Las fábricas del odio

Las fábricas del odio se han puesto en marcha también en España. No es apropiado llamarles centros de pensamiento o laboratorios de ideas. Se dedican a producir odio de forma industrial, apelando al cuadrante de las emociones y eludiendo argumentos, razones y datos contrastados. Fabricando bulos, recreciendo muros, exacerbando temores y resentimiento y sembrando discordia y desconfianza. Sin importarles las consecuencias, las heridas y las huellas profundas que esa forma de hacer política deja en lo más profundo de nuestras sociedades. Sabiendo perfectamente que si siembras odio solo puedes recoger tempestades sociales.

De la mano de sus conmilitones patriotas a un lado y otro del Atlántico, henchidos de nacionalismo, la extrema derecha de España se incorpora a la guerra cultural contra los inmigrantes pobres y amenazados en sus países como eje central de su discurso. Disponen de generosa ayuda, saben perfectamente que pueden hacer daño, conocen el margen que deja nuestra Constitución y la jurisprudencia constitucional en materia de reconocimiento de plena igualdad de derechos (lo ha explicado en estas páginas el profesor Javier de Lucas) y son conscientes de los estados de opinión en materia de inmigración que periódicamente destacan los barómetros y encuestas, en especial entre los grupos sociales más vulnerables y de rentas bajas. Sin el menor atisbo no ya de compasión, sino de mera empatía, utilizan la inseguridad y la precariedad como instrumento político, con el exclusivo propósito de obtener rédito electoral. Desoyendo incluso a empresarios o descalificando la propia doctrina social de la Iglesia.

Eludirán cualquier conversación sobre esta importante y delicada cuestión a partir de evidencias contrastadas. Porque no quieren hablar de qué hacer ante una de las pirámides demográficas más envejecidas del mundo, cómo solucionar las necesidades de mano de obra en determinados sectores productivos o cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tampoco sobre el uso que hacemos de la sanidad o de las ayudas sociales. Y menos todavía de solidaridad. Si ese fuera el caso, el debate que la extrema derecha ha sido capaz de situar en el centro de la conversación política en toda Europa no tendría sentido.

Somos el continente más envejecido del mundo, con tasas de natalidad muy por debajo de lo requerido para garantizar el equilibrio de nuestras poblaciones y para mantener lo esencial de nuestro modelo social. Ellos saben que sin nuevos inmigrantes nuestro modelo de crecimiento y nuestro Estado de Bienestar no son sostenibles. Saben que no quitan el trabajo a nadie, sino que ocupan aquellos empleos más penosos y peor retribuidos que los autóctonos no desean. Saben que los inmigrantes, por razones obvias de edad, hacen menos uso de la sanidad pública, que apenas se benefician del Ingreso Mínimo Vital y que no reciben más ayudas sociales que ciudadanos necesitados. Saben que aportan más de lo que reciben. Incluso los que están en situación irregular pagan impuestos cada vez que compran.

Pero este no es el centro del debate, porque en ese caso no tendrían argumentos. En un reciente texto Tecnofascismo, Donatella Di Cesare sostiene que estamos ante una forma de neorracismo populista que esconde dos viejos fantasmas que algunos no son capaces de superar: el de la sangre y el del suelo. Con el añadido del odio antimusulmán. Sobre esta base cimentan un discurso que va mucho más allá de la economía. Hurgando en las diferencias culturales entre comunidades, infundiendo temor sobre la destrucción de la comunidad y de la identidad nacional con sus teorías del reemplazo, trasladando la idea de que seremos mayorías amenazadas en nuestro propio país, con riesgo de desintegración del nosotros, difundiendo el discurso sobre la privación relativa, a la competencia por el empleo y al acceso a servicios públicos y ayudas sociales sin pagar impuestos. Anunciando el riesgo de degradación de las democracias y de los valores europeos y vinculando inmigración con delincuencia.

Lo más grave, y este es un hecho de trascendencia para toda Europa, es que han conseguido capturar la agenda política del gran partido conservador español, un partido de gobierno, obligándole a asumir los postulados de toda la extrema derecha europea en materia migratoria. El programa básico es conocido: acabar con la inmigración de asentamiento y la reunificación familiar, “prioridad nacional” para acceso a la vivienda, el empleo o el acceso a la asistencia social, suprimir el acceso a la ciudadanía por derecho de nacimiento, limitar el acceso a la nacionalidad y proceder a expulsiones masivas.

Esta coalición de las derechas en España, no solo está trasladando estas ideas a las Comunidades Autónomas que ahora forman gobiernos (Extremadura, Aragón y Castilla y León), sino que pretenden incorporarla al conjunto de Comunidades y gobiernos locales en los que la extrema derecha es decisiva para garantizar la gobernabilidad. Llegado el caso, si el concurso de la extrema derecha fuera necesario para formar gobierno después de las próximas elecciones generales en España, el abanico de grandes reformas legislativas en materia migratoria que ya se anuncian, nos situaría en un escenario de gran dificultad y de gestión muy complicada de la situación para actores privados y públicos, en especial en la escala local.

España es, hasta el momento, un caso de gestión razonable en materia migratoria. Además de contribuir al aumento de la población, explica el mejor comportamiento de la economía y la mejor posición relativa de la Seguridad Social en el contexto europeo. Creo que la nueva iniciativa del gobierno en materia de regularización extraordinaria de migrantes es positiva. Como lo fueron las anteriores llevadas a cabo por gobiernos de distinta orientación. Ahora bien, esta política migratoria exige a los poderes públicos un gran esfuerzo paralelo. La convivencia y la paz social se mantendrán, siempre que se preste la atención debida y se destinen los recursos necesarios para garantizar servicios públicos, acceso a vivienda asequible y seguridad ciudadana. Cambiando el diseño de muchas políticas públicas, pensadas para otro momento y otras estructuras y dinámicas sociales. En caso contrario, el malestar y las tensiones entre la población aumentarán, al igual que el apoyo a opciones de extrema derecha. En especial en los barrios populares en los que coexisten distintas comunidades, y que es donde las tensiones y los conflictos afloran con mayor frecuencia.

Hemos sido un país de emigrantes. Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, en torno a cuatro millones de españoles emigraron hacia las Américas y hacia Argelia y durante la segunda mitad del siglo pasado casi dos millones lo hicieron hacia Europa occidental. Ahora somos uno de los Estados de la Unión Europea con mayor peso de población de origen inmigrado: unos diez millones, lo que supone en torno al 20% de la población española. Una gran parte de los que han venido proceden de América Latina y el Caribe (unos 4,3 millones), Marruecos (1,2 millones) y Rumanía (más de medio millón). El gran reto es saber gestionar todo aquello que está más allá de la economía y que forma parte del gran debate migratorio, propio de sociedades complejas, que nuestros países vecinos han tenido que afrontar desde los años ochenta del siglo XX. Aquello que remite a cómo somos realmente. A cómo nos vemos y cómo vemos a quienes percibimos como diferentes. Y no será sencillo, como tampoco lo está siendo en Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos o los países escandinavos. La historia reciente de la gestión de la inmigración nos enseña que los muros más altos que dificultan la convivencia en sociedades multiculturales son los que construimos cada uno de nosotros en nuestro interior. Y hay especialistas que nos animan a recrecerlos cada día.