La gangrena

Soy valenciano porque nací en Alicante. Español porque me dieron a luz en este país. Y europeo porque España está en este continente. Pero ninguna de esas circunstancias azarosas me definen como persona, ni mucho menos me impelen a establecer lazos con quien no quiero. No soy compatriota de Santiago Abascal. Soy y me siento, siguiendo al recientemente fallecido Habermas, compatriota de aquellos con quienes, sean de donde sean, comparto una serie de valores (la solidaridad y la empatía, la igualdad de oportunidades, la redistribución justa de la riqueza, la libertad, la democracia frente a cualquier tipo de autoritarismo, el espíritu crítico frente a los tecnoligarcas…) que son, por esencia, universales y radicalmente contrarios a los que pregona el líder de la extrema derecha indígena.

No entiendo, por ello, qué es la «prioridad nacional», ese eslogan que te invita a no pensar y que tanto rédito le ha dado a Marine Le Pen, la primera en atreverse a desenterrarlo de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Pero soy muy consciente del peligro que representa ese sintagma tramposo que la ultraderecha va a explotar ahora aquí hasta la náusea. Porque las palabras no son inocentes, sino que conforman el marco mental con el que interpretamos la realidad. «Los límites de mi lengua configuran mi mapa del mundo», dejó dicho Wittgenstein. Pero ya los Evangelios afirmaron que «en el principio fue el Verbo», la palabra. No vale, por ello, combatirlas solo apelando a la ley, alegando que lo que Abascal y los suyos quieren (recortar de forma miserable el derecho a la Sanidad o a la Educación de los no nacidos en España) no tiene cabida en las actuales normas, tanto españolas como europeas. Eso ya lo sabe Abascal, pero lo que él siembra es la gangrena, lo que hace es establecer la diferencia como alfa y omega de todo. Da igual si eso no está en la ley, porque lo que pretende es que esté en las cabezas y en las tripas. La ultraderecha no quiere ciudadanos, sino súbditos y siervos. Por eso se niega a regularizar a personas que viven y trabajan a nuestro lado: para seguir teniendo mano de obra barata y sin derechos introduciendo la falsa ilusión de que solo por eso los que sí tienen una partida de nacimiento verán resueltos sus problemas.

Nunca en la historia ha sido así, sino todo lo contrario. El tributo a pagar por la discriminación y el aislamiento siempre ha sido el de la sangre y el sufrimiento. Sangre y sufrimiento inútil, porque jamás ha mejorado la vida de nadie: por supuesto no la de los discriminados, pero tampoco la de los discriminadores. Escribía hace unos días en estas mismas páginas el catedrático Antonio Escudero que el pacto suscrito por el PP y Vox en Extremadura, que los voxistas quieren extender primero al resto de autonomías y, por fin, al Gobierno de España si consiguen llegar a él en comandita con los de Feijóo es, sencillamente, inmoral. Y recurría a Kant, padre de la ética política que está en la esencia del modelo que ha hecho de Europa un referente, para recordar su definición del imperativo categórico: «Actúa solo según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal». Está bien traído, pero ni siquiera es necesario apelar al filósofo alemán. ¿El trato que queremos dar aquí a los que vinieron persiguiendo una oportunidad es el que deseamos que den a nuestros hijos cuando también salen fuera a buscarla? No hacen falta grandes reflexiones para responder a eso. Basta con escuchar nuestro instinto, o atender a la experiencia que una generación tras otra ha soportado, para saber que no.

Hablaba también esta semana el subdirector de Levante Alfons Garcia de las paradojas. Concretamente, de la paradoja que vive la secretaria general del PSPV y ministra de Innovación, Diana Morant, una candidata que no convence ni a los propios ni a los extraños pero que, sin embargo, sigue en la carrera cuando se van a cumplir dos años de su designación por orden de Pedro Sánchez y sin debate ni votación por parte de la militancia de su partido. Morant participó el miércoles en un acto organizado por la Fundación Conexus en Madrid, con el pretendido fin de que explicara su proyecto. No lo hizo. Acusó al president Juan Francisco Pérez Llorca de no tener un plan para la Comunitat Valenciana, pero ella tampoco dijo cuál era el suyo. Dedicó prácticamente todo el tiempo a hablar del Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de mostrarnos cuál sería el suyo de ganar las elecciones. Ni una emoción en la voz, ni una idea nueva en el discurso. Tal es así, que su equipo de comunicación no encontró dónde agarrarse para elaborar la consabida nota de prensa sobre el acto, y tuvo que enviar una titulada, se lo juro: «Morant aboga por la colaboración público-privada y una financiación justa como impulso para la Comunitat Valenciana». Uno de los más destacados cargos socialistas sentados en la mesa presidencial del acto me envió un whatsapp que decía: «Sé compasivo».

