Un piso propio, vaya frivolidad

Hace unos días, de regreso a casa por la pista de Silla, casi provoco un accidente. Acababa de darle al botón de la radio, cuando escuché a Isabel Natividad Díaz Ayuso, con la chulería castiza que le caracteriza, soltar que en España cada vez menos gente quiere tener propiedades. Confieso que esta no me la vi venir, porque no conozco a nadie de mi entorno que no ande desesperado por disfrutar de un pisito propio. La lideresa madrileña culpaba de todos los males a las políticas chavistas del Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que se mofaba de la lucha de clases y cantaba las virtudes del neoliberalismo más descarnado. Al momento, pensé que esa renuncia voluntaria a la propiedad nunca debió pasarle por la cabeza a su pareja, Alberto González Amador, que optó por comprar el ático que, hasta ese momento, ambos disfrutaban en una zona chic de Madrid. En este caso, sí que era preferible adquirir un inmueble y no hacer frente a un alquiler de 5.000 euros mensuales. Siempre hay excepciones…

Donde tampoco han perdido el deseo inmobiliario es en Alicante. En concreto, algunas personas relacionadas con el ayuntamiento que dirige el popular Luis Barcala. Todo apunta a que se emplearon a fondo para adjudicarse, a precios de VPP, una promoción oficial que, para mayor sorpresa, contaba con pistas de pádel y piscina. Muy de película de Berlanga, si no fuera por lo crudo que lo tiene la ciudadanía de a pie para emanciparse del nido familiar. Además del uso de información privilegiada, aunque eso ya lo dirimirá la señora jueza que lleva la instrucción, debieron utilizar todos los recursos de la administración para saltarse varios puestos en la cola. El caso de Las Naus ha condicionado, también, el nuevo Plan Estatal de Vivienda anunciado esta semana por el Consejo de Ministros. Una apuesta del ejecutivo español que contempla, además de otras medidas, una cláusula antifraude «para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante». Literal.

Entre los que pasarán por sede judicial -quince investigados por el momento-, figuran una exconcejala, una exdirectora general, dos arquitectos municipales, el responsable de la empresa que gestiona la cooperativa y el funcionario encargado de validar los visados de los 140 propietarios. Y también, otros diez compradores que, según la Generalitat, no han podido acreditar que cumplen con los requisitos exigidos. Gente, a priori, con perfiles muy alejados de un producto pensado para familias con ingresos medios o bajos. Pero claro, a diferencia de lo que sostiene la gran Díaz Ayuso, todos los implicados en la polémica destapada por los compañeros del periódico Información no habían perdido las ganas de tener propiedades. Ni un ápice, y al precio que fuera. Lo dicho, siempre hay excepciones.

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