Primero de Mayo: legitimidad del sindicalismo

Desde su declaración como Día Internacional de los Trabajadores, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la IIª Internacional (París, 1889), el 1º de Mayo se ha consolidado como el referente simbólico de la larga lucha del sindicalismo de clase por la justicia y contra la desigualdad social.

Durante siglo y medio, pese a todo tipo de dificultades, los sindicatos han desarrollado estrategias de organización e intervención social para combatir la profunda asimetría que caracteriza la relación individual empresa/trabajador impulsando, a nivel tanto global como local, diversos dispositivos colectivos, desde el iuslaboralismo a la negociación de convenios y la convocatoria de huelgas en defensa y promoción de los derechos e intereses de los asalariados.

Aun siendo, con mucho, el movimiento social organizado más importante de nuestro país, el sindicalismo español ha sido objeto de recurrentes campañas de acoso y desprestigio (tildado de anacrónico, disfuncional, subvencionado…) por parte de todas las variantes de la derecha política, económica y mediática e, incluso, por un segmento desnortado de la izquierda sedicentemente alternativa.

Dicho relato es, sin embargo, reiteradamente impugnado por los datos reales de nuestro modelo de relaciones laborales que acreditan la triple legitimidad (de origen, representatividad y ejercicio) de nuestro sindicalismo.

En el primer caso, se trata de un movimiento de largo recorrido histórico que, entre la protesta y la propuesta, ha actuado como prescriptor social y factor de igualdad. Por una parte, la acción sindical ha contribuido decisivamente a convertir en derechos consolidados lo que inicialmente se presentaba como utópicas reivindicaciones obreristas (libertad de asociación, de huelga, jornada de 8 horas, vacaciones pagadas…) y, por otra, a reducir progresivamente la desigualdad mediante una distribución más equitativa de los ingresos y una mayor re-distribución por la vía de las políticas fiscales y de bienestar social (educación, sanidad, pensiones…).

La segunda fuente de legitimidad del sindicalismo está asociada a su implantación y representatividad que en nuestro país ha alcanzado, pese a su tardía normalización y débil cultura asociativa, niveles homologables tanto en términos de afiliación directa (2.800.000, lo que supone el 15% de la población asalariada, porcentaje similar al de Alemania y muy superior al de Francia) como de representatividad indirecta (elecciones sindicales en casi 100.000 empresas, con más de 330.000 delegados elegidos, que velan diariamente por la defensa de los derechos de 12 millones de trabajadores).

Finalmente, la legitimidad derivada del ejercicio de la acción sindical puede evaluarse tanto por su intervención en la negociación colectiva (6.000 convenios que regulan las condiciones laborales de más de 15 millones de trabajadores, lo que supone una tasa de cobertura superior al 80%, duplicando ampliamente la media de la OCDE) como por su protagonismo en el diálogo social con gobierno y patronales que, especialmente en los últimos años, ha dado importante resultados (aumento del salario mínimo y de las pensiones, reforma laboral, protección social de los ERTE durante la covid y la dana, reducción de la temporalidad…) demostrando en la práctica que otra política económica y social era posible.

Y de nuevo hoy, cuando vuelven a resonar los tambores de guerra, los discursos de odio y las estrategias excluyentes del peor nacionalismo…, los valores que ha representado siempre la jornada del 1º de Mayo adquieren una mayor vigencia y necesidad: paz, derechos humanos, solidaridad.