La newsletter de Alfons Garcia: Fin de legislatura, conflicto en la función pública

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Empezamos. Una huelga y un virus que nos recuerda el poder del miedo. En eso se nos ha ido la semana.

Si no hay sorpresa de última hora, este lunes nos metemos de lleno en una huelga indefinida en los centros educativos públicos no universitarios. Por lo agitado que ha estado el ambiente en las últimas semanas, pinta que el seguimiento va a ser importante y, con ello, los efectos en la actividad educativa. 

La primera reflexión es que la movilización se produce en una época especialmente delicada, cuando los cursos están en su tramo final y las evaluaciones a la vista. Evidentemente, no hay que ser inocentes, es un arma más en la mesa de negociación. En todo caso, unas y otras partes es de esperar que tengan previstas soluciones para evitar que el alumnado sea la víctima si el conflicto laboral se alarga.

Sobre este, el profesorado está en perfecto derecho de reclamar mejoras y derechos, como cualqier colectivo, y de utilizar los mecanismos de presión legales y habituales como es una huelga. Los datos oficiales dicen que están entre los peor remunerados entre las autonomías de España, así que motivos hay. No obstante, y de la misma manera, maestros y maestras han de ser conscientes de que una parte de la sociedad entiende que los colectivos de empleados públicos utilizan de manera recurrente la sensibilidad de la actividad que realizan para forzar acuerdos aunque ello suponga un deterioro temporal del servicio público. Y han de ser conscientes de que los empleados públicos son vistos como un colectivo con condiciones laborales privilegiadas en un contexto económico donde la precariedad de salarios se impone (si no se es un alto directivo de una corporación) y las clases medias son cada vez menos medias y más medias-bajas.

El contexto de tramo final de legislatura, ahora que entramos en el último año, ayuda también a estas movilizaciones. Es otro elemento de presión que se ha (casi) institucionalizado. En el Botànic, por ejemplo, tuvo bastante fuerza la protesta de los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat. Entonces, Ximo Puig tuvo que arremangarse y poner a su equipo cercano a mediar en aquel conflicto. Por la relevancia social y las consecuencias, hay casos en los que hay que implicarse. Pérez Llorca deberá tenerlo en cuenta en lo que viene. Especialmente cuando parece que los cargos de Educación no han entrado con buen pie en esta negociación, con líneas rojas de entrada y declaraciones demasiado tajantes de las que en los próximos días, posiblemente, tendrán que retractarse para acercar un acuerdo. Eso sería lo deseable.

Esa cercanía de las elecciones tiene su factor de presión a favor de los convocantes, pero también el riesgo de atarse en demasía a una opción política. Ojo al riesgo de deslegitimación.

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