Opinión | Trencar l'enfit
Ni una medalla para los verdugos
Mientras familias e investigadores luchan todavía contra el sistema para acceder a información, bancos de ADN y fosas comunes, los hombres que enviaron a la muerte a miles de personas descansan en pomposos panteones acorde con sus condecoraciones

La alcaldesa de Cangas de Morrazo (BNG) retira el edil donde está el teniente coronel Boán Callejas. / J. Calvo
Carolina Martínez, a quien un consejo de guerra ilegal decidió dejarla sin abuelo cuando su madre era tan solo una niña, quiere que las personas que firmaron la sentencia de muerte de aquel hombre humilde, concejal de Ayora, sean condenadas. A algo, aunque estén difuntos desde hace décadas. Que sean condenadas por montar la farsa que llevó al paredón a su abuelo y por rubricar, con elegantes caligrafías de academia, el fallo judicial que daba por finiquitados sueños, anhelos y muchos, muchos afectos, de este humilde vecino de Ayora.
Carolina quiere que también les quiten a estos hombres las múltiples condecoraciones, medallas y reconocimientos con que fueron regados por la estructura franquista durante décadas por formar parte de los consejos de guerra en tierras valencianas, aquellos consejos que, sin garantías de ningún tipo, acabaron con la vida de miles de personas. Muchos de ellos, casi todos, no tenían conocimientos jurídicos y asistían a los juicios como quien asiste a un teatro ya montado en el que solo tenía que asentir, firmar la pena de muerte y, si había ganas, incluso asistir a alguna ejecución mientras se fumaban un cigarrillo.
Carolina quiere eso, que les quiten las medallas, y yo también. Es absolutamente incomprensible cómo, 50 años después de la muerte del dictador, todavía no se ha echado la mirada atrás y se ha despojado de honores a quienes no lo merecieron. Porque, recordemos, todos aquellos militares que firmaron sentencias de muerte lo hicieron fuera de un Estado de derecho y cumpliendo unas leyes injustas, ilegales, al margen de los derechos humanos y completamente arbitrarias. Por eso no son válidos y por eso ningún participante en ellos debería ostentar un mínimo reconocimiento.
Pero, para poder hacer eso, quitarles los reconocimientos, los honores patrios, los diplomas de buena conducta, las medallas y las gratificaciones hay que saber quienes pasaron por tierras valencianas una temporada de su vida allá por los años 1939 a 50 para participar en estos consejos de guerra. Y si no lo sabemos todavía es porque el entramado para llegar a esta información es tan complejo, opaco y burocrático que cualquier malpensado creería que es para dificultar la transparencia y la información. Si no estuviéramos en un Estado democrático en el que, durante muchas y largas épocas ha gobernado la izquierda, pensaría que estas trabas forman parte de algo articulado para impedir el acceso a estos datos. Ya ven. Y habiendo gobernado la izquierda, lo pienso igual. Es increíble que en 2026 no haya una base de datos ‘on line’ abierta a todo el mundo para que las familias, investigadores, historiadores y periodistas (sí, periodistas) puedan acceder y para entender y comprender una parte crucial de sus vidas (los familiares) y del país, el resto. ¿Que salen los nombres de los chivatos, delatores, los mentirosos y los vecinos oportunistas? Bueno, también forman parte de aquella triste fase de nuestra historia. Como los hombres que se sentaban a presidir aquel teatro de la muerte infame. Un teatro pese al cual acabaron sus días entre loas, condecoraciones y sus restos en enormes panteones mientras sus ajusticiados, como son las cosas, todavía están en fosas comunes. Para hacérselo mirar.
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