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Opinión

Miguel Ángel Ferrís Gil

Miguel Ángel Ferrís Gil

Miembro de la Comisión Negociadora de la huelga docente del 88 y exprofesor de Política Educativa en la Universitat de València

Miembro de la Comisión Negociadora de la huelga docente del 88 y exprofesor de Política Educativa en la Universitat de València

Huelga educativa y movilización ciudadana histórica

Manifestantes en la marcha por la huelga educativa en València

Manifestantes en la marcha por la huelga educativa en València / José Manuel López

Para muchos teóricos e historiadores el derecho a la educación pública ha sido una de las mayores conquistas de la Humanidad desde que se inició ese largo periodo de establecimiento de los derechos y libertades ciudadanas, que tuvo en la Revolución francesa y la Ilustración su paradigma y referencias universales.

A menudo, también los economistas y analistas políticos coinciden en que la inversión en garantizar estos derechos, a través de un esfuerzo financiero continuado, es la mejor garantía para el avance en bienestar del país, además de contribuir a la realización de las metas constitucionales de la verdadera libertad e igualdad, rompiendo así la deriva tradicional hacia unas sociedades sometidas a la creciente brecha social, cultural y económica.

Sin embargo, el pensamiento y las políticas neoliberales instaladas en el contexto de la Guerra Fría y sus estertores finales, a golpe de dictaduras militares, dominio de los Mercados y saqueo de servicios públicos, han distorsionado y dinamitado unos consensos que han formado parte de lo esencial de los regímenes constitucionales democráticos desde el siglo XIX.

De esta forma, y en el contexto español, con la herencia de una derecha de tradición autárquica y negacionista de los ideales del progreso y la equidad, sumado al hecho diferencial de la penetración de la privada católica en amplios sectores educativos y comunidades autónomas sin parangón en la Unión Europea, cada vez que el Partido Popular ha gobernado lo ha hecho para favorecer los intereses de sus sectores empresariales e ideológicos (confesionales o no) y con el objetivo finalista de desmantelar ese derecho a la educación pública, gratuita y de calidad que ahora y durante los 50 años de democracia formal han llenado las calles de manifestantes.

El hito de la Huelga Estatal de Educación del 88 y su renacer actual

En el año 1988 las transferencias autonómicas en materia de Educación todavía no estaban generalizadas y los cuerpos docentes no eran propios, sino estatales. El impulso por la enseñanza pública encontraba numerosos problemas y contradicciones. Así, el Partido Socialista pactó con la Iglesia la famosa LODE, Ley que formalizaba las aspiraciones de dicha institución que había disfrutado de una posición privilegiada en el sector durante el franquismo. El resultado fue el enquistamiento de la enseñanza privada ‘Concertada’ dentro del sistema educativo español, asumiendo no sólo el mantenimiento de la gran mayoría de sus centros sino también el ‘pago delegado’ con dinero público de sus docentes, sin sistema de selección transparente, a cargo de los Presupuestos del Estado.

Frente a la corta memoria de los dirigentes de la derecha valenciana, el movimiento asambleario, de carácter unitario, participativo y decisorio que se enfrentó al Ministerio de Educación presidido por J.M.Maravall (PSOE) y que logró un salto histórico en la situación del profesorado, no estaba guiado por intereses partidistas, como sucede también en las movilizaciones actuales. Sin embargo, como consecuencia de la abrumadora respuesta y el apoyo de la ciudadanía, produjo la dimisión de su ministro. Pocos meses más tarde, los sindicatos CCOO, CNT-CGT y UGT llevaron a cabo la primera Huelga General, el famoso 14-D, contra las políticas laborales del gobierno de Felipe González paralizando el país.

Los resultados de la gran Huelga del 88 fueron una lección para todos y sus consecuencias -duraderas en el tiempo-, supusieron una elevación en breve plazo de casi un 35 % del salario medio de los y las enseñantes, la equiparación salarial del interinado, el reconocimiento de los sexenios, la reducción de 30 a 25 alumnos por aula, la incorporación del alumnado de 3 años, la limitación de permanencia en los centros a 30 horas y la suscripción de una póliza de responsabilidad civil que cubriera al cuerpo docente en sus actividades extraescolares.

Tras trabajar varios cursos en diversos países de la UE en donde se establecieron los primeros sistemas educativos públicos del continente, he podido constatar que diferencialmente las condiciones salariales del profesorado español y la mayor igualdad salarial entre sus categorías (interinos, provisionales y funcionarios con plaza) le han garantizado una mayor cohesión, una relativa estabilidad y dignidad en sus condiciones laborales y un espíritu reivindicativo global que ha permitido que éste sector profesional público sea de forma repetida un ariete contra los intentos de regresión de los que siempre han recelado de la cultura y la verdadera libertad de pensamiento.

La escuela de ciudadanía no esta encerrada en los límites del colegio o el instituto, no se enseña solamente en las aulas, se aprende cuando se asume la conciencia de la importancia para las mayorías sociales de la necesaria calidad del sistema público de enseñanza, cerca de un 90 % del existente en Europa. Y por supuesto, también se pone en práctica cuando se decide defenderlo con el sacrificio intergeneracional necesario, las huelgas y movilizaciones en este caso, para garantizar un futuro mejor para quienes se preguntan ahora qué les ha ocurrido a sus profes que salen a la calle y gritan ante las puertas cerradas de los edificios oficiales.

Esperemos que la respuesta el dia de mañana les provoque una amplia sonrisa y un suspiro de comprensión y agradecimiento.

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