(Des) activando l’armari

La memoria desaparece. No se rompe de un día para otro. Se desplaza, se reordena y se redefine. En ese movimiento puede dejar de ser lo que era y este 17 de mayo toca recordarlo como Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Hay decisiones que, aisladas, parecen técnicas como los cambios de gestión, reestructuraciones, nuevas denominaciones. Pero, vistas en su conjunto, forman un patrón. No es solo administración, sino una disputa sobre el sentido: quién define qué es memoria y bajo qué condiciones puede seguir siéndolo.

La asunción directa de un archivo por una administración pública, las advertencias de entidades implicadas y la retirada de materiales por activistas expresan una misma tensión: el control y la legitimidad de la memoria LGTBIQ+.

Esta memoria no es un archivo convencional. No nace de la neutralidad institucional ni de la acumulación ordenada de documentos. Se construye desde experiencias atravesadas por la exclusión, la invisibilidad y la necesidad de narrarse en contextos hostiles. Lo depositado no es solo información, es genealogía, historia vivida y confianza.

Por eso, ante incertidumbre o falta de garantías, no se produce un simple desacuerdo técnico, sino una retirada de confianza. Y esa retirada afecta al fundamento del proyecto.

En paralelo, aparece un elemento menos visible pero decisivo: el silencio. No como ausencia de discurso, sino como normalización. El conflicto se atenúa, se diluye en la rutina institucional y pierde urgencia pública. Así, lo que debería debatirse se convierte en asunto administrativo.

También el lenguaje participa en ese desplazamiento. Sustituir denominaciones específicas por fórmulas genéricas no es neutro. Donde antes había una referencia explícita a la memoria LGTBIQ+, aparece ahora un “espacio de memoria” más amplio, inclusivo en apariencia, pero también más difuso. Lo que no se nombra con precisión pierde densidad histórica.

Nombrar es una forma de reconocimiento. Dejar de nombrar altera el lugar simbólico de aquello que se representa. Cuando desaparece la referencia al colectivo, la memoria se despolitiza, se descontextualiza y se acerca a una narrativa más “neutral”, asimilable y menos incómoda.

Aquí cobra relevancia el trabajo de organizaciones como Fundación por la Justicia, que desde la Comunitat Valenciana recuerda que la memoria también es justicia: una herramienta para reconocer a quienes fueron silenciados y evitar la repetición de esas exclusiones.

Las advertencias de quienes han construido estos espacios señalan un riesgo profundo: el vaciamiento progresivo del contenido sin eliminación explícita. El archivo puede seguir existiendo y perder parte de su sentido original.

La retirada de materiales no es una ruptura con la memoria, sino una forma de protegerla ante condiciones percibidas como inestables. Su continuidad no depende solo de la existencia institucional, sino de la confianza en quienes la gestionan.

La cuestión de fondo no es quién administra estos espacios, sino qué memoria se está dispuesto a sostener. Una memoria puede permanecer formalmente intacta y perder su capacidad de interpelar y recordar lo que fue.

La memoria no desaparece, pero puede volverse irreconocible. Y una memoria irreconocible deja de cumplir su función esencial: sostener el vínculo entre lo vivido y lo que se cuenta.