Antes de que te cueste la salud

Permíteme empezar con una pregunta que nadie te hace cuando firmas tu primer contrato: ¿sabes cuáles son los riesgos de tu puesto de trabajo? No los que aparecen en el documento genérico que te entregan junto al contrato y que muy probablemente firmaste sin leer porque había cuatro folios más detrás y el jefe esperaba. Los reales. Los que afectan a tu cuerpo, a tu espalda, a tu cabeza, a tus ojos, a tus horas de sueño. Los que no se llaman “accidenteˮ pero se acumulan con el tiempo, hasta que un día tu cuerpo decide parar por ti.

Porque en España mueren más de dos personas cada día por culpa de su trabajo, más de 700 al año y si contamos las enfermedades laborales —esas que no se ven porque no tienen un momento concreto ni una foto dramática para una portada— la cifra se multiplica por cuatro. Cuatro veces más muertes que los accidentes visibles, y la gran mayoría de ellas eran evitables. Esa es la palabra clave: evitables y aquí está el primer problema.

Seguramente no conozcas el INVASSAT, yo te explico: es el organismo autonómico que vela por la seguridad y salud laboral en la Comunitat Valenciana, lleva años documentando una realidad que conviene conocer antes de ese primer contrato: los sectores que concentran más bajas por enfermedad profesional son la industria y los servicios —hostelería, comercio, logística, cuidados— esto es, precisamente los sectores donde más personas inician su vida laboral. Y los datos estatales de 2024 lo confirman con una claridad que incomoda: las personas trabajadoras de entre 16 y 34 años sufrieron el 28 % de los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, incluyendo 602 accidentes graves y 70 mortales. Repito: 70 personas de entre 16 y 34 años que no volvieron a casa, y eso sin contar los accidentes de camino al trabajo o de vuelta. Si reducimos el rango observamos que las personas de 16 a 24 años presentan tasas de siniestralidad superiores a la media, concentradas precisamente en hostelería, industria y comercio.

Y hasta aquí podemos leer estos datos de dos formas, como una estadística fría con cifras que uno ve en un telediario y que se evaporan antes de que acabe el bloque de anuncios, o podemos leerlos como lo que son: una señal de que algo falla repetidamente, justo en el momento en el que son más vulnerables aquellas personas que quieren iniciarse a trabajar, que es cuando menos experiencia tienen, cuando menos se atreven a preguntar y cuando más necesitan que alguien les explique lo que nadie les explica.

La alta siniestralidad que sufren las personas trabajadoras más jóvenes tiene una relación directa con las condiciones del mercado laboral, algo que ya está en nuestro día a día, la precariedad. Esto es, contratos temporales encadenados, falta de formación específica en el puesto, bajos salarios, horarios irregulares y una menor participación en la acción colectiva, bien por desconocimiento o bien por miedo a represalias. Miedo a represalias. En 2026. Que quede escrito.

La prevención empieza exactamente aquí: en saber que esto existe, en no decir que ese accidente “era inevitableˮ y en entender que hay herramientas para prevenirlo antes de que ocurra. Antes, y no después de la lesión, no después de la baja, no después de que tu cuerpo lleve años absorbiendo lo que debería haberse corregido desde el primer día.

En numerosas ocasiones esto es el precio que pagamos por querer demostrar que valemos y caemos en la trampa invisible de quienes empezamos a trabajar con la sensación de que todavía tenemos que demostrar algo, de que somos los primeros en llegar y los últimos que pueden irse, de que pedir lo que nos corresponde por ley es arriesgarse a que te etiqueten de conflictivo. Es como entrar en una casa nueva y no atreverte a mover los muebles aunque te golpees con ellos cada día, porque todavía no sabes si tienes derecho a opinar sobre cómo está organizada. Y esa trampa tiene nombre; se llama autoexigencia mal entendida y es, en parte, el resultado de años de un mercado laboral que nos ha enseñado a competir entre nosotros en lugar de exigir juntos, que ha conseguido que varias generaciones interioricen como virtud personal lo que en realidad es una condición estructural impuesta.

Llegamos al primer trabajo con la mochila cargada de "hay que estar disponibles", "hay que ser flexibles", "hay que adaptarse", "hay que aguantar" y lo hacemos, claro que lo hacemos, porque necesitamos el dinero, porque necesitamos un techo, porque necesitamos la experiencia, y todo eso es completamente comprensible y al mismo tiempo, es exactamente el caldo de cultivo en el que la precariedad crece sin que nadie la llame por su nombre. Porque la precariedad no llega con la carta de despido. A veces llega en forma de turno de doce horas cuándo deberían ser ocho, llega en forma de grupo de WhatsApp de empresa que nunca se apaga, en forma de "es que aquí siempre ha sido así" dicho con la misma naturalidad con que se comenta el tiempo, llega con un “Bussines Campˮ o con un “afterworkˮ tras 8 horas cara una pantalla. Y esa presión constante, esa sensación de vivir permanentemente en la cuerda floja, tiene un coste físico y mental que tardamos demasiado tiempo en reconocer como lo que es: un daño derivado de las condiciones de trabajo.

Hace unos meses escribí sobre cómo nos dicen que los jóvenes tenemos la cabeza llena de pájaros y es que las bajas por salud mental han aumentado un 121 % en la última década. Un 121 %, y duran entre dos y cuatro meses de media, pero hay un dato que me parece aún más revelador y es que quienes tienen de 20 a 24 años, el consumo de antidepresivos ha aumentado un 52 % desde 2017, y un 40,4 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años. Esto es una realidad que la precariedad está construyendo sobre nosotros poco a poco y sin prestarle mucha atención.

Esto no me lo invento yo, la investigación de la Fundación La Caixa lo sostiene con datos: el 31 % de las personas de entre 20 y 34 años presentan riesgo potencial de depresión o ansiedad, y el 40,6 % afirma sufrir al menos un problema de salud física o mental debido a la inseguridad económica. Esto es la consecuencia de que la precariedad, que desestructura la vida cotidiana, dificulta planificar el futuro, te instala en un estado de alerta permanente que el cuerpo no puede soportar indefinidamente y cuando todo eso ocurre dentro de un entorno de trabajo y el origen está en las condiciones laborales es un riesgo laboral. Y un trabajador en situación precaria es un trabajador más expuesto, con menos herramientas para defenderse y con más razones para callar. Fin del asunto.

Este año se modernizará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, treinta años después de su publicación, precisamente para impulsar que las patologías mentales derivadas del trabajo se reconozcan como enfermedades profesionales, para que haya normativa específica sobre riesgos psicosociales y para que el derecho a la desconexión digital sea por fin una realidad y no será gracias a la buena voluntad empresarial sino a un acuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos, que apuestan por la prevención de todas y todos los trabajadores.

Te preguntarás ¿quién vigila que se cumpla?, pues los delegados y delegadas de prevención que son figuras con derechos reconocidos por ley para vigilar, exigir y actuar frente a cualquier riesgo en el entorno laboral. Ellos son el único mecanismo de control dentro de una empresa, los únicos para decir "esto no está bien", y en la inmensa mayoría de los casos a su vez son representantes de los trabajadores, porque sin sindicatos, no hay delegados y sin delegados no hay nadie mirando por ti. Es así de sencillo y así de grave.

El Sistema español de relaciones laborales es algo complejo y denso de explicar pero se debe valorar mucho más la función de los sindicatos ya que detrás de cada mejora que

hoy damos por hecha —la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la baja por enfermedad, el permiso de maternidad— hay personas que se organizaron, que se expusieron, que en muchos casos murieron por lo que hoy nos parece tan obvio y la única manera de que esos riesgos se tomen en serio dentro de una empresa es que haya alguien, con respaldo colectivo y derechos reconocidos, capaz de ponerlos encima de la mesa y exigir que se resuelvan.

Tu salud lo merece y no es poco.