El mal del Estrecho de Ormuz alcanza a la vivienda

“El alza de precios de materiales por la guerra de Irán paralizará miles de obras en España en plena crisis de vivienda”, así reza un titular de prensa. Si ya era difícil que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda propia o alquilada para independizarse, ahora, con más carestía y sin unos cambios estructurales profundos que no se han querido poner en marcha, encontrar una vivienda digna y asequible resultará casi imposible.

El aumento exponencial de los precios de las viviendas es un motor del actual populismo reaccionario que dice estar contra “el sistema” y sus élites a la vez que busca chivos expiatorios como “los boomers”, “los globalistas”, “los estatalistas autoritarios” o “los ecologistas”. Esta ofensiva derechizante culpa a la izquierda y a algunos grupos, reales o imaginarios, de frenar la construcción de nuevas viviendas mediante regulaciones legales y protecciones territoriales que impiden el principal consumo de “la clase media”: la vivienda en propiedad. Incluso hay campañas mediáticas orquestadas que acusan a la generación de mayores pensionistas de haberse “aprovechado” de la época de bonanza económica e impedir ahora que los jóvenes puedan hacerlo. Una letanía muy en boga dice que simplemente multiplicando la oferta de pisos caerán los precios.

Sin embargo, este nuevo populismo urbanístico desregulador ignora muchas desdichas entrelazadas: la creciente concentración de la propiedad que recae en muy pocas manos, la gran presión inflacionaria de capitales financieros y turísticos para hacerse con propiedades, los altos precios de las viviendas de protección oficial VPO, la flagrante ausencia de promoción pública de pisos en alquiler o venta y, ahora más que nunca, el gran incremento en escalada del coste económico de los materiales de la construcción y la energía que desanima al sector público y privado de la construcción.

Un reciente estudio del CSIC sobre la vivienda confirma que “el crecimiento del parque inmobiliario (2 millones de nuevas viviendas de 2008 a 2022) ha beneficiado principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio. Los propietarios con un solo inmueble redujeron su peso un 3,7 % pero quienes tenían entre seis y diez aumentaron un 51,6 %. Los grandes tenedores en España —más de diez inmuebles— multiplicaron su patrimonio inmobiliario por más de cuatro, pasando de 138.000 a 626.000 inmuebles. La estructura residencial se polariza: los hogares sin ningún inmueble han aumentado un 63 % en catorce años; los hogares con dos o más propiedades, un 54 %. Entre ambos extremos, el propietario único —la base histórica del modelo residencial español— se ha reducido un 22 %”. Son rotundas las conclusiones de tales cifras: el problema de la vivienda no se reduce a su limitada oferta.

Para echar más sal en las heridas estamos en medio de una honda crisis de energías fósiles y de sus subproductos que a su vez provoca la carestía de la base material que ha sostenido el crecimiento económico durante muchas décadas del siglo pasado. Las graves consecuencias de la guerra de Irán son la punta del iceberg de una creciente escasez de materiales y energías fósiles que viene gestándose desde hace muchos años.

El hormigón y la cerámica, entre otros materiales, ya se habían encarecido alrededor del 50% en los últimos cuatro años, y los pronósticos para los próximos meses apuntan hacia una gran ascensión de precios a causa del bloqueo del transporte marítimo del Estrecho del Ormuz, incluso si se resolviera el conflicto en breve. Precisamente el sector de la construcción es muy dependiente de materiales industriales intensivos en energía fósil, como son el cemento, el acero, el aluminio, el diésel y los plásticos(que tampoco tienen alternativas viables con la electricidad renovable). Uno de los efectos de esta escalada de precios es que algunas licitaciones de obra pública ya están quedando desiertas.

La Europa que lleva décadas deslocalizando y subcontratando sus crecientes demandas materiales e industriales comienza a sufrir la virulencia de lo que puede llamarse “la venganza de la materia”. Inevitablemente, los pilares de nuestro mundo real son materiales y ecológicos. No son las palabras ni las ensoñaciones tecno-optimistas, ni siquiera las finanzas bancarias. No obstante, a pesar de unas leyes físicas infranqueables que afectarán mucho a la construcción de viviendas, las agendas de partidos de izquierdas y de derechas continúan adosadas a la mutilada aritmética de la economía convencional.

La falta de acceso a la vivienda se ha convertido en una bandera fácil para la derecha porque la izquierda ha gestionado una raquítica promoción de viviendas públicas desde los grandes ayuntamientos. La izquierda gobernante ha preferido vender las propiedades públicas al mejor postor privado y ha favorecido el boom de la vivienda turística con fondos especulativos con una gran permisividad urbanística. Además de las aproximadamente 400.000 viviendas turísticas que hoy existen en España, entre legales e ilegales, se han construido un sinfín de nuevos hoteles donde antes existían edificios de vecinos. Estas nefastas políticas municipales han fomentado que los barrios históricos se transformen en "parques temáticos" para visitantes extranjeros. Este vaciamiento residencial de los centros urbanos es el verdadero “gran reemplazo”.

La izquierda como la derecha han preferido entregar a los promotores privados el negocio de la construcción a cambio de unas migajas de viviendas de Protección Oficial, como ahora ocurre con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las subvenciones a promotores privados para la construcción de "viviendas asequibles” de este nuevo plan del Gobierno sustituye la promoción pública directa de viviendas y renuncia a establecer topes en los precios de las mismas que impidan que resulten inalcanzables para gran parte de la ciudadanía trabajadora.

La ciudad de València es un ejemplo sangrante de esta tendencia general de intensa concentración de la propiedad privada de la vivienda como resultado de la ausencia de políticas serias de vivienda pública y del entreguismo a negocios privados especulativos mediante la venta de propiedades públicas. Resulta escandaloso el desprecio político generalizado hacia la creación de un sustancial parque público de viviendas en alquiler y en venta. En distintos barrios, como el Cabanyal, el Ayuntamiento ha vendido centenares de propiedades públicas sin haber licitado apenas viviendas públicas.

Durante los ocho años de gobernanza autonómica “progresista” del Botànic y con la Alcaldía de Joan Ribó en la ciudad de Valencia, han brillado por su ausencia las políticas para construir o rehabilitar viviendas públicas de alquiler o venta a precios socialmente módicos. Esta izquierda gobernante tampoco estableció normativas legales municipales y autonómicas, como exige la jurisprudencia, para restringir la espiral de nuevos apartamentos turísticos al tiempo que sí fomentaba la construcción masiva de nuevos hoteles, sobre todo en el centro de València. Ante las elecciones municipales del año próximo, sin que el PSOE y Compromís rindan cuentas sobre esta fracasada y regresiva política municipal de vivienda, la proclama de ”otro modelo de ciudad” tendrá poca credibilidad. 

Ante el actual atolladero energético y material y el consecuente empeoramiento del contexto económico y geopolítico resulta previsible que en los próximos meses se incremente la carestía material para la nueva construcción de viviendas. Sólo unos fuertes giros políticos y económicos a favor de una mayor equidad social pueden socorrer al maltrecho derecho a una vivienda digna.