La compra del PP

Vox parece haber resuelto, por fin, una de las grandes incógnitas que han atormentado a la civilización occidental, desde Hegel hasta el portero de cualquier discoteca con lista VIP: ¿quién entra primero?

La respuesta, plasmada en los acuerdos de gobernabilidad con el PP en diversas comunidades autónomas, es de una sencillez deslumbrante: los recursos públicos —vivienda, ayudas sociales, empleo— deben beneficiar primero a los nacionales.

La lógica es tan cristalina que resulta asombroso que la humanidad haya sobrevivido tanto tiempo sin ella.

Bajo el eslogan 'Primeros los de casa', la propuesta evoca el aroma del hogar y el potaje de la abuela, siempre que esa abuela no tuviera la ocurrencia de emigrar en los sesenta o de nacer en un lugar donde no se come jamón.

Para implementar esta visión, los gobiernos autonómicos del PP se han entregado a una diligencia admirable. La primera tarea, definir qué es un español, ha resultado ser menos sencilla de lo previsto. ¿Basta con el DNI? ¿Se requiere acreditar entusiasmo por la Reconquista o haber llorado con los episodios de Cuéntame? Mientras los juristas sudan la gota gorda intentando encajar en este molde al canario con bisabuelos cubanos o al melillense con familia marroquí, los filósofos, sabiamente, han pedido la baja.

Imaginemos la puesta en escena en los mostradores de la administración pública. Es probable que el funcionario ya no pregunte cómo puede ayudar, sino que someta al ciudadano a un test sobre la batalla de las Navas de Tolosa o le exija tararear un pasodoble antes de tramitar una ayuda al alquiler.

El PP nacional, por su parte, ha aceptado la propuesta tratando de moldearla con un equilibrismo fascinante: prioridad, pero con arraigo; nacional, pero sin que se note demasiado; constitucional, si es posible; electoral, desde luego. Así, donde unos leen españoles primero, otros traducen vecinos de toda la vida o personas empadronadas o esa señora que lleva treinta años comprando el pan en la esquina y, por favor, no nos metan en otro lío.

Y es que el concepto tiene la virtud de sonar rotundo sin comprometerse con nada verificable. Prioridad Nacional sirve igual para una beca de comedor que para decidir quién usa antes el columpio municipal. Es el comodín patriótico: si algo escasea, que pase primero el nacional; si no escasea, ya se encargará algún medio afín de afirmar lo contrario con grandes titulares.

Los presidentes autonómicos populares demuestran una habilidad coreográfica notable: gobernar con Vox sin parecer Vox, tranquilizar al centro sin enfadar a sus socios, y enfadarlos lo justo para que no se note quién manda realmente. El truco consiste en llamar a esto «sentido común» y pronunciarlo con cara de persona razonable que solo quiere lo mejor para su gente. Su gente. El matiz del adjetivo posesivo es importante.

Los ayuntamientos, mientras tanto, contemplan el panorama con la misma serenidad con que un bombero contempla un edificio en llamas: saben que tarde o temprano les tocarán las mangueras. Porque la Prioridad Nacional, como todo buen principio moral, se vuelve extraordinariamente complicada en cuanto entra en contacto con la realidad. ¿Qué ocurre cuando el médico que atiende la urgencia es pakistaní? ¿Se aplica también la prioridad, pero al revés?

El problema de las ideas aparentemente brillantes presentadas con palabras grandes, es que a veces tropiezan con la letra pequeña. España, este país tan querido por quienes parecen leer poco la Constitución, tiene ciertas manías: igualdad, derechos, legalidad, no discriminación. Minucias de legisladores demócratas. Cosas de Europa. Obstáculos burocráticos colocados entre el grito y el decreto.

En el fondo, la Prioridad Nacional no pretende resolver problemas, sencillamente los ordena por apellido. No pregunta cuántos médicos faltan, cuántas viviendas públicas no se han construido o cuántas familias necesitan ayuda. Pregunta de dónde eres, como si la pobreza tuviera acento y el colapso sanitario bajara de una patera con cita previa.

Los recursos escasean por décadas de gestión pública deficiente, especulación inmobiliaria y mercados laborales precarizados, no por el origen de los solicitantes. Pero resolver eso exigiría políticas complejas y presupuestos reales. Es mucho más elegante señalar al vecino y decirle al ciudadano: el problema tiene cara, y la tienes delante.

Es reconfortante saber que nuestros gobiernos autonómicos están tan ocupados en estas distinciones metafísicas mientras el mundo real se empeña en seguir girando. Al menos, cuando estemos esperando varios meses para una ecografía, podremos dormir tranquilos sabiendo que el que va delante de nosotros en la lista de espera es tan español como el Cid Campeador. O, al menos, que vota lo mismo.

Prioridad Nacional es un lema de una eficacia casi poética: dos palabras, muchas portadas, varios pactos y una nube de humo lo bastante espesa para que nadie pregunte por la gestión.

PP. Partido Popular. Patrioterismo Preferente. Elijan.

Porque, cuando la política populista no puede prometer abundancia, promete preferencia. Y cuando no puede ampliar derechos, reparte sospechas.