Prioridad y semántica política

En política, lo que no se enuncia no existe. En política y en el pensamiento general tal como lo expuso Ludwig Wittgenstein. Ya saben, el hijo de una de las mayores fortunas industriales austriacas, quien a la vuelta de la primera guerra mundial renunció a todos sus bienes en favor de sus hermanos, para dedicarse a la filosofía como un modesto profesor en la universidad de Cambridge. La política, en cualquier caso, resulta algo más pedestre que la filosofía analítica, por más que sea una actividad humana donde las palabras cuentan con peso específico. No en balde al lugar donde se dirime la política se le llama parlamento, un espacio creado para hablar en público.

Del mismo modo, en ocasiones los significados originarios de las palabras que expresan conceptos políticos pierden su sentido inicial o se transforman. El «socialismo», por ejemplo, poco tiene que ver en la actualidad con lo que representaba cuando se fundó la primera Internacional Obrera a mediados del siglo XIX. También ocurre que las palabras, en contextos diversos, significan políticas diferentes, como ocurre con los «socialdemócratas» en Portugal que, en realidad, vienen a ser lo que conocemos aquí como conservadores. Lo mismo pasa con los «populares», que en nuestro país representan el centroderecha político, como en la India, pero en China lo «popular» se asocia con el comunismo y en Francia con la unión de las izquierdas.

A su vez, las sucesivas crisis de los partidos clásicos europeos han determinado la pérdida del nexo significante entre la palabra y su contenido ideológico. De tal suerte que van desapareciendo las definiciones concretas y se sustituyen por marcas o conceptos vacíos de ideología. Empezó en Italia tras la masiva corrupción institucional de los años 90, la Tangentópolis, que se llevó por delante a partidos históricos como la Democracia Cristiana, el PCI o el Partido Socialista, y en su lugar aparecieron coaliciones con denominaciones como el Olivo, el Polo de la Libertad o similares, de naturaleza más poética que política, hasta derivar en los Hermanos de Italia, el Movimiento 5 Estrellas o Forza Italia, entre otros.

Esta deriva disolvente de significados a la italiana alcanza ya a todo el continente. En el Reino Unido (Reforma), en Alemania (Alternativa, Razón y Justicia), en Francia (Reagrupamiento, Renacimiento) y por supuesto en España, donde Podemos, Sumar, Compromís, Vox, Se acabó la fiesta, incluso Bildu (Reunir) resultan marcas políticas basadas en palabras o eslóganes que expresan conceptos nebulosos, fruto de un marketing pegadizo.

Les hago partícipes de toda esta renovada semántica de nuestra política al hilo de la aparición en el negociado que construyen PP y Vox de un nuevo e interesante concepto: la «prioridad nacional». En Vox están felices porque al fin han encontrado un modo menos cruento de expresar su afán por limitar a los inmigrantes las prestaciones sociales del país. En el PP, en cambio, les incomoda y se aprestan a introducir un matiz que sirva de flotador moderador: nacional no significa que hayan nacido aquí, sino que poseen «arraigo». La izquierda, en campaña para mejorar el padrón demográfico –que les favorece–, considera el concepto una «fascistada» más de Vox que solo edulcora su condición de partido xenófobo y racista.

La cuestión es que según los barómetros de opinión, una parte importante de la población está a favor de políticas restrictivas al respecto, en nuestro país incluso entre votantes del PSOE. En cambio, tanto la Confederación Episcopal, haciéndose eco de los nuevos aires que proceden de Roma, y también los empresarios a través de la patronal, no solo se han mostrado a favor de la regulación de los inmigrantes, sino que critican también la discriminación que podría suponer la aplicación del criterio de «prioridad nacional».

Existen, pues, tanto razones morales –la religión no deja de ser nuestra gran construcción moral para la vida en sociedad– como económicas para atender a los extranjeros que quieren venir a trabajar a nuestro país y disfrutar de las ventajas benefactoras que obtienen en España. Lo que sería «justo» porque contribuyen al mantenimiento de la Seguridad Social y al sistema de pensiones, y también «necesario» porque su mano de obra sostiene amplios sectores productivos españoles: la agricultura, la construcción, la hostelería, el servicio doméstico, incluso el transporte… colapsarían en este país si se expulsase a los diez millones de no nacidos en España que viven legalmente ahora y aquí.

Se trata de una quinta parte de la población española (el 20%), un porcentaje menor al de Alemania (31% no nacidos en primera y segunda generación) o Francia (36%), incluso al del Reino Unido (22%). Nuestro país, además, es el más despoblado de entre las cinco grandes naciones europeas a cuya robusta economía queremos asimilarnos. En España no llegamos a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando Francia sobrepasa los 125, Italia se acerca a los 200, Alemania a los 240 y el Reino Unido casi llega a los 290. España debería alcanzar los 64 millones de habitantes (ahora somos 50) para alcanzar la ratio francesa.

Obviamente, un proceso de crecimiento demográfico de tal naturaleza no se puede llevar a cabo sin una organización superlativa, tanto en lo tocante a las leyes como a los recursos públicos e infraestructuras de los que el país debe dotarse para tamaño salto adelante, un new deal que el futuro parece demandar. Conviene, pues, que la izquierda se ponga las pilas y entienda que un proceso así hace necesario fortalecer los valores propios sin abandonarse a un multiculturalismo mal entendido donde no caben ni burkas ni antivacunas, prestando seguridad a la gente y mejorando las condiciones de vida en general. Y la derecha debe volver a encontrar el histórico camino de los valores cristianos y liberales que, en estos momentos de crispación, tanta falta hacen. A un mes de la llegada del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, el espacio de la palabra.