Defender al profesorado es defender la educación pública

Hay momentos en los que un conflicto deja de ser sectorial y se convierte en una cuestión que implica a toda la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo hoy con la movilización del profesorado valenciano.

Durante meses, miles de docentes han salido a la calle, han secundado huelgas y han advertido de que, si la Conselleria de Educación sigue sin negociar de verdad, mayo puede abrir una nueva fase de conflicto con una huelga indefinida. Sus reivindicaciones son conocidas. Recuperación del poder adquisitivo, sí. Pero también reducción de ratios, refuerzo de plantillas, menos burocracia, mejores infraestructuras y una política educativa que no utilice la lengua como arma de confrontación.

Y conviene decirlo con claridad. El profesorado valenciano nunca se ha movilizado solo por cuestiones retributivas. Esa es una caricatura interesada que el Consell difunde para intentar deslegitimar la protesta. La realidad es otra. Cuando los docentes se movilizan, están diciendo algo más profundo. Están diciendo que el sistema se resiente, que los centros llegan al límite, que faltan recursos y que así no se puede garantizar una educación pública de calidad.

Por eso resulta tan injusto el doble discurso que estamos viendo estos días desde la Conselleria. Por una parte, se sugiere que las huelgas perjudican al alumnado y a las familias, como si el problema fuera la protesta y no la ausencia de respuesta política que la provoca. Por otra, se desliza la idea de que es sospechoso que ahora sí haya movilización por las retribuciones y antes no. Dos ataques con un mismo objetivo. Romper el apoyo de la comunidad educativa y desviar la atención del verdadero problema, que no es otro que la incapacidad del Consell para sentarse a negociar con seriedad.

La estrategia, además, no está funcionando del todo. Porque las familias saben perfectamente lo que se está jugando. La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic y la Confederació Gonzalo Anaya, mayoritaria entre las familias de la escuela pública, han mantenido una posición clara de defensa de la educación pública y de denuncia de la mala gestión del Consell. Eso desmonta el intento de enfrentar a docentes y familias. Aquí no hay una reivindicación egoísta. Aquí hay una comunidad educativa diciendo basta.

Conviene recordar, además, algo que el PP intenta borrar de la memoria colectiva. Con el anterior gobierno se avanzó claramente en la reducción de ratios, en el incremento del profesorado, en la mejora de las infraestructuras y en una política lingüística orientada a la convivencia, al aprendizaje y a la integración, no a la división del alumnado. Hubo una dirección política reconocible en favor del refuerzo de la escuela pública. Y hubo también algo decisivo. Hubo negociación. Durante ocho años, con aciertos y con errores, la Conselleria se sentó a hablar con los sindicatos y con la comunidad educativa. Lo hizo especialmente en la pandemia, el momento más difícil que ha vivido el sistema en décadas, con reuniones permanentes y decisiones orientadas a sostener los centros, al profesorado, al alumnado y a las familias.

La comparación con lo que ha ocurrido después de la DANA resulta todavía más elocuente. La comunidad educativa afectada ha denunciado retrasos, falta de apoyo suficiente y soluciones provisionales que se eternizan. Meses después, miles de alumnos seguían en aulas prefabricadas o en condiciones impropias de una reconstrucción seria, sin apoyo psicológico, sin refuerzos específicos, mientras las familias reclamaban más apoyo y una respuesta a la altura.

Por eso, cuando el Consell intenta desautorizar la movilización docente, lo que hace en realidad es retratarse a sí mismo. Porque un gobierno que cree en la educación pública no responde a las huelgas con propaganda. Responde con negociación. Un gobierno que entiende la importancia del profesorado no busca enfrentarlo con las familias. Busca acuerdos. Un gobierno que se toma en serio la calidad educativa no se esconde detrás de excusas presupuestarias o de ataques al pasado. Asume su responsabilidad y actúa.

Cada cual puede hacer memoria. Cada docente sabe si hoy se siente más escuchado o más solo. Cada familia sabe si percibe una Conselleria que acompaña o una Conselleria que improvisa. Cada equipo directivo sabe si tiene delante una administración que resuelve o una administración que desplaza los problemas hacia abajo. Y la sociedad valenciana en su conjunto debería preguntarse qué dice de un gobierno el hecho de tener enfrentada a una parte tan amplia de su comunidad educativa.

Desde el PSPV-PSOE lo decimos con claridad. El profesorado valenciano merece respeto, apoyo y una negociación real. Merece que se reconozca que sus reivindicaciones no hablan solo de salarios, sino del funcionamiento y la calidad del sistema educativo en su conjunto, de las ratios, de las plantillas, de los recursos, de las infraestructuras y también de una política lingüística sensata que no fracture la convivencia en los centros. Merece una Conselleria que deje de poner excusas y se siente de verdad a buscar soluciones.

Porque cuando se moviliza el profesorado, no está defendiendo solo sus condiciones. Está defendiendo la educación pública. Y cuando un gobierno no entiende eso, el problema ya no es laboral. El problema es político.