Lo de Morant va más allá de la paradoja que decía Alfons Garcia. Es un dilema, para ella y para su partido. Para ella, porque dos años después sigue sin resolver para qué quiere ser candidata a presidir esta Comunitat. Ni siquiera está claro si de verdad quiere, o está ahí porque la pusieron de la misma manera que podría estar en otro sitio donde la hubieran puesto. De hecho, su pulcro discurso en la Fundación Conexus no fue el de una candidata a la Generalitat, sino el de una cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valencia, encargo con el que está claro que se sentiría más cómoda. A falta de un proyecto de futuro, Morant podría al menos haber levantado la voz para garantizar que, con ella en la presidencia, ninguna persona sería relegada en un centro sanitario por no haber nacido aquí, ninguna ONG sería perseguida por atender vulnerables. No lo consideró necesario.

Pero también se enfrenta a un grave dilema el actual president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y su partido, el PP. A un año poco más o menos para las elecciones, Llorca se encuentra en una situación de lo más insólita: la de postulante. Es el jefe del Gobierno con legitimidad plena, porque así lo votaron los diputados, que en nuestro sistema parlamentario son los que deciden quién nos preside. Pero en lo orgánico, sigue pendiente de que su liderazgo se constate en un congreso que Feijóo se resiste a convocar (ahora están con el martilleo de que depende de lo que ocurra en las andaluzas del 17 de mayo) y de las subsiguientes primarias que revaliden su candidatura a la Generalitat.

En ese limbo en el que deambula, con el poder ejecutivo temporalmente en sus manos pero el orgánico a la espera de acontecimientos, Llorca está convencido de que si quiere repetir tiene que importunar lo menos posible a Feijóo, que de la Comunitat Valenciana no se fía y con razón. El dilema para el president es que, si se pasa en la obediencia, puede que sea candidato pero no repita como jefe del Consell porque al final ni con Vox le den los números. Los electores, más en tiempos de crisis, quieren dirigentes decididos, no políticos de perfil. El caso, y volvemos al principio, es que el PP se está equivocando asumiendo el discurso de Vox en vez de ponerle límites, que una cosa es asociarse y otra muy distinta que te colonicen. Y Llorca está jugando a ser, en eso, el compañero más obediente de Feijóo. Intenta no hacer ruido, al contrario del estridente concierto de heavy metal con que nos desayunábamos día sí y día también en tiempos de su predecesor, pero siempre acaba por aplicar en la Comunitat Valenciana antes que nadie los principios que Vox impone, que le pregunten a Cáritas las subvenciones que ha perdido aquí antes de que se las quitaran en Extremadura, como recordaba también en estas páginas Joan-Carles Martí. Si Llorca sigue al frente de esta autonomía después de las elecciones de mayo del 27 veremos qué presidente es. Pero en el interín ha optado por ser escudero antes que barón.

CODA: Sé que voy, de lo serio, a lo patético. Pero resulta inevitable, antes de acabar, hacer siquiera una pequeña mención, por enésima vez, a «lo de Baño». Para no aburrirles más, se lo contaré en términos cinematográficos. De los productores de «Hermano, yo sí te creo», de los creadores de «Coge el bono y corre», de los protagonistas de «Un casoplón con vistas», llega ahora «El presidente ilegal». Carlos Baño perdió la condición de miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Alicante en 2023, cuando extinguió la empresa por la que había sido elegido como miembro de la institución sin comunicárselo a nadie, ni siquiera al secretario general de la entidad, al que ahora quiere convertir en cabeza de turco para salvar la suya. No se puede ser alcalde sin ser concejal. Ni presidente de la Generalitat sin ser diputado autonómico. Ni rector sin ser catedrático. Ni presidente de la Cámara si se pierde la condición de miembro del pleno. Pero Baño dice que eso es «un tecnicismo». La ley es para los demás, pero no para él. La Cámara es una entidad de derecho público, que en el caso de Alicante recibe un 87 % de su presupuesto de las arcas públicas. Pero aún no sabemos qué piensan de esta penúltima burla de la legalidad ni el presidente de la Generalitat ni la ministra candidata. Y ese estruendoso silencio no es ya un dilema, es una peligrosa dejación de responsabilidades por parte de ambos. Porque cuando no te atreves a amputar el miembro gangrenado, la ponzoña lo pudre todo.

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