Farsa en las Cámaras de Comercio

“Llàstima del país amb líders mentiders,

amb fanàtics botxins que dominen les trones,

que ignoren els seus savis o els volen fer callar.”

Jaume Pérez-Montaner. L’Alfàs del Pi (La Marina) ‘Solatge’-2009

El 2026 es año electoral en las Cámaras de Comercio. Las cinco corporaciones del País Valenciano (Alcoi, Alicante, Castelló, Orihuela y València) ‘elegirán’ el 2 de junio los miembros del Pleno –a modo de Asamblea cameral– su máximo órgano de gobierno, por el procedimiento que supone su desnaturalización democrática. Las Cámaras fueron las únicas corporaciones de derecho público que mantuvieron encendidas las antorchas de la representatividad empresarial mediante procesos electorales libres y directos, antes de la Transición democrática (1975-1982), a pesar de las insidias del Sindicato Vertical del Movimiento franquista. Fueron un remanso de libertad, al servicio de la economía valenciana, que cumple en 2026 los 140 años. Los enemigos de las Cámaras son, además del Sindicato fascista, los partidos políticos por ansia desmedida de poder y las patronales por celos competenciales.

Apetecible pastel

Las Cámaras de Comercio, aún hoy, tienen y conservan la representación de todas las empresas de su demarcación (provincial o local). Las patronales representan solamente a sus asociados. Las 84 Cámaras de Comercio – más que provincias españolas–, con el atractivo complemento de 44 Cámaras de Comercio españolas en el exterior –repartidas por Europa y por todo el mundo–constituyen el apetecible pastel de 128 corporaciones de derecho público con sus patrimonios. Cuentan con el marchamo de que son ‘oficiales’ y por tanto gozan del respaldo del Estado. Su estatus imprime carácter y hasta la fecha, ha sido suficiente para capear los ataques para hacerlas desaparecer, aunque no ha impedido su desnaturalización y debilidad. No pueden eliminarlas pero son incapaces –políticos y empresarios– de mantener su integridad y de aprovechar sus posibilidades como entes intermedios de la sociedad. Las Cámaras de Comercio no son todas iguales. Son diferentes las catalanas y las vascas, a pesar de que el presidente de la Cámara de España desde hace 12 años es catalán, José Luís Bonet. Con probabilidad de repetir a pesar de sus 84 años, hacia los 12 de mandato. El último presidente decente de las Cámaras españolas – desde 2005– fue el exministro de Comercio del PSOE, Javier Gómez-Navarro. Dimitió en febrero de 2011, en disconformidad con el decreto (3/12/2010) de Zapatero y su ministro de Industria, Miguel Sebastián, por el que se dio el hachazo mortal para subyugar – y entregar a sus enemigos– a las instituciones camerales, reafirmadas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 1996.

Declive institucional

Las competencias de las Cámaras de Comercio están transferidas a las comunidades autónomas y en su defecto al ministerio de Comercio que es el último garante de su funcionamiento. El miembro de la UE es el Reino de España. Sólo a través de él pueden desarrollarse las interacciones competenciales de toda entidad oficial con la Comisión Europea. Pertenecen a la red europea de Cámaras de Comercio, canalizadora de convenios, funciones delegadas, programas de formación financiados y subvencionados por la Comisión Europea. En la política empresarial de la Unión Europea las Cámaras de Comercio constituyen una pieza fundamental e insustituible, que ha acompañado y coadyuvado –desde su creación en 1949– al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) y al espíritu comunitario en todos sus avances y tratados constitutivos. Desde la ley de bases de 2014 (por el gobierno del PP de Mariano Rajoy). desarrollada en el País Valenciano, (a toda prisa por la Generalitat del PP de Alberto Fabra), por la ley autonómica de 2015, se han tergiversado las razones de existencia y el funcionamiento de estas instituciones, actualmente controladas por la camarilla empresarial dominante(AVE). A lo largo de dos legislaturas (2015-2023) la Generalitat del Botànic presidida por Ximo Puig y con el conseller Rafael Climent, por Compromís, en la Conselleria Economía, no sólo afirmaron esta anomalía institucional, ajena a los intereses de las empresas valencianas, sino que además aprobaron (2017) el Reglamento de régimen interior de las Cámaras Valencianas, que consolidó, de hecho, la existencia de unas corporaciones de derecho público, al margen de los principios democráticos y de los intereses generales de la economía y del bien común.

Democracia impostada

El sistema electoral es perverso y se basa en la ausencia de publicidad de ámbito general para que, en la complejidad del proceso, pueda ser teledirigido desde los centros de decisión- Los que manipulan la participación de las empresas en un galimatías que se basa: en la publicación del censo electoral por epígrafes agrupados sin orden ni sentido, presentación de avales por parte de las empresas candidatas (no se sabe muy bien para qué), para proceder a emitir el voto por correo, por vía telemática poco divulgada y finalmente con la emisión de la papeleta directamente en las urnas por persona legalmente autorizada. Resultado: como media no votan más del 2 o 3 % por cien de los electores. En muchos epígrafes no llega a celebrarse la votación presencial porque no hay más que un candidato. De este primer paso se nutren los Plenos de las Cámaras y de entre sus miembros se elige al presidente que, a su vez, designa su comité ejecutivo. Se sabe ya que los actuales presidentes de las cinco Cámaras de Comercio del País Valenciano repetirán en el cargo, cuando para optar a la presidencia es condición necesaria ser elegido previamente como representante legal de una de las empresas que conforman el Pleno de la institución. Confirmación que sólo se conocerá a partir del 2 de junio. El resto de componentes del Pleno lo consiguen mediante la compra dineraria de su cargo por una cantidad acordada (no al que más pague según determina la ley), otra parte por designación directa de la patronal. En el País Valenciano, de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que tiene copada la decisión para las cinco Cámaras de Comercio del territorio. Los presidentes de cada Cámara se reservan el derecho a nombrar directamente una decena de vocales-asesores del Pleno con voz y sin voto.

Si repite el presidente de la Cámara de València y del Consejo autonómico de Cámaras, J. Vte. Morata, llevará 20 años en los dos cargos. Cuando repita el presidente de Alicante, Carlos Baño, será el primero detenido por la policía por fraude. En libertad con cargos e investigado por corrupción, además de otros desmanes patrimoniales relacionados con las sedes de la Cámara alicantina. Baño ocupa indebidamente la presidencia desde 2023 cuando cesó su actividad la empresa por la que se presentó a las elecciones.