Sanidad valenciana: mayor gasto y opacidad para una gestión deficiente

El Consell de la Generalitat Valenciana ha elevado el presupuesto sanitario en los últimos ejercicios. En 2024 se presupuestaron 8.504 millones de euros, pero la ejecución real fue superior: 9.902 millones. En 2025 se presupuestaron 9.170 millones (récord histórico) y para 2026 se han proyectado 9.350.

Pero, de estas cantidades, es imposible averiguar cuánto dinero se ha transferido exactamente a la sanidad privada. No hay publicada ninguna cifra oficial cerrada. Los datos aparecen fragmentados entre conciertos hospitalarios, hemodiálisis, prestaciones externas, planes de choque y liquidaciones de antiguas concesiones. Se trata, por tanto, de un problema de transparencia.

En el presupuesto de 2025 aparecen partidas específicas de conciertos con centros hospitalarios privados por 240,2 millones en Atención Hospitalaria y de conciertos con servicios de hemodiálisis por 32,47 millones en Prestaciones Externas. Además, según el CES (Comité Econòmic i Social) en 2024 se remitieron 44.279 solicitudes de intervenciones quirúrgicas a hospitales concertados dentro de los llamados planes de choque. A ello se suma el legado de las concesiones pendientes de liquidación.

Listas de espera

A pesar de este incremento presupuestario, los resultados de la gestión sanitaria siguen siendo deficientes, con listas de espera muy altas en determinadas especialidades.

En cirugía, por ejemplo, 72.800 pacientes esperaban una intervención en diciembre pasado. La demora media era de 88 días, pero 24.360 personas llevaban más de 180 días esperando. Estas demoras presentaban, además, una distribución territorial muy desigual. Las más largas se registraban en Elx-Hospital General (137 días), Alicante-Hospital General (127), La Fe (122), Castelló (119) y Sant Joan d’Alacant (113). Las más cortas, en cambio, se daban en Elx-Crevillent (39), Requena (53), Sagunt (55), Vinaròs y Doctor Peset (59), Alcoy y Manises (61) y Marina Baixa (62).

En cuanto a primeras consultas, en 2024 había 297.694 personas esperando una primera cita especializada. Las especialidades con mayor volumen eran Oftalmología (58.707), Cirugía Ortopédica y Traumatología (51.158) y Dermatología (44.300). Según el Ministerio de Sanidad, en diciembre pasado había en la Comunitat Valenciana 434.023 pacientes en espera estructural para consultas externas, una tasa de 83,35 por 1.000 habitantes.

Distribución geográfica y recursos humanos

La Comunitat Valenciana está dividida en 24 departamentos de salud, con 242 zonas básicas y 849 centros de Atención Primaria.

Según el Catálogo Nacional de Hospitales 2024, en la Comunitat Valenciana hay un total de 62 hospitales (37 públicos y 25 privados) y 14.036 camas instaladas (11.310 públicas, 2.612 privadas y 114 en hospitales privados integrados funcionalmente en la red pública).

El reparto de centros de Atención Primaria y de hospitales públicos se realiza siguiendo criterios no solo de población, sino también de dispersión geográfica, ruralidad y peso de consultorios locales. Ello explica que exista una desigualdad muy marcada entre departamentos en términos absolutos, sobre todo en atención primaria.

Así, en 2024, según el Ministerio, el departamento de Castellón tenía 17 zonas básicas y 61 centros de Atención Primaria, mientras que Elx-Hospital General tenía 6 zonas básicas y 15 centros de Atención Primaria; Alcoi tenía 10 zonas y 41 centros y Dénia 11 zonas y 46 centros. Es decir, departamentos con un número parecido de zonas tienen redes de centros bastante distintas. Se trata, pues, de una desigualdad justificada por la estructura territorial del sistema.

Lo que ya no resulta justificable es la desigualdad funcional existente, como muestran las listas de espera quirúrgicas. Son diferencias que responden a la distinta capacidad real de respuesta. Existe, además, una dificultad estructural para cubrir plazas en las denominadas zonas de difícil cobertura, principalmente en comarcas del interior de Castellón y el sur de Alicante. La Generalitat ha implementado incentivos económicos y de puntuación en bolsa, pero la carencia de especialistas en medicina de familia y pediatría persiste.

En 2023, había 18.153 médicos trabajando en la sanidad pública de la Comunitat Valenciana y alrededor de 22.000 profesionales de enfermería. Una base profesional amplia, pero con cuellos de botella claros en primaria, urgencias y algunas especialidades hospitalarias de alta demanda o difícil cobertura.

De ahí que una de las principales reivindicaciones de los profesionales sea la contratación de más personal, con mayor estabilidad y mejores condiciones laborales. La jornada de 35 horas es una demanda histórica para equipararse a otras comunidades autónomas. También reclaman acabar con la sobrecarga de trabajo, sobre todo en atención primaria, implantando agendas cerradas con un máximo de 30 o 35 pacientes diarios que permitan garantizar una atención de calidad, frente a consultas en las que apenas pueden dedicarse cinco minutos por paciente.

A ello se añade la preocupación por la lentitud de la reforma del estatuto marco, de ámbito estatal, cuya aprobación definitiva tendría consecuencias relevantes para las condiciones laborales del personal sanitario.

Principal campo de batalla político

La sanidad pública es actualmente el principal campo de batalla político. Partidos de la oposición y sindicatos denuncian una privatización encubierta mediante el desvío de servicios hacia el sector privado, en lugar de fortalecer la estructura pública permanente.

Como la dependencia del sector privado sigue ocupando un espacio relevante en la gestión sanitaria, la opacidad sobre el coste real de esta externalización ha llevado a la Sindicatura de Comptes a constatar un entramado complejo de liquidaciones pendientes, recursos y compensaciones que dificulta una lectura simple y transparente del coste final.

Hay síntomas de fatiga estructural que no se corrigen solo con más dinero

Pese a la extensa red existente, la atención primaria padece una debilidad notable derivada de la sobrecarga asistencial, la burocracia y la dispersión geográfica, lo que evidencia una gestión deficitaria. Ha aumentado el presupuesto, pero ese incremento no se está traduciendo en una mejora suficiente de la accesibilidad de los pacientes (sobre todo en cirugía, atención primaria y determinadas especialidades) ni en una mejora apreciable de la situación laboral de los profesionales.

Hay síntomas de fatiga estructural que no se corrigen solo con más dinero. La subida del gasto debe ir acompañada de una mayor capacidad propia, de un refuerzo real de la atención primaria, de una reducción de las demoras y de una menor dependencia de soluciones de choque que terminan beneficiando a empresas privadas.