¿Sirve el Plan de Vivienda para que los jóvenes no tengan que buscar con quien compartir piso?

Las cartas de los lectores son un buen pulso de la calle. Inés Herrán tiene veintitantos, vive con sus padres y en una carta enviada esta misma semana cuenta que emanciparse es hoy un objetivo imposible. “La nueva meta ya no es tener un piso propio, es encontrar a alguien de confianza con quien compartirlo”, dice. Un padre también relataba estos días en otra carta que su hijo ha tenido mejor suerte que Inés, pero lamentaba que del esfuerzo hecho en 2025 (15.033 euros) para un piso que aún no le han entregado solo ha podido desgravarse 68,22 euros, porque la deducción autonómica es muy restrictiva, mientras que casi un tercio de lo gastado en la cuota del gimnasio sí ha podido desgravarlo. Una incongruencia más que demuestra que todos podrían hacer algo más con el gran problema de este tiempo.

Ahora, tras años de lucha en vano contra el desenfreno de los precios de la vivienda, el Gobierno presenta un plan estatal. Decía Andrés Boix hace poco en estas páginas que la vivienda es el ejemplo claro de una voluntad recentralizadora cada vez más presente. Está claro que grandes problemas requieren grandes soluciones. O sea, que es lógico que el Gobierno del Estado se ponga sobre el asunto de la vivienda. Lo contrario sería escurrir la realidad y el bulto. La cuestión es si el procedimiento es el apropiado cuando las competencias en esta materia son de las autonomías. Por tanto, de estas dependerá que el plan ruede o sea un anuncio más sin resultados reales. El camino seguido aquí ha sido, tras alguna reunión sectorial sin frutos, aprobar y lanzar el plan en el Consejo de Ministros y luego firmar los convenios de colaboración con las comunidades, algunas de las cuales, como la valenciana, ya han puesto pegas (como a todo lo que viene del partido contrario, por otra parte). Debería dar lugar a una reflexión si, en un estado compuesto como el español, no debería estar protocolizado que el procedimiento sea el inverso: primero se dialoga, se negocia y se saca adelante con las autonomías un plan sobre algo que entra dentro del ámbito de actuación de estas, y luego se lleva a la mesa del Ejecutivo con unas cifras y características que, a lo mejor, no son las inicialmente planteadas por el ministerio de turno, pero tienen más posibilidades de poder ser llevadas a la práctica porque están consensuadas de antemano con quienes tienen de su parte, no conviene olvidarlo, no solo la tinta de los estatutos de autonomía sino también la legitimación de las urnas. No es solo cuestión de respeto a la periferia, es respeto a las personas. Y eso lo deberían recordar todos, de uno y otro lado, porque el dilema no debería ser entre imposición o inacción, que es en lo que se cae cuando el diálogo no prospera, como tantas veces pasa en esta política con problemas de inmadurez. Si lo que interesa es que Inés, y tantos como ella, no tengan como meta encontrar a alguien potable con quien compartir piso, conviene creer de una vez en eso de la coordinación y la clarificación de competencias y deberes. Si lo que manda es la propaganda y la estrategia política (partidista), podemos seguir como hasta ahora, vistos los resultados en distintos campos: vivienda, menores, inmigración… Este camino lo tenemos muy trillado.

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