Suelo público, piscinas privadas

Una permuta de suelo público vuelve a calentar la conversación política de València, de nuevo alentado por el grupo municipal socialista, que además ha encontrado eco en los vecinos de Natzaret. La operación inmobiliaria viene de lejos. A mediados de 2025, la Generalitat acordó -a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)- ceder tres parcelas a la promotora Albaluz Desarrollos Urbanos a cambio de quedarse con 10 de las 77 viviendas unifamiliares que la sociedad construirá en estas pastillas de suelo.

La denominada ‘Unidad de Ejecución UE-2’ fue definida en 2002 como zona residencial destinada a realojar a las familias afectadas por la actuación en la pedanía de La Punta, dentro del desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València. El planeamiento establecía que el uso de estos terrenos debía ser residencial unifamiliar del tipo «Cases de Poble» y un máximo de dos plantas.

Posteriormente, ya en 2025, la EVHA saca el suelo a la licitación de permuta y solo se presentan dos empresas, pero Cuper Promociones queda fuera por no subsanar los errores, de modo que Albaluz obtiene el «pleno dominio de la parcela» con capacidad para gestionar enteramente las 77 viviendas de protección pública y promoción privada, así como su comercialización. Según el acuerdo con la Generalitat, diez de ellas pasarán al parque público y el resto podrán salir al mercado para adjudicarse a personas que cumplan los requisitos de vivienda protegida.

De hecho, en teoría ya han salido. Al llamar a la inmobiliaria, un agente explica que las casas se vendieron todas cuando la permuta de la Generalitat se contó en prensa. Ni siquiera les dio tiempo a publicitarlas en Idealista. «Está todo vendido, pero estamos esperando una revisión de la Generalitat», explica. «Tenemos lista de espera, pero hay bastante gente», añade. En su página web, la promotora habla de “maravillosos adosados a minutos en coche del centro de Valencia, detrás del Oceanográfico. Con zonas comunes, piscina y garaje».

En realidad, el trámite pendiente guarda relación con el ayuntamiento. El 20 de febrero, la Junta de Gobierno Local acordó someter a exposición pública el Estudio de Detalle de la citada promoción, en el cual se plantea reajustar las alineaciones de los edificios marcadas en un estudio anterior de 2008 para adaptarlas a la nueva propuesta de 77 viviendas VPP. Entre otras cuestiones, se plantea suprimir itinerarios peatonales para generar en su lugar zonas comunes privadas para propietarios. Con esta nueva organización, detrás de las hileras de casas se libera espacio para zonas ajardinadas y piscina para cada una de las tres manzanas -con 15, 32 y 30 viviendas-.

Este intento de modificación ha indignado a los vecinos del barrio de Natzaret. En sus alegaciones, canalizadas a través de la Federación de Asociaciones Vecinales para alcanzar mayor resonancia, denuncian que este modelo de «lujo protegido» contradice la ley, ya que la vivienda protegida debe estar destinada a usuarios con ingresos limitados, y preguntan cuál es el interés público de «incluir elementos elitistas en un contexto de emergencia habitacional». Además lamentan que el estudio «privatice» espacios públicos de tránsito. Y alertan sobre el riesgo de que el aumento del valor de la promoción por tener piscinas propicie los pagos «en B». Finalmente, los vecinos consideran que la modificación de planeamiento busca satisfacer a la promotora privada incumpliendo el objetivo original del suelo, reservado para realojar dignamente a las familias afectadas por la ZAL.

Por su parte, el portavoz socialista Borja Sanjuan ha alegado que el estudio propone una tipología de manzana con edificaciones a los cuatro lados y patio interior inexistente en Natzaret, con lo que rompería con la estructura urbana del barrio solo para «favorecer al promotor». Asimismo, remarca que las zonas comunes privadas dinamitan la cohesión social del barrio y empuja a sus inquilinos a relacionarse únicamente con los vecinos de la parcela. En declaraciones a los medios, Sanjuan atacó al gobierno municipal sugiriendo: «Con el dinero de todos, en el suelo de todos que le hemos regalado a una promotora a cambio de solamente 10 viviendas, se quieren hacer adosados con piscina privada para amigos y amigas de gente que tiene que estar muy bien relacionada para que esa promotora le reserve la vivienda sin sacar la oferta».

En su defensa, el ayuntamiento contestó que no ha realizado permuta alguna ni ha adjudicado las viviendas señaladas, que el supuesto pelotazo del PSPV se «asienta en una ficción sobre a quién cree que se van a adjudicar viviendas que no están ni construidas», y que insinuar corrupción sistémica sin pruebas «por parte de quienes solo fueron capaces de construir catorce viviendas a quien más daño hace es a quienes están esperando viviendas protegidas».

Sea como sea, las permutas de suelo público a cambio de vivienda suponen un filón político para los socialistas y un quebradero de cabeza para el PP, tanto en el ayuntamiento como ahora en la Generalitat. Actualmente hay en València tres operaciones aparentemente muy lucrativas rodeadas de sospechas. Antifraude está investigando al consistorio por ceder cuatro solares de Quatre Carreres donde se podrían construir 415 VPP a cambio de adquirir 86 viviendas públicas, y la Fiscalía debe aún decidir si abre diligencias por la permuta de suelo público a cambio de 39 pisos que ya habían sido reservados por familias antes de firmarse esta operación. 

La tercera es esta, ¿quién sale ganando con ella? La inmobiliaria Albaluz fue fundada en 2013 y está liderada por el valenciano Dimas de Andrés, director de Medcap Real Estate, con el 60% de la empresa, y por Sebastián Moreno, con el 40%. A lo largo de estos años ha desarrollado más de 10.000 viviendas, principalmente en Albacete provincia. En 2025 Forbes elaboró un ranking de grandes fortunas en cada comunidad autónoma y -descontados grandes empresarios a escala nacional como Roig o Boluda- el primer puesto se lo llevaba Dimas de Andrés Puyol y familia con un patrimonio de 345 millones de euros. 

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