La obsesión antisindical de VOX

Aunque opera como un tópico recurrente en el territorio de la derecha política y mediática (e incluso en gran parte de la económica), la obsesión antisindical alcanza niveles paranoides en el sector más ultra del arco parlamentario empeñado en la deslegitimación social de las organizaciones obreras, oscilando entre el exabrupto insultante de larga tradición reaccionaria y el recorte normativo y presupuestario sedicentemente neoliberal.

Con ligeras oscilaciones, el mantra se ha venido repitiendo hasta la náusea, acusando a los sindicatos de poca representatividad, muchas subvenciones y graves distorsiones del mercado de trabajo y la convivencia civil…., para incorporarse luego a los pactos autonómicos entre PP y VOX en forma de limitaciones al diálogo social y recortes en materia de prestaciones institucionales, como ocurrió aquí en los acuerdos asumidos por Mazón para la aprobación de sus Presupuestos y por Pérez Llorca para su investidura, en marzo y noviembre del año pasado, respectivamente.

Se trata así de cuestionar, cuando no ignorar, la función social e institucional de los sindicatos consagrada en la Constitución (arts. 7, 28 y 37), cuya representatividad queda regulada por el Estatuto de los Trabajadores (ET) y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), siendo acreditada reiteradamente por elecciones en los centros de trabajo (325.000 delegados electos) y el normal desarrollo de las relaciones laborales (más de quince millones de trabajadores cubiertos por convenios negociados por los sindicatos).

Es en base a dicha representatividad y para coadyuvar al desarrollo de las funciones públicas de interés general que desarrollan los sindicatos por mandato constitucional (información y consulta en las empresas, negociación colectiva, gestión de conflictos laborales…) que se estableció por primera vez el sistema de dotaciones presupuestarias en el Acuerdo Nacional de Empleo (julio de 1981), suscrito por el gobierno de UCD con los agentes sociales y avalado reiteradamente desde entonces por el Tribunal Constitucional (STC 147/2001), como documentan los catedráticos Tomás Sala y Jesús Lahera en “La financiación de los sindicatos en España” (Tirant Lo blanch, 2025).

Pero es que, además de legales y justas, dichas subvenciones representan de hecho una parte minoritaria de los recursos de las organizaciones sindicales que se nutren, fundamentalmente, de las aportaciones voluntarias de sus afiliados.

Por referirme sólo al caso de Comisiones Obreras, que es el que mejor conozco, una simple consulta a su portal de transparencia (https://transparencia.ccoo.es/) permite comprobar con datos contrastables que son sus afiliados (1.088.772 a finales del año pasado) los que, con sus cuotas mensuales (entre 10 y 15 euros) aportan el 70,2 % de su presupuesto anual, mientras que las subvenciones institucionales y programas finalistas (formación, salud laboral, planes de igualdad…) representan tan sólo el 5,2 y 10,9, respectivamente, procediendo el 13,7 % restante de su propia red de servicios, especialmente en materia de asesoría jurídica (565 profesionales en toda España que atendieron el último ejercicio un total de 144.117 consultas, 39.165 juicios y 23.261 acuerdos extrajudiciales).

Esta estructura de ingresos contrasta paradójicamente con la que presenta VOX, el más furibundo debelador de las subvenciones a los sindicatos, cuyas cuentas (https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2025/07/CC-2024-COMPLETO.pdf) acreditan una clara distribución inversa: de los 15.102.231 euros de ingresos sólo el 25,2% procedía de las cuotas de sus afiliados y el 73,1 % de subvenciones públicas, correspondiendo el resto a “donaciones y legados”.

Y estos son los mismos que el pasado día 11 presentaron a la Mesa de las Cortes Valencianas una Proposición no de Ley para eliminar las subvenciones a los sindicatos y desalojarles de los locales que ocupan, en cesión pública regulada por la Ley 4/86 sobre el patrimonio sindical acumulado durante la dictadura por la contribución obligatoria de los trabajadores.

No se trata sólo de una enfermiza obsesión antisindical de la ultraderecha fascistoide (…habrá que ver hasta donde traga el PP), tan reiterada como falsaria, sino que estamos ante una estrategia de largo recorrido dirigida a debilitar a las organizaciones que más y mejor representan y defienden los valores y derechos que la derecha pretende socavar: justicia, igualdad, solidaridad.