Opinión
La migración también cuenta contra la despoblación
La llegada de vecinos de otros municipios y del extranjero compensa el saldo natural negativo en los pueblos más frágiles de la Comunitat Valenciana

Personas llegando a un pueblo (imagen creada con inteligencia artificial). / ED
La despoblación necesita políticas basadas en datos. Por eso resulta relevante el Plan Integral para el Reto Demográfico de la Comunitat Valenciana 2026-2030, elaborado por el grupo Estepa de la Universitat de València en colaboración con la Generalitat. El documento plantea la despoblación como un problema transversal que afecta a la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el derecho a vivir en cualquier territorio con servicios suficientes.
Buena parte del interior valenciano ha perdido población durante décadas. No se trata solo de que haya menos habitantes. El plan identifica como rasgos del reto demográfico la baja densidad, el crecimiento vegetativo negativo, el envejecimiento y la precarización de servicios escolares, sanitarios, culturales, sociales, bancarios, digitales y de transporte.
Sin embargo, los datos recientes introducen un elemento que debe valorarse. En los municipios en riesgo de despoblación, el saldo migratorio está ayudando a compensar la pérdida natural de población. Entre 2023 y 2024, estos municipios registran un saldo migratorio positivo de 1.336 personas. Destaca la aportación procedente de otros municipios de la Comunitat Valenciana, con 545 personas, y del extranjero, con 519. Las llegadas desde otras comunidades autónomas suman 272.
La migración no es un problema para estas pequeñas poblaciones. En muchos casos, forma parte de la solución. Cuando nacen pocos niños y las defunciones superan a los nacimientos, la llegada de nuevos residentes permite mantener población, actividad y servicios. No resuelve por sí sola la despoblación, pero ayuda a frenar una tendencia que, sin esos movimientos, sería más negativa.
Conviene subrayarlo en un momento en el que la inmigración suele aparecer en el debate público asociada a conflicto. En el ámbito rural, su efecto puede ser positivo si va acompañado de políticas adecuadas. Una familia que se instala en un pueblo puede contribuir a mantener una escuela. Un trabajador que llega puede cubrir empleos necesarios en agricultura, cuidados, hostelería, construcción, servicios o industria. Un nuevo vecino puede ocupar una vivienda vacía, consumir en el comercio local y participar en la vida municipal.
El plan también muestra que los municipios en riesgo de despoblación tienen todavía una capacidad de atracción limitada. Aunque reciben población, el mayor dinamismo migratorio se concentra en áreas urbanas y costeras, donde existen más oportunidades laborales. Esa diferencia obliga a orientar mejor las políticas públicas. No basta con esperar que la población llegue. Hay que crear condiciones para que pueda quedarse.
Eso exige empleo, vivienda, transporte, conectividad, sanidad, educación y servicios sociales. También integración. El PIRD-CV incluye medidas específicas para la población inmigrante: información y orientación laboral, acciones de integración y participación, programas de formación sobre cultura territorial y coordinación institucional para favorecer la inclusión y la repoblación sostenible.
La política demográfica debe ser práctica. No se trata de llenar padrones, sino de construir comunidades viables. Si no hay vivienda disponible, empleo estable, transporte o servicios básicos, el arraigo será difícil. Si esas condiciones existen, la migración puede convertirse en una oportunidad.
El plan acierta al situar el reto demográfico en una agenda amplia que recoge empleo, vivienda, servicios públicos, conectividad, medio ambiente, turismo, cultura, patrimonio e identidad. También prevé la evaluación, porque las políticas contra la despoblación deben medirse y corregirse.
La Comunitat Valenciana necesita mirar sus municipios de interior con realismo. La despoblación no se resolverá con una sola medida. Pero los datos indican que la migración ya está ayudando a paliar la pérdida de habitantes. Convertir esa llegada en arraigo, convivencia y futuro es ahora una responsabilidad pública.
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