La trampa de la prioridad nacional

Hay debates que no nacen de una urgencia real. Nacen de una operación política. Un día aparece un concepto, se repite sin parar, y en poco tiempo todo el mundo discute dentro de ese marco. Estos días lo vemos con la prioridad nacional. Vox la lanza, el PP la sigue con su ambigüedad y el resto entra a combatirla. Y lo que parecía una ocurrencia acaba marcando la conversación.

No es nuevo. Hace unos meses escribí sobre el “primero los nuestros”, publicado en el Levante el 21 de febrero, a propósito del discurso de Marco Rubio en Múnich. Cambia el rótulo, no el método. Se fabrica un nosotros a base de señalar a un enemigo. Aquí lo traducen como prioridad nacional.

En la Comunitat Valenciana Vox lo empuja y el Consell del PP, presidido por Pérez Llorca, se esconde detrás del “respetaremos la legalidad” mientras deja que la extrema derecha marque el terreno y normalice la preferencia identitaria.

Conviene decirlo claro desde el principio. Hablar de prioridad nacional no pone un solo médico más en atención primaria, ni un solo profesor más en un aula, ni una ayuda más para quien la necesita. No amplía recursos ni mejora servicios. Solo desplaza el foco. En lugar de exigir soluciones, nos empuja a competir por lo que hay y a discutir quién entra antes.

Ese es el efecto cuando cuaja la trampa. La sanidad deja de ser por qué faltan profesionales y pasa a ser quién merece ser atendido antes. La educación deja de ser por qué hay aulas saturadas y se convierte en quién tiene preferencia. La vivienda deja de ser por qué el alquiler se dispara y pasa a ser a quién le toca. Cambia la pregunta y cambia la culpa.

El discurso funciona porque hay malestar real. Hay familias que notan que el médico tarda, que el aula está llena, que el alquiler aprieta. La respuesta no puede ser negar esa presión. Tiene que ser señalar la causa y la salida. Si crece la población, han de crecer los servicios. Si sube la demanda, hay que reforzar lo público.

El mecanismo es siempre igual. Se alimenta un relato que culpa a quienes vienen de fuera de saturar servicios, competir por ayudas o generar inseguridad. Luego se ofrece una receta simple. Preferencia identitaria. Y mientras tanto se evita lo único que arregla problemas, más recursos y mejor gestión.

Además, la etiqueta es falsa. Si de verdad hubiera prioridad para la mayoría social, lo primero al llegar al gobierno no habría sido bajar impuestos a las rentas más altas, una decisión que recorta más de 180 millones de euros al año a la capacidad de la Generalitat. Y después no habrían rechazado el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España, que supondría 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana. Con una mano se quitan recursos y con la otra se renuncia a obtenerlos. Luego dicen que no hay dinero para atender las reivindicaciones retributivas del profesorado, para mejorar ratios, para invertir en infraestructuras educativas o, en general, para reforzar los servicios públicos que la gente necesita.

No nos engañen. No se trata de que no se pueda. Se trata de que han elegido otras prioridades. Hablan de prioridad nacional para que discutamos entre nosotros, pero su prioridad real es proteger a los de siempre. Y cuando se gobierna para unos pocos, lo que se deja sin invertir es precisamente lo que sostiene a la mayoría, sanidad, educación, vivienda y servicios públicos.

Dicen que no se excluye a nadie, que solo se establece preferencia. Pero una preferencia basada en identidad no es neutral. Sustituye un criterio justo por una etiqueta. En vez de priorizar por necesidad o vulnerabilidad, se prioriza por origen. Hoy es eso. Mañana puede ser por edad o por cualquier otra frontera útil para dividir a la sociedad entre los que pasan primero y los que deben quedarse atrás.

El PP no solo se equivoca cuando acepta ese marco. Se entrega a él. En el momento en que deja de combatir la trampa de la preferencia identitaria y pasa a gestionarla con palabras más suaves, ya ha cedido lo esencial. Vox fija el criterio, impone el lenguaje y decide el terreno del debate. Y el PP, aunque lo maquille de moderación, termina actuando como la correa de transmisión de una idea injusta que la extrema derecha ha colocado en el centro de la conversación.

Por eso la respuesta no es entrar en el barro. Es cambiar la pregunta. No discutamos a quién le toca primero. Preguntemos por qué, después de bajar impuestos a las rentas más altas y rechazar más financiación, nos dicen que no hay dinero para sanidad, educación, vivienda o para reforzar los servicios públicos. Y señalemos lo que hay detrás de esa coartada, decisiones políticas y prioridades presupuestarias.

La prioridad nacional es un señuelo. No reduce una lista de espera, no baja una ratio, no contiene el alquiler. No suma recursos. Solo convierte el malestar en conflicto entre personas. Mientras discutimos quién entra primero, se aparta lo decisivo, qué hace falta para que los servicios públicos respondan y para que la mayoría social viva mejor.

Porque ahí está la verdadera disyuntiva. O aceptamos que nos enfrenten por lo que hay, o exigimos que se invierta más y mejor en lo que de verdad mejora la vida. Esa es la diferencia entre una política que divide para tapar su fracaso y una política que afronta los problemas y busca resolverlos.