desde formaciones el PP y Vox que conviene analizar con rigor. Se ha llegado a afirmar que las personas que se van a regularizar tienen antecedentes policiales o que esta medida provocará una llegada masiva de migrantes. Son afirmaciones que, además de simplificar una realidad compleja, contribuyen a generar miedo y desinformación.

En primer lugar, los procesos de regularización no son indiscriminados. Exigen cumplir requisitos concretos, entre ellos la permanencia continuada en España durante un periodo determinado y la acreditación de arraigo. Además, la normativa contempla controles y condiciones que impiden que personas con determinados antecedentes penales puedan beneficiarse de estos procesos.

Reducirlo todo a la idea de que se regulariza a delincuentes no solo es falso, sino profundamente injusto. En segundo lugar, la idea de un supuesto aumento masivo de llegadas se repite como argumento cada vez que se plantea una medida de este tipo, pese a que la evidencia demuestra que los flujos migratorios responden a factores mucho más complejos: conflictos, desigualdad económica, redes familiares o la demanda de mano de obra en los países de destino.

Pensar que una regularización dirigida a personas que ya viven aquí desde hace años va a provocar una llegada masiva es, cuanto menos, una simplificación interesada. Hablamos de personas que llevan tiempo conviviendo con nosotros, que han echado raíces, que trabajan —muchas veces en la economía sumergida— y que contribuyen, aunque no siempre de manera visible, al funcionamiento diario de nuestra sociedad.

La regularización les permite salir de la invisibilidad legal y acceder a derechos básicos: un contrato de trabajo digno, la posibilidad de alquilar una vivienda, cotizar, pagar impuestos de forma plena y participar en igualdad de condiciones. Negar esta realidad no hace que desaparezca. Al contrario, perpetúa situaciones de precariedad que afectan no solo a las personas migrantes, sino al conjunto de la sociedad. La irregularidad favorece la explotación laboral, presiona a la baja las condiciones de trabajo y dificulta la convivencia.

Regularizar, por tanto, no es solo una cuestión de justicia social, sino también de orden y de sentido práctico. Es legítimo debatir cómo gestionar la migración, qué modelo de acogida queremos o cómo garantizar la sostenibilidad de nuestros servicios públicos. Pero ese debate debe partir de hechos, no de bulos. Y el hecho es que estas personas ya están aquí.

Regularizar no es abrir la puerta: es hacer política con la realidad y no con el miedo. Regularizar no es un efecto llamada: es una decisión valiente frente a quienes prefieren alimentar bulos. Regularizar no es ceder: es gobernar con responsabilidad frente al ruido y la desinformación. Regularizar no es invitar a venir: es dejar de mirar hacia otro lado ante una realidad que algunos prefieren explotar políticamente.

Regularizar no es debilidad: es justicia social frente a quienes hacen de la mentira su estrategia. Regularizar no es el problema: el problema es construir discursos basados en el miedo y no en los hechos.

Señores y señoras de la derecha, basta de utilizar la migración para sembrar miedo y dividir a la sociedad. Menos bulos y más responsabilidad. Y si de verdad creen en los valores cristianos que dicen defender, recuerden algo básico: Jesús de Nazaret no excluía, no señalaba y no discriminaba. Acogía. Todo lo demás es hipocresía política